La pandemia de coronavirus, aunque no ha sido causada por el capitalismo, ha expuesto una vez más las desigualdades en las condiciones de vida y en las oportunidades que ello ha generado. Esta toma de conciencia ha reavivado las esperanzas de que el orden existente pueda ser derrocado.
En circunstancias excepcionales, como está todo, parece posible, pero la verdad es que cuando la emergencia haya pasado será más o menos igual que antes.
Si bien no podemos esperar que la crisis sanitaria mundial, y la grave recesión económica que le seguirá, produzcan cambios sistémicos, este doble choque es una oportunidad para que muchos países se replanteen su política económica y social. Aquí quiero centrarme en particular en las perspectivas para Argentina, un país en la periferia del sistema capitalista y tradicionalmente vinculado a él por relaciones de dependencia.
Como era previsible, la emergencia sanitaria ha conducido a una nueva crisis de la deuda, un problema que venía de lejos y que se complicó luego con la imprudente gestión del gobierno de Mauricio Macri.
En estos días, mientras se discuten los términos de una nueva reestructuración, hay que darse cuenta de que la carga de la deuda es ahora insostenible y no puede ser abordada por medios ordinarios. El gasto en el servicio de la deuda es ya más elevado que cualquier otra partida del gasto público excepto las jubilaciones, situación que imposibilita el desarrollo económico y humano del país.
Sin embargo, hasta finales de los años 60 del siglo pasado, Argentina parecía estar firmemente en el camino del desarrollo. Entonces este proceso virtuoso fue interrumpido. Para entender cómo retomar ese camino, es esencial tener ideas claras sobre lo que salió mal en su momento.
Fragilidades internas
En los años 70, la economía argentina sufrió las consecuencias tanto de la situación económica internacional (aumento de los precios del petróleo y de los tipos de interés) como de sus fragilidades internas. Por ejemplo, su aún excesiva dependencia de las exportaciones de materias primas. Sobre todo, sufrió el error histórico del peronismo de no haber podido modificar las estructuras sociales existentes mediante reformas agrarias y políticas fiscales redistributivas.
El camino de la industrialización dirigida por el Estado en la posguerra era correcto, pero la idea de que la deuda podía servir como un atajo para evitar socavar el poder económico y social de las élites era errónea.
Este poder, por una trágica ironía de la historia, se fortaleció durante el “Proceso de Reorganización Nacional”, mientras que la deuda creció fuera de toda proporción.
Entre los crímenes atroces cometidos por la dictadura militar, los actos de delincuencia financiera ocupan un capítulo ciertamente secundario, pero con consecuencias no menos duraderas.
Así que volvamos a la pregunta: ¿qué hacer ahora?
En un mundo ideal, Argentina tendría alguna esperanza de éxito si luchara por la cancelación de la deuda por parte de los acreedores internacionales, al menos de la fracción de la deuda (y los intereses correspondientes) originada durante la dictadura militar.
Pero no vivimos en un mundo ideal y el capitalismo internacional exige incluso que las deudas contraídas ilegítimamente por un régimen sangriento sean pagadas por los descendientes de sus víctimas. ¿Puede la cancelación de la deuda ser, por lo tanto, un acto unilateral del gobierno argentino? Por supuesto que puede, si bien al precio de perder toda la credibilidad que queda a los ojos de los mercados financieros.
Sin embargo, soy de la opinión de que este precio ha sido sobreestimado durante demasiado tiempo. Quienes han suscrito títulos de deuda argentina en los últimos años eran muy conscientes del alto riesgo que entrañaba, perspectiva que ahora sólo puede atraer a los especuladores.
Una vez que se haya liberado de su deuda y de la soga del Fondo Monetario Internacional, Argentina tendría que aprender a valerse por sí misma. Esto significa encontrar fuentes alternativas de financiación para el gasto público, que no puede reducirse más (¡ningún país avanzado construyó su prosperidad de esta manera!), sino que debe aumentarse y utilizarse estratégicamente.
El Estado debería financiar la innovación tecnológica, la educación de alta calidad y el gasto social, pero el objetivo inmediato ha de ser la derrota de la pobreza extrema.
A fin de encontrar los recursos necesarios, hay que emprender una reforma fiscal radical inspirada en el principio de la tributación progresiva de los ingresos, los activos, los dividendos y las plusvalías, así como establecer controles estrictos de los movimientos de capital.
Las crisis no cambian el mundo, pero son un momento para tomar decisiones valientes.
Si no es ahora, ¿cuándo?
(*) Profesor de Political Science en Norwegian University of Science and Technology
