Además, habrá que pagar las consecuencias de la «fiesta» electoral. Difícilmente un acuerdo con el FMI pueda tapar todas las inconsistencias y sus efectos.
Por Daniel Artana (*)
La actividad económica continuó recuperándose a un buen ritmo. En septiembre de este año, el PIB mensual se ubicó alrededor de 3.5% por encima del nivel de diciembre de 2019, corrigiendo efectos estacionales. Es probable que, en 2021, la economía recupere 10%, luego de la caída de 9.9% observada el año pasado.
Sin embargo, el crédito total al sector privado en septiembre era 15% más bajo que el registrado a finales de 2019, fundamentalmente explicado por la caída en los préstamos en moneda extranjera.
Más allá de que el crédito es muy bajo en la Argentina, las recuperaciones anteriores, generalmente, estuvieron acompañadas de un aumento en los préstamos al sector privado.
Es posible que parte de la recuperación haya sido financiada con recursos propios, pero hay un factor mucho más relevante que es la buena fortuna.
La información oficial muestra que los precios de exportación mejoraron 26% interanual en los 10 meses con datos de 2021, más que compensando el efecto negativo de la suba de 13.4% en los precios de importación.
Esa mejora en los términos del intercambio de 11% determinó que volvieran al nivel más alto de los últimos años registrado en 2012. Esa mejora aportó a la economía un extra de alrededor de US$ 7.500 millones, comparado con un escenario valuado a los precios de 2020. Eso representa alrededor de 15% de las importaciones.
Si se sigue el razonamiento de la restricción externa que muchas veces exponen los funcionarios y se utiliza una elasticidad de las importaciones al PIB de alrededor de tres, la fortuna explica la mitad de la recuperación del 10% proyectada para el PIB de este año.
Nótese que en el escenario contrafáctico, sin mejora de precios, las dificultades económicas habrían sido mayores con mayor tensión en el mercado cambiario que la registrada.
El panorama para 2022 no luce tan favorable. La fuerte desaceleración proyectada en el crecimiento de China y el endurecimiento gradual en la política monetaria de Estados Unidos no permitirían subas adicionales en el precio de las commodities, mientras que en Brasil se proyecta un crecimiento muy bajo ante la necesidad del gobierno de moderar la política fiscal y monetaria para poder controlar una inflación que ha aumentado a 10% anual.
Además, hay que digerir las consecuencias de la fiesta que organizó el gobierno para influir (fallidamente) en el resultado electoral.
A medida que aflojaban las restricciones de la pandemia, el gobierno nacional redujo el gasto primario y se acercaba, como era lógico, a los niveles de 2019. Pero desde mediados de este año revirtió esa tendencia. Así, en octubre el promedio móvil de 6 meses del gasto primario (medido a precios constantes) resultó alrededor de $ 115.000 millones mayor que el observado en junio.
La fuerte suba en los subsidios al consumo de energía y transporte explican casi el 50% de ese aumento del gasto y, en parte, esto se explica por la decisión de incrementar las tarifas en menos de un tercio de lo previsto en el presupuesto para el año 2021.
Una imprudencia similar se observó al fijar durante varios meses la tasa del crawling peg a un tercio de la inflación, al mismo tiempo que la política monetaria y fiscal se volvían más expansivas. Y las complicaciones aumentaron luego de la decisión estrafalaria de pretender tapar las consecuencias con un control de precios más duro.
A eso se suma el sacrificio de alrededor de US$ 3.000 millones en tratar de controlar la brecha cambiaria medida por alguno de los tantos dólares alternativos. Y también la pérdida de reservas escasas asociadas a la postergación del acuerdo con el FMI. Desde que asumió, el gobierno sabía que no iba a contar con los recursos necesarios para cancelarle al Fondo US$ 18.000 millones en 2022 y otro tanto en 2023.
Si no se quería entrar en default había que firmar, tarde o temprano, un Acuerdo de Facilidades Extendidas. La única explicación para la demora en acordar es nuevamente el “plan urna”, tratando de fidelizar algunos votantes propios. Curiosamente, se siguió pagando al FMI sin que ello pudiera siquiera capitalizarse en una reducción en la incertidumbre, aproximada, por ejemplo, por el riesgo país.
(*) Economista Jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).