Griesa se llamó a silencio
El juez de Nueva York, Thomas Griesa, postergó la definición sobre la igualdad entre acreedores privados y organismos multilaterales de crédito, en una decisión que, por el momento, sólo dilata los tiempos.
Thomas Griesa dijo que por ahora no cuenta con ninguna presentación
de acreedores para pronunciarse sobre este tema, por lo que
consideró que no era necesario expedirse.
Además, el magistrado le comunicó a los abogados de los acreedores
privados que, si tienen intención de invocar esa igualdad o “pari
passu” en otra corte, se lo notifiquen con 30 días de antelación,
para darle tiempo a fallar sobre la compleja cuestión.
Los abogados del gobierno argentino habían pedido que Griesa se
pronunciara sobre este punto por temor a que los defensores de
acreedores privados invocaran la cláusula en los tribunales y
paralizaran acuerdos de reestructuración de deuda.
“Es mi opinión” que para acogerse a la “pari passu”, dijo
Griesa, “tendrían que iniciar acciones legales (…) no he visto
ni leído nada que me haga pensar que quieren emprender tal
acción”.
Por ello, impuso “un plazo razonable de 30 días por adelantado
para cualquiera que trate de buscar en otra corte la clase de
redención que ofrece acogerse a la ´pari passu´”, concluyó.
Por su parte, el abogado Jonathan Blackman, de la firma Cleary and Gottlieb, que representa a Argentina, dijo a la prensa que “se trata de una decisión beneficiosa”, aunque no explicó por qué la calificó de esa manera.
La posición del gobierno es que esta cláusula no se aplique a
los pagos a organismos multilaterales, para que pueda seguir
cumpliendo con el FMI, el Banco Mundial y el BID, sin
que sus transferencias sean embargadas ni reclamadas por el resto
de los acreedores.
En las antípodas, los tenedores de bonos que consideran que todos los acreedores sin garantía -esto es, organismos y hasta titulares de BODEN- deben tener igual tratamiento por parte del emisor de deuda.
Si la Argentina tuviera un fallo adverso en la próxima
instancia judicial, el dinero que utiliza para pagar a organismos
sería propiedad también del resto de los ahorristas y susceptible de ser embargado.
La posición argentina fue apoyada explícitamente por el gobierno de los Estados Unidos y la Reserva Federal. Por esa razón, los abogados del fondo de inversión EM Limited -que tiene una sentencia a favor por un embargo contra la Argentina de más de 700 millones de dólares- decidieron presentar un escrito en el que se concluía que “este no es el momento adecuado para que Griesa se expida sobre el pari passu”.
Si la decisión de Griesa responde a las presiones del gobierno norteamericano, a los consejos del fondo de inversión EM Limited o a que, en realidad, no debería haberse pronunciado -como él argumenta-, conforma un oscuro triángulo de opciones difícil de iluminar por el momento.
Thomas Griesa dijo que por ahora no cuenta con ninguna presentación
de acreedores para pronunciarse sobre este tema, por lo que
consideró que no era necesario expedirse.
Además, el magistrado le comunicó a los abogados de los acreedores
privados que, si tienen intención de invocar esa igualdad o “pari
passu” en otra corte, se lo notifiquen con 30 días de antelación,
para darle tiempo a fallar sobre la compleja cuestión.
Los abogados del gobierno argentino habían pedido que Griesa se
pronunciara sobre este punto por temor a que los defensores de
acreedores privados invocaran la cláusula en los tribunales y
paralizaran acuerdos de reestructuración de deuda.
“Es mi opinión” que para acogerse a la “pari passu”, dijo
Griesa, “tendrían que iniciar acciones legales (…) no he visto
ni leído nada que me haga pensar que quieren emprender tal
acción”.
Por ello, impuso “un plazo razonable de 30 días por adelantado
para cualquiera que trate de buscar en otra corte la clase de
redención que ofrece acogerse a la ´pari passu´”, concluyó.
Por su parte, el abogado Jonathan Blackman, de la firma Cleary and Gottlieb, que representa a Argentina, dijo a la prensa que “se trata de una decisión beneficiosa”, aunque no explicó por qué la calificó de esa manera.
La posición del gobierno es que esta cláusula no se aplique a
los pagos a organismos multilaterales, para que pueda seguir
cumpliendo con el FMI, el Banco Mundial y el BID, sin
que sus transferencias sean embargadas ni reclamadas por el resto
de los acreedores.
En las antípodas, los tenedores de bonos que consideran que todos los acreedores sin garantía -esto es, organismos y hasta titulares de BODEN- deben tener igual tratamiento por parte del emisor de deuda.
Si la Argentina tuviera un fallo adverso en la próxima
instancia judicial, el dinero que utiliza para pagar a organismos
sería propiedad también del resto de los ahorristas y susceptible de ser embargado.
La posición argentina fue apoyada explícitamente por el gobierno de los Estados Unidos y la Reserva Federal. Por esa razón, los abogados del fondo de inversión EM Limited -que tiene una sentencia a favor por un embargo contra la Argentina de más de 700 millones de dólares- decidieron presentar un escrito en el que se concluía que “este no es el momento adecuado para que Griesa se expida sobre el pari passu”.
Si la decisión de Griesa responde a las presiones del gobierno norteamericano, a los consejos del fondo de inversión EM Limited o a que, en realidad, no debería haberse pronunciado -como él argumenta-, conforma un oscuro triángulo de opciones difícil de iluminar por el momento.
