Griesa determina si pueden embargarse bienes privados

Durante la audiencia, los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton -que defienden al Estado local- pedirán al magistrado que no se haga lugar al embargo de las cuentas abiertas por el Correo Argentino cuando estaba en manos del Grupo Macri, por un total de US$11 millones.

Los acreedores entienden que ese dinero corresponde a la deuda que el servicio postal mantenía con el país, y por lo tanto, al ser del Estado, tienen derecho a embargarlos. Esta tarde, el juez Thomas Griesa deberá resolver la dicotomía y definir si los fondos pertenecen al sector privado o al Estado argentino.

Si finalmente el juez hace lugar al pedido de embargo, se espera que todas las empresas que tengan deudas con la Argentina y posean cuentas en los Estados Unidos reciban reclamos similares.

En tanto, Guillermo Gleizer, abogado de un grupo de tenedores de títulos públicos en default, indicó que “los sectores privados no tienen nada que ver con esta cuestión. Es el Estado argentino el que debe el dinero, el que dijo que va a pagar a unos sí y a otros no, por razones que no son legales. Ahora, si están preocupados, los privados deben reclamar que el Gobierno presente la lista de bienes que posee para determinar si son embargables o no”.

Gleizer se quejó porque la Argentina “no quiere dar a conocer cuáles son sus activos en el exterior”, y en ese sentido expresó que “hace seis meses que la Justicia le viene diciendo al país que debe presentar su lista de activos. Si la hubiese presentado, no existiría la necesidad de hacer embargos”.

El abogado aseguró, finalmente, que “lo único que hace la Argentina
religiosamente es gastar en pagarle al FMI, y no sabemos por qué a ellos sí y a nosotros no”. La respuesta al cuestionamiento que se hace el letrado no es difícil de imaginar: el dinero que se le paga al FMI regresa casi automáticamente en forma de préstamos; en cambio, el dinero que se le abona al resto de los acreedores difícilmente retorne al país, al menos, en el corto plazo.

Durante la audiencia, los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton -que defienden al Estado local- pedirán al magistrado que no se haga lugar al embargo de las cuentas abiertas por el Correo Argentino cuando estaba en manos del Grupo Macri, por un total de US$11 millones.

Los acreedores entienden que ese dinero corresponde a la deuda que el servicio postal mantenía con el país, y por lo tanto, al ser del Estado, tienen derecho a embargarlos. Esta tarde, el juez Thomas Griesa deberá resolver la dicotomía y definir si los fondos pertenecen al sector privado o al Estado argentino.

Si finalmente el juez hace lugar al pedido de embargo, se espera que todas las empresas que tengan deudas con la Argentina y posean cuentas en los Estados Unidos reciban reclamos similares.

En tanto, Guillermo Gleizer, abogado de un grupo de tenedores de títulos públicos en default, indicó que “los sectores privados no tienen nada que ver con esta cuestión. Es el Estado argentino el que debe el dinero, el que dijo que va a pagar a unos sí y a otros no, por razones que no son legales. Ahora, si están preocupados, los privados deben reclamar que el Gobierno presente la lista de bienes que posee para determinar si son embargables o no”.

Gleizer se quejó porque la Argentina “no quiere dar a conocer cuáles son sus activos en el exterior”, y en ese sentido expresó que “hace seis meses que la Justicia le viene diciendo al país que debe presentar su lista de activos. Si la hubiese presentado, no existiría la necesidad de hacer embargos”.

El abogado aseguró, finalmente, que “lo único que hace la Argentina
religiosamente es gastar en pagarle al FMI, y no sabemos por qué a ellos sí y a nosotros no”. La respuesta al cuestionamiento que se hace el letrado no es difícil de imaginar: el dinero que se le paga al FMI regresa casi automáticamente en forma de préstamos; en cambio, el dinero que se le abona al resto de los acreedores difícilmente retorne al país, al menos, en el corto plazo.