Poco antes de la medianoche se concretó el cierre de la Radiotelevisión Pública griega, que había sido comunicado horas antes oficialmente.
En teoría permanecerá sin funcionar por tres meses mientras se acomete un plan de reestructuración que reduzca la planta actual de 2.700 empleados a 700, según consigna la edición de El País para América.
El recorte es parte de la cuota exigida por la troika a Atenas: el pacto con los acreedores internacionales implica despedir a 2.000 funcionarios o empleados públicos hasta finales de julio; un total de 15.000 hasta finales del año próximo.
Los empleados de la ERT se han encerrado en las instalaciones del organismo público, en el edificio denominado Radiomégaro, y amenazan con seguir emitiendo las 24 horas.
Los trabajadores de otras cadenas de radio y televisión aprobaron de inmediato una huelga de seis horas, en la que no emitirán ni siquiera noticias, en solidaridad con sus colegas.
Para justificar la medida, el portavoz del Gobierno, Simos Kedikoglu, calificó la ERT como “un caso único de opacidad y despilfarro inconcebible” e hizo evidentes referencias a la corrupción y el desgobierno del organismo.
Mientras se cree el nuevo ente público, los ciudadanos quedarán exentos del canon que vienen pagando mensualmente, contribución que, según el portavoz del Gobierno, se reducirá sensiblemente en el futuro.
El diario Eleftherotypia atribuye a fuentes del Ejecutivo la información de que ERT supone a los griegos un costo de unos 300 millones de euros al año que los ciudadanos pagan a través del recibo de electricidad, con el cual se financia un tamaño de plantilla que cuadruplica los estándares correspondientes al número de espectadores y oyentes.
La hegemonía de las cadenas privadas ha arrinconado en las preferencias de la población a la televisión pública, que opera tres canales (el segundo, como en el caso de la española o la portuguesa, de corte cultural), más los de radio y el internacional.
Los últimos datos de audiencia, correspondientes a la semana pasada, arrojan un resultado conjunto del 13,4% de share, muy por debajo de las grandes cadenas privadas.
Un decreto legislativo sancionado por el presidente del país permite a cualquier titular del Gobierno cerrar entidades públicas obviando al Parlamento; la ley fue aprobada por todos los ministros del Gabinete menos cuatro, dos de ellos designados por el socialista Pasok y los otros dos por Izquierda Democrática (Dimar), los socios de la coalición de gobierno que preside el conservador Andonis Samarás.
Tanto Pasok como Dimar, al igual que Syriza, principal fuerza de oposición, han solicitado a Samarás el mantenimiento de la ERT como servicio público, y, en el caso de Syriza, una gestión similar a la de la británica BBC.
Solo los ministros de Nueva Democracia, el partido que lidera el jefe del Gobierno, votaron a favor del texto.
El partido neonazi Aurora Dorada ha apoyado la decisión de Samarás, mientras que el líder de Syriza, Alexis Tsipras, la ha calificado de “golpe de Estado”.
