El Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa) estimó que, por un lado, las nuevas medidas sobre el impuesto a las ganancias de los trabajadores reducen transitoriamente la presión impositiva sólo a algunos salarios, dado que la inflación volverá a elevarla rápidamente.
Pero por el otro, propone crear nuevos impuestos que dejan a la Argentina desencajada en la competencia regional por nuevas inversiones. Lo más preocupante es que ni el oficialismo, ni la oposición dan muestras de tener ideas renovadoras.
El gobierno introdujo un nuevo ajuste a los deducibles del impuesto a las ganancias de los asalariados. El objetivo, como en los casos anteriores, es morigerar el aumento espurio en la presión impositiva que produce la inflación, señala el último reporte semanal.
En esta ocasión, los cambios fueron instrumentados con mucha improvisación y desprolijidad técnica. Además, se acompañan con un proyecto de ley que propone gravar la renta financiera de las transacciones que se ejecuten por fuera de la bolsa de valores y la creación de un impuesto específico a la distribución de utilidades de las sociedades.
En el nuevo impuesto a la renta financiera se propone una alícuota de 15% y para la distribución de utilidades de las sociedades se propone una alícuota de 10%. En este último caso, hay que tener en cuenta que las ganancias de las sociedades ya están gravadas con una alícuota del 35%.
Por lo tanto, el nuevo impuesto a la distribución de utilidades de las sociedades se superpone con el actual impuesto de las ganancias a las empresas.
Así, las empresas en Argentina pasarán a pagar 45% de impuesto sobre las utilidades.
Un análisis interesante es comparar la tasa de impuesto a las ganancias que se aplica a las sociedades comerciales en la Argentina respecto a países vecinos. Según relevamientos de leyes impositivas que periódicamente realiza el Banco Mundial se observa que:
- En Uruguay, el impuesto a las ganancias de las sociedades es de 25%.
- En Chile, el impuesto a las ganancias de las sociedades es de 20%.
- En Brasil, el impuesto a las ganancias de las sociedades es de 15%, con un 10% adicional para los ingresos superiores a los 240 mil reales.
Estos datos muestran que el cambio propuesto casi duplicará la alícuota del impuesto a las utilidades de las empresas argentinas respecto a la de los países vecinos.
El tema es relevante ya que el impuesto a las ganancias es uno de los factores más importantes a la hora de evaluar la viabilidad de los proyectos de inversión.
Hasta en Brasil, país que le sigue a la Argentina en nivel de presión tributaria y en impuestos distorsivos, la alícuota del impuesto a las ganancias llega al 25%. En un contexto donde el avance tecnológico facilita las comunicaciones, es previsible que con este aumento de impuestos se profundicen las tendencias a concentrar las inversiones en Uruguay, Chile y Brasil, para vender los productos en Argentina con un mínimo valor agregado producido dentro del país.
La reforma de ganancias propuesta está técnicamente mal diseñada y contiene una alta dosis de hipocresía.
En primer lugar, porque es de cobertura parcial (alcanza sólo a los asalariados en el rango de remuneraciones de $8.000 y $12.500 y, en menor medida, a quienes ganan entre $12.500 y $20.000) discriminando al resto de los asalariados y a todos los trabajadores autónomos.
En segundo lugar, porque su impacto es transitorio ya que la inflación seguirá haciendo que los “beneficiados” rápidamente dejen de serlo. En tercer lugar, porque toda la sociedad sufrirá las consecuencias del desaliento a la inversión que genera una desproporcionada presión impositiva sobre las utilidades de las empresas.
Para que la reducción de la presión impositiva sea genuina tiene que formar parte de un plan para mejorar la calidad en la gestión del Estado. Alcanzaría con eliminar algunas de las muchas irracionalidades que abundan en las decisiones de gasto público para generar el espacio fiscal requerido a fin de reducir impuestos.
Con mucha rapidez se puede terminar con los subsidios más disparatados, como los de Aerolíneas Argentinas y el resto de las empresas públicas deficitarias.
Con un poco más de sensatez y profesionalismo se pueden eliminar los subsidios a la energía y al transporte urbano, complementando con tarifas sociales para no perjudicar a los hogares más pobres.
Lo más preocupante es que la oposición no da muestras de tener ideas muy diferentes a las del oficialismo.
Prueba de ello es que no se plantea como prioridad un plan de mejora en la gestión del Estado.
Sin disminuir los despilfarros en el gasto público, las propuestas de reducción de impuestos tienen un alto contenido demagógico ya que implican más inflación y menos inversión y empleo.
