¿Fin de los fondos destinados a campañas electorales en EE.UU.?
El sistema público de financiamiento electoral (SPFE) es un esquema posterior a Watergate. En su momento, parecía la mejor forma de limpiar la política de influencias corruptoras. Quizás haya empezado a agonizar el último fin de semana.
La senadora Hillary Rodham Clinton (Nueva York) es la primera precandidata, desde que el sistema empezara a operar en 1976, en declinar de antemano sus aportes, tanto para internas y primarias como para la elección general. ¿Por qué? Porque aceptar esa ayuda implica límites en su empleo, pues son fondos federales, provenientes de contribuyentes voluntarios.
Al declararse confiada en recaudar fondos propios muy superiores a los US$ 150 millones que el SPFE podría aportarle durante toda la campaña, la senadora pone en aprietos -no inocentemente- a otros precandidatos. Ahora, estos no pueden aceptar esos fondos sin sufrir una desventaja política.
Funcionarios de la comisión federa electoral (que maneja el sistema) y asesores de varias campañas estiman que los eventuales cuatro triunfadores (dos candidatos presidenciales, dos vicepresidenciales) habrán juntado alrededor de US$ 500 millones por binomio. Pero, incluyendo aportes de precandidatos que queden en el camino, esa cifra se dobla a mil millones.
Gente vinculada a la campaña del senador John McCain (Arizona, republicano) reveló que ellos también han comenzado a buscar contribuciones privadas, aunque con la opción de restituir los márgenes no utilizados. Antiguo promotor de reformas en finanzas de campaña, este senador se ha apartado hace poco como coauspiciante de un proyecto para ampliar los alcances del SPFE.
Por su parte, el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney (republicano), ya ha resuelto declinar apoyo federal en internas y primarias. Otro senador, Barack Obama (Illinois, rival directo de Rodham Clinton), no quiso tocar el tema. Otro precandidatos lo imitaron.
En un sentido, la senadora demócrata confirmó lo que muchos en Washington sabían: el sistema no ha logrado acompañar el creciente caudal de dinero que implican las campañas electorales. En 2004, el presidente George W.Bush y su contendiente, el senador John Kerry declinaron esos fondos en primarias, pero no en la campaña presidencial misma (cuando ya eran candidatos). Al aceptar el mecanismo en esa fase, se comprometieron públicamente a no recaudar ni gastar fondo adicionales luego de cada convención partidaria.
Pero, cuando el republicano juntó US$ 270 millones y el demócrata 235 millones, quedó claro que ambos candidatos podían conseguir de aportantes privados mucho más que de fondo públicos. “La puja de 2007/8 será las más larga y costosa de la historia”, presume Michael Toner, presidente de la comisión nacional electoral. “Los precandidatos favoritos deberán haber recaudado US% 100 millones caa uno a fin de este año”.
En 1986, diez años después de instaurarse el SPFE, un panel bipartidario llegó a una conclusión en común. “El financiamiento público –sostuvo- ha demostrado claramente que es transparente. Reduce la influencia de personas o grupos de presión y, virtualmente, ha eliminado la corrupción en finanzas electorales”. Muchos por entonces ya no estaban de acuerdo con una visión tan lírica.
Cualquier precandidato que haya juntado US$ 100.000 iniciales en pequeños donativos puede recibir fondos federales hasta US$ 250 por cada aporte total. Para 2007/8, los aspirantes podrían obtener “contraaportes” por hasta US$ 25 millones durante la campaña, UIS$ 15 millones antes de la convención partidaria y unos US$ 83 millones para los que lleguen a la elección general.
El sistema los financian los contribuyentes que pueden asignar tres dólares a un fondo electoral, vía su declaración impositiva. Este sistema orienta unos US$ 400 millones a cada elección presidencial. Pero el SPFE sufre apuros crónicos. Esta vez, la masa de contribuyentes ha bajado a 10% del total en 2006, contra 30% en los años 70. Por ende, los precandidatos capaces de atraer grande aportes están tratando de eludir las restricciones del sistema casi de entrada.
Esto no es nuevo. A mediados de los años 80, candidatos y donantes neutralizaban los límites del sistema recaudando “plata dulce” vía comités partidarios. O sea, contribuciones de empresas, sindicatos y magnates. El partido empleaba esos dineros para apoyar a un candidato presidencial o para atacar al otro. En 2002, el congreso reformó las leyes de financiamiento electoral y vedó los “aportes dulces”. Entonces, los donantes se pasaron a los llamados “grupos 527” (una cláusula tributaria), donde no existen restricciones a aportes.
La primera declaración jurada de finanzas electorales vende a fines de abril. Como los precandidatos deben mostrar cuánta caja tienen, eso opera como disuasorio para algunos competidores. Justamemnte, Rodham Clinton proyecta aprovechar la oportunidad para mostrar su fortaleza en materia de fondos, en particular ante Obama. Por lo mismo, los aspirantes que esperen hasta 2008 para empezar a junta plata, habrán llegado tarde.
La senadora Hillary Rodham Clinton (Nueva York) es la primera precandidata, desde que el sistema empezara a operar en 1976, en declinar de antemano sus aportes, tanto para internas y primarias como para la elección general. ¿Por qué? Porque aceptar esa ayuda implica límites en su empleo, pues son fondos federales, provenientes de contribuyentes voluntarios.
Al declararse confiada en recaudar fondos propios muy superiores a los US$ 150 millones que el SPFE podría aportarle durante toda la campaña, la senadora pone en aprietos -no inocentemente- a otros precandidatos. Ahora, estos no pueden aceptar esos fondos sin sufrir una desventaja política.
Funcionarios de la comisión federa electoral (que maneja el sistema) y asesores de varias campañas estiman que los eventuales cuatro triunfadores (dos candidatos presidenciales, dos vicepresidenciales) habrán juntado alrededor de US$ 500 millones por binomio. Pero, incluyendo aportes de precandidatos que queden en el camino, esa cifra se dobla a mil millones.
Gente vinculada a la campaña del senador John McCain (Arizona, republicano) reveló que ellos también han comenzado a buscar contribuciones privadas, aunque con la opción de restituir los márgenes no utilizados. Antiguo promotor de reformas en finanzas de campaña, este senador se ha apartado hace poco como coauspiciante de un proyecto para ampliar los alcances del SPFE.
Por su parte, el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney (republicano), ya ha resuelto declinar apoyo federal en internas y primarias. Otro senador, Barack Obama (Illinois, rival directo de Rodham Clinton), no quiso tocar el tema. Otro precandidatos lo imitaron.
En un sentido, la senadora demócrata confirmó lo que muchos en Washington sabían: el sistema no ha logrado acompañar el creciente caudal de dinero que implican las campañas electorales. En 2004, el presidente George W.Bush y su contendiente, el senador John Kerry declinaron esos fondos en primarias, pero no en la campaña presidencial misma (cuando ya eran candidatos). Al aceptar el mecanismo en esa fase, se comprometieron públicamente a no recaudar ni gastar fondo adicionales luego de cada convención partidaria.
Pero, cuando el republicano juntó US$ 270 millones y el demócrata 235 millones, quedó claro que ambos candidatos podían conseguir de aportantes privados mucho más que de fondo públicos. “La puja de 2007/8 será las más larga y costosa de la historia”, presume Michael Toner, presidente de la comisión nacional electoral. “Los precandidatos favoritos deberán haber recaudado US% 100 millones caa uno a fin de este año”.
En 1986, diez años después de instaurarse el SPFE, un panel bipartidario llegó a una conclusión en común. “El financiamiento público –sostuvo- ha demostrado claramente que es transparente. Reduce la influencia de personas o grupos de presión y, virtualmente, ha eliminado la corrupción en finanzas electorales”. Muchos por entonces ya no estaban de acuerdo con una visión tan lírica.
Cualquier precandidato que haya juntado US$ 100.000 iniciales en pequeños donativos puede recibir fondos federales hasta US$ 250 por cada aporte total. Para 2007/8, los aspirantes podrían obtener “contraaportes” por hasta US$ 25 millones durante la campaña, UIS$ 15 millones antes de la convención partidaria y unos US$ 83 millones para los que lleguen a la elección general.
El sistema los financian los contribuyentes que pueden asignar tres dólares a un fondo electoral, vía su declaración impositiva. Este sistema orienta unos US$ 400 millones a cada elección presidencial. Pero el SPFE sufre apuros crónicos. Esta vez, la masa de contribuyentes ha bajado a 10% del total en 2006, contra 30% en los años 70. Por ende, los precandidatos capaces de atraer grande aportes están tratando de eludir las restricciones del sistema casi de entrada.
Esto no es nuevo. A mediados de los años 80, candidatos y donantes neutralizaban los límites del sistema recaudando “plata dulce” vía comités partidarios. O sea, contribuciones de empresas, sindicatos y magnates. El partido empleaba esos dineros para apoyar a un candidato presidencial o para atacar al otro. En 2002, el congreso reformó las leyes de financiamiento electoral y vedó los “aportes dulces”. Entonces, los donantes se pasaron a los llamados “grupos 527” (una cláusula tributaria), donde no existen restricciones a aportes.
La primera declaración jurada de finanzas electorales vende a fines de abril. Como los precandidatos deben mostrar cuánta caja tienen, eso opera como disuasorio para algunos competidores. Justamemnte, Rodham Clinton proyecta aprovechar la oportunidad para mostrar su fortaleza en materia de fondos, en particular ante Obama. Por lo mismo, los aspirantes que esperen hasta 2008 para empezar a junta plata, habrán llegado tarde.
