FAIMA alerta por la situación de las PyMEs madereras y reclama medidas urgentes
La federación que nuclea a 28 cámaras empresarias describió una combinación de demanda en retroceso, costos en dólares y tasas de interés elevadas que pone en riesgo la continuidad de empresas y empleo en regiones del Centro, Patagonia, Noreste y Noroeste argentino, con impacto sobre economías locales y construcción con madera

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), entidad que representa a 28 cámaras empresarias de todo el país, expuso un diagnóstico sobre la situación de las PyMEs de la cadena forestoindustrial y reclamó medidas para recomponer el tejido industrial y reutilizar capacidad instalada hoy ociosa. El planteo abarca a la industria de transformación mecánica de la madera, con presencia en amplias regiones del país.
La actividad se concentra particularmente en el Centro, Patagonia, Noreste y Noroeste argentino, donde el aserrado, la producción de tableros y la industria del mueble sostienen empleo y entramado económico local. En ese marco, la entidad advirtió que “su deterioro no afecta únicamente a un sector: compromete la viabilidad económica de comunidades enteras del interior productivo”.
En el eslabón de la primera transformación, Faima describió una combinación de dos factores. Por el lado de los ingresos, señaló una contracción pronunciada de la demanda interna, impulsada por la desaparición de la obra pública y la caída de la construcción privada, asociadas a elevados costos de construir medidos en dólares. Por el lado de los costos, indicó que el ancla cambiaria volvió adversa la estructura salarial frente a la competencia extranjera.
Según el documento, la industria argentina paga salarios que, para posiciones equivalentes del sector industrial, se ubican en torno a US$ 1.000 a US$ 1.400 mensuales. La comparación regional resulta desfavorable: en Brasil, esas mismas posiciones se remuneran en valores cercanos a US$ 600, y en China, entre US$ 500 y US$ 600 mensuales. A ese diferencial se sumó la evolución de dos costos críticos: energía y combustibles.
En energía, sostuvo que durante los últimos dos años y medio el incremento de tarifas operó “directamente en dólares”. Además, citó informes privados según los cuales la tarifa energética acumuló en el último semestre un aumento cercano al 300%, por encima del 17% de inflación registrado en el mismo período. En combustibles, remarcó el impacto transversal sobre el abastecimiento de materia prima —movilizada mayoritariamente por transporte carretero— y sobre la logística para el mercado interno y el comercio exterior, con mayor incidencia por la dispersión territorial y la distancia a los principales centros de consumo.
En materia de empleo, el sector genera alrededor de 60.000 puestos de trabajo directos y una cantidad similar de empleos indirectos. Sin embargo, con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Faima señaló que en los últimos 12 meses se registró una caída superior al 10% del empleo directo e indirecto, con empresas “al borde del cierre o del concurso preventivo”.
Al avanzar en la cadena de valor, el segmento de bienes finales (muebles y carpintería) sumó la caída del consumo por la contracción de los ingresos reales del sector privado y la presencia de bienes importados con “posición arancelaria ventajosa”: los bienes finales importados ingresan con un arancel menor que el que soportan los insumos necesarios para producirlos localmente. En construcción con madera, mencionó la irrupción de alternativas habitacionales de menor calidad y precio provenientes principalmente de China.
El costo financiero apareció como una restricción adicional. De acuerdo con datos del Banco Central, las tasas de tarjetas de crédito y préstamos personales se ubican en torno al 110% anual, frente a una inflación anualizada cercana al 33,5%, lo que, para la entidad, “desincentiva cualquier forma de financiamiento al consumo”. También indicó que durante los últimos meses de 2025 y comienzos de 2026 numerosas PyMEs del sector financiaron capital de trabajo a tasas cercanas al 70% anual, con inflación en torno al 35% en ese período.
En su pedido a las autoridades, Faima planteó que “no se trata de un pedido de privilegios, sino de la preservación de una base industrial que, una vez desmantelada, es muy difícil y costosa de reconstruir”.
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