A medida que los equipos del gobierno iban definiendo el contenido del programa de ajuste del gasto público que, según el presidente Fernando de la Rúa, será anunciado “entre hoy (viernes 26) y mañana”, diversos sectores de la sociedad, entre ellos algunos de la misma administración, fijaron públicamente su posición.
Ayer, durante el tradicional tedeum oficiado en la Catedral con motivo de la conmemoración del 25 de Mayo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, fustigó la falta de compromiso de los argentinos ante la crisis y convocó a “refundar desde la esperanza el vínculo social”.
De la Rúa aceptó en general los términos expresados por el arzobispo, a quien calificó de “santo y sabio”. Y el vicepresidente Carlos Alvarez los interpretó como “un diagnóstico” que describe la crisis de la sociedad argentina y su necesidad de recuperación.
Eduardo Duhalde, desde su condición de presidente del consejo del Partido Justicialista bonaerense, en pleno acuerdo con el gobernador Carlos Ruckauf, está movilizando a los intendentes adeptos para ponerle un marco multitudinario a la movilización de los sindicalistas disidentes, el próximo miércoles 31.
El arzobispo de San Juan, Italo Di Stefano, en un tono poco usual para el léxico eclesiástico, declaró a la prensa de esa provincia que a los delegados del FMI “habría que echarlos del país”.
Hoy, el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, dijo que no recibió ninguna comunicación oficial sobre el plan de recorte del gasto público. Pero, por las dudas, abrió el paraguas.
“Hemos tenido en los últimos años presupuestos que han sido disminuidos año tras año, por lo que hemos optimizado la ejecución de las asignaciones”, señaló.
Algo similar había hecho el martes el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, cuando advirtió que el ajuste del gasto no podrá afectar los sueldos de los jueces, dado que la Constitución les garantiza la intangibilidad de sus haberes.
No obstante, un día después Gil Lavedra (lo mismo que el ministro de Educación, Juan Llach) admitió que estaba dispuesto a efectuar una reestructuración de los gastos de la cartera a su cargo.
A medida que los equipos del gobierno iban definiendo el contenido del programa de ajuste del gasto público que, según el presidente Fernando de la Rúa, será anunciado “entre hoy (viernes 26) y mañana”, diversos sectores de la sociedad, entre ellos algunos de la misma administración, fijaron públicamente su posición.
Ayer, durante el tradicional tedeum oficiado en la Catedral con motivo de la conmemoración del 25 de Mayo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, fustigó la falta de compromiso de los argentinos ante la crisis y convocó a “refundar desde la esperanza el vínculo social”.
De la Rúa aceptó en general los términos expresados por el arzobispo, a quien calificó de “santo y sabio”. Y el vicepresidente Carlos Alvarez los interpretó como “un diagnóstico” que describe la crisis de la sociedad argentina y su necesidad de recuperación.
Eduardo Duhalde, desde su condición de presidente del consejo del Partido Justicialista bonaerense, en pleno acuerdo con el gobernador Carlos Ruckauf, está movilizando a los intendentes adeptos para ponerle un marco multitudinario a la movilización de los sindicalistas disidentes, el próximo miércoles 31.
El arzobispo de San Juan, Italo Di Stefano, en un tono poco usual para el léxico eclesiástico, declaró a la prensa de esa provincia que a los delegados del FMI “habría que echarlos del país”.
Hoy, el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, dijo que no recibió ninguna comunicación oficial sobre el plan de recorte del gasto público. Pero, por las dudas, abrió el paraguas.
“Hemos tenido en los últimos años presupuestos que han sido disminuidos año tras año, por lo que hemos optimizado la ejecución de las asignaciones”, señaló.
Algo similar había hecho el martes el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, cuando advirtió que el ajuste del gasto no podrá afectar los sueldos de los jueces, dado que la Constitución les garantiza la intangibilidad de sus haberes.
No obstante, un día después Gil Lavedra (lo mismo que el ministro de Educación, Juan Llach) admitió que estaba dispuesto a efectuar una reestructuración de los gastos de la cartera a su cargo.