La marcha que harán hoy las organizaciones promilitares en la Plaza San Martín para homenajear a los muertos por la guerrilla, junto con las movilizaciones que se reavivaron en el seno de la militancia por los derechos humanos desde la desaparición del testigo en el juicio a Miguel Etchecolatz, traen reminiscencias de los enfrentamientos de los años ´70, sino en las armas, al menos en el posicionamiento dialéctico.
El Ministerio del Interior dispondrá hoy de un importante operativo de seguridad en torno del acto, ya que a una cuadra Convergencia Socialista también convocó a una contramarcha bajo la consigna “devuelvan a López” y se temen incidentes.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo Argentino es la que conmemora los 31 años del intento de Montoneros de toma del regimiento de infantería 29 de Formosa. Los oradores adelantaron al gobierno que se abstendrán de criticar al presidente Néstor Kirchner, pero no de denunciar que se sienten “discriminados”.
Los representantes de organismos de Derechos humanos que convocan a una marcha para el viernes, con el propósito de reclamar la aparición de Jorge Julio López, se reunieron con Kirchner a las 19.20, en el despacho presidencial. Participaron Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo; Lilia Uranga, en representación de Madres de Plaza de Mayo; Cristina de Iturbide, por Hermanos; Verónica Castelli y Paula Moroni, por HIJOS, y Mabel Gutiérrez, de Familiares de Desaparecidos por Cuestiones Políticas.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió que la sociedad acompañe a los organismos de derechos humanos contra las “actitudes mafiosas” y solicitó que el pueblo “repudie” las intimidaciones que han recibido varios jueces, fiscales y hasta ella misma.
“Para nosotros la justicia es irrenunciable”, señalaron las dirigentes, que añadieron que el Presidente les relató su encuentro con la familia de López y les refirió que “quiere también que López aparezca rápido”.
Carlotto, por su parte, destacó el respaldo del Gobierno y aseguró que no tienen miedo. “No nos amedrentó la dictadura, menos nos va a amedrentar esto”, refirió.
Carta abierta
Hasta ahora continúa siendo un misterio la suerte corrida por el septuagenario albañil y así lo expresaron los familiares directos en un comunicado, luego de ser invitados por el jefe de Estado a concurrir a la Casa Rosada.
En la “carta abierta” dada a conocer resaltaron, en alusión a suspicacias lanzadas, sobre todo, por Hebe de Bonafini (aunque no la mencionan), que “nos resultan insoportables algunas especulaciones, ya que son total y absolutamente disparatadas, por eso queremos remarcar que Jorge goza de excelente salud mental y tiene una memoria prodigiosa, tal cual fue demostrado en su declaración, y una lucidez que más de uno envidiaría”.
Escribieron en tal sentido que “mientras cargamos con este dolor, algunas personas han humillado la honra de nuestro padre y esposo, pero nos mantenemos unidos y seguimos luchando”.
En el marco de las amenazas que empezaron a denunciar los protagonistas directos del accionar contra los represores ilegales, como jueces y fiscales, la Justicia tucumana hizo una demostración de fuerza y ordenó el traslado de los militares retirados Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez a una cárcel común, a la espera de ser juzgados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.
El traslado fue dispuesto por el juez federal Jorge Parache, tras un pedido formulado por el fiscal Emilio Ferrer, quien recibió la semana pasada mensajes intimidatorios por su actuación en causas relacionadas con la represión ilegal.
Bussi y Menéndez se encontraban alojados en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga y serán trasladados en las próximas horas al penal de Villa Urquiza, de acuerdo con una orden firmada por Parache.
“Este es un paso fundamental porque los considerandos expuestos son contundentes y están basados en la ley y la Constitución”, sostuvo el fiscal Ferrer tras ser notificad de la resolución. “El Ejército está para cuidar a la Patria y no a los detenidos”, agregó sobre el actual lugar de reclusión de los militares retirados.
Ambos militares se encuentran acusados en 50 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. El ex gobernador tucumano, en tanto, fue trasladado en marzo al ex Arsenal Militar “Miguel de Azcuénaga”, en Tucumán, tras permanecer bajo arresto domiciliario en Capital.
La marcha que harán hoy las organizaciones promilitares en la Plaza San Martín para homenajear a los muertos por la guerrilla, junto con las movilizaciones que se reavivaron en el seno de la militancia por los derechos humanos desde la desaparición del testigo en el juicio a Miguel Etchecolatz, traen reminiscencias de los enfrentamientos de los años ´70, sino en las armas, al menos en el posicionamiento dialéctico.
El Ministerio del Interior dispondrá hoy de un importante operativo de seguridad en torno del acto, ya que a una cuadra Convergencia Socialista también convocó a una contramarcha bajo la consigna “devuelvan a López” y se temen incidentes.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo Argentino es la que conmemora los 31 años del intento de Montoneros de toma del regimiento de infantería 29 de Formosa. Los oradores adelantaron al gobierno que se abstendrán de criticar al presidente Néstor Kirchner, pero no de denunciar que se sienten “discriminados”.
Los representantes de organismos de Derechos humanos que convocan a una marcha para el viernes, con el propósito de reclamar la aparición de Jorge Julio López, se reunieron con Kirchner a las 19.20, en el despacho presidencial. Participaron Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo; Lilia Uranga, en representación de Madres de Plaza de Mayo; Cristina de Iturbide, por Hermanos; Verónica Castelli y Paula Moroni, por HIJOS, y Mabel Gutiérrez, de Familiares de Desaparecidos por Cuestiones Políticas.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió que la sociedad acompañe a los organismos de derechos humanos contra las “actitudes mafiosas” y solicitó que el pueblo “repudie” las intimidaciones que han recibido varios jueces, fiscales y hasta ella misma.
“Para nosotros la justicia es irrenunciable”, señalaron las dirigentes, que añadieron que el Presidente les relató su encuentro con la familia de López y les refirió que “quiere también que López aparezca rápido”.
Carlotto, por su parte, destacó el respaldo del Gobierno y aseguró que no tienen miedo. “No nos amedrentó la dictadura, menos nos va a amedrentar esto”, refirió.
Carta abierta
Hasta ahora continúa siendo un misterio la suerte corrida por el septuagenario albañil y así lo expresaron los familiares directos en un comunicado, luego de ser invitados por el jefe de Estado a concurrir a la Casa Rosada.
En la “carta abierta” dada a conocer resaltaron, en alusión a suspicacias lanzadas, sobre todo, por Hebe de Bonafini (aunque no la mencionan), que “nos resultan insoportables algunas especulaciones, ya que son total y absolutamente disparatadas, por eso queremos remarcar que Jorge goza de excelente salud mental y tiene una memoria prodigiosa, tal cual fue demostrado en su declaración, y una lucidez que más de uno envidiaría”.
Escribieron en tal sentido que “mientras cargamos con este dolor, algunas personas han humillado la honra de nuestro padre y esposo, pero nos mantenemos unidos y seguimos luchando”.
En el marco de las amenazas que empezaron a denunciar los protagonistas directos del accionar contra los represores ilegales, como jueces y fiscales, la Justicia tucumana hizo una demostración de fuerza y ordenó el traslado de los militares retirados Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez a una cárcel común, a la espera de ser juzgados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.
El traslado fue dispuesto por el juez federal Jorge Parache, tras un pedido formulado por el fiscal Emilio Ferrer, quien recibió la semana pasada mensajes intimidatorios por su actuación en causas relacionadas con la represión ilegal.
Bussi y Menéndez se encontraban alojados en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga y serán trasladados en las próximas horas al penal de Villa Urquiza, de acuerdo con una orden firmada por Parache.
“Este es un paso fundamental porque los considerandos expuestos son contundentes y están basados en la ley y la Constitución”, sostuvo el fiscal Ferrer tras ser notificad de la resolución. “El Ejército está para cuidar a la Patria y no a los detenidos”, agregó sobre el actual lugar de reclusión de los militares retirados.
Ambos militares se encuentran acusados en 50 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. El ex gobernador tucumano, en tanto, fue trasladado en marzo al ex Arsenal Militar “Miguel de Azcuénaga”, en Tucumán, tras permanecer bajo arresto domiciliario en Capital.
