En empleo público, cerca de los países escandinavos

Al término del primer semestre, el déficit primario acumulado en 2023 resulta equivalente a 1,06% del PIB, la mitad que el guarismo de 2015, siendo que en 2019 se había observado un superávit de 0,14% del PIB. Cabe recordar –señala el último informe del IERAL de la Fundación Mediterránea- que en 2015 el déficit anual fue del orden del 4% del PIB, y que la meta para 2023 con el FMI es de 1,9% del PIB. El Gasto en Personal del Sector Público Nacional muestra una sostenida tendencia a la baja desde 2015, medido como porcentaje del PIB. En 2015 ese guarismo fue de 3,3% del PIB, pasando a 2,4 % en 2022. Asumiendo para 2023 que el gasto en personal presente la misma estacionalidad que en los 8 años previos, entonces esta partida llegaría a 2,2 % del PIB para el año calendario. La licuación del gasto salarial del sector público se debe a la caída del salario real, ya que la planta de agentes estatales aumentó casi sin interrupciones hasta 2015 y, nuevamente, desde 2020. Ocurrió algo esperable para un país con elevadísima presión tributaria y sin financiamiento: el exceso de personal termina impactando sobre el nivel de los salarios públicos y de los haberes jubilatorios- Si se compara con países de la OCDE, Argentina se ubica en el cuadrante con elevada participación de empleados públicos en el total de ocupados. Entre 28 países, el ranking lo encabeza Noruega, con 31 agentes estatales por cada 100 ocupados, y en el otro extremo se ubica Japón, con 6 agentes públicos cada 100 ocupados. Con 20 estatales cada 100 ocupados, la Argentina ocupa la séptima posición, cerca de países escandinavos y de Francia y por arriba del promedio de OCDE (18 cada 100). Debe destacarse que Estados Unidos exhibe 15 agentes públicos cada 100 ocupados, México 13, Chile 12 y Alemania 11. Si se considera el porcentaje del gasto público total (todos los niveles de gobierno), que representa la partida en personal, la Argentina se ubica en el octavo lugar entre 37 países, con un 27%. El promedio de los países de la OCDE es del 23 %, con un máximo de 32 % en Islandia y un mínimo de 12 % en Japón.