Además de mantener Hacienda, Finanzas y Energía, absorberá las funciones de Agricultura y Desarrollo Productivo.
El principal objetivo es dotar de volumen político la conducción de la economía para contrarrestar la crisis financiera en curso, ya que asume en responsabilidad directa uno de los tres socios de la coalición gobernante. Sobre esa base, la integración de carteras implica un mayor grado de cohesión en la toma de decisiones para imprimir efectividad a la gestión de la política económica.
Estos cambios parecen entonces oficiar como un giro pragmático del Gobierno, que busca diferenciarse de la lógica previa de cortocircuitos que direccionaban el rumbo económico en sentido de colisión. En otras palabras, -explica el informe de la consultora Ecolatina- esta sería la respuesta a los conflictos de origen político que agudizaron la incertidumbre, dificultaron la gestión, motivaron la renuncia de Martín Guzmán y finalmente explican gran parte de la gravedad del escenario económico actual.
Aún no hay definiciones sobre medidas y acciones concretas, pero seguimos reafirmando que el set de política económica plasmado en el acuerdo con el FMI continuará siendo la hoja de ruta hacia adelante, no necesariamente por convicción, sino por los limitantes que impone la realidad:
- no existe margen para ampliar el déficit fiscaldada la falta de fuentes de financiamiento (incluida la emisión monetaria);
- incluso cuando no se amplíe el nivel de desbalance fiscal es necesario que el roll-over de la deuda en pesos continúe siendo positivo, por lo que no puede abandonarse la política de tasas de interés positivas en términos reales;
- con los actuales niveles de dinámica inflacionaria, brecha y escasez de reservas no existe margen para aplicar un ancla cambiaria;
- para desactivar expectativas de una devaluación forzada es necesario recomponer el poder de fuego del BCRA(acumular reservas); y,
- abandonar el acuerdo supondría entrar en atrasos con el organismo, elevando el riesgo de una crisis desordenada.
Con esta hoja de ruta, los principales desafíos que tendrá la nueva conducción económica deben necesariamente distinguirse entre los urgentes y los de mediano plazo.
En relación con los primeros, que estarían presentes hasta el primer trimestre de 2023, el foco estará necesariamente puesto en desactivar las expectativas de una inminente corrección desordenada del tipo de cambio, para lo cual el abordaje de las tensiones cambiarias seguramente tendrá una elevada prioridad en la agenda.
En esta fase seguramente se ponderen las acciones relativas a la recomposición de las reservas (buscando incrementar la oferta de divisas en el mercado) y al reencauzamiento de la trayectoria de consolidación fiscal (por las limitadas fuentes de financiamiento del déficit).
En este sentido, el contexto de mayores tasas de interés, austeridad fiscal y limitaciones a las importaciones ratifica nuestra visión de un segundo semestre de mayor inflación y menor actividad que el primero. La disponibilidad de stocks agrícolas sin liquidar y la posible mayor cohesión en torno de las decisiones serán los principales activos de la nueva gestión en esta etapa, pero la magnitud de los desafíos continúa siendo igual de significativa que hasta la semana pasada.
Respecto a la agenda de prioridades de mediano plazo (con la liquidación de la nueva cosecha y el inicio de la campaña electoral del año próximo), necesariamente dependerá del éxito logrado en la primera etapa y de garantizar las condiciones para que dicha estabilidad no se vea jaqueada.
En definitiva, la nueva conducción económica contará con ventajas respecto de las anteriores por los menores obstáculos internos y mayor agilidad en la gestión. Pero tendrá por delante los desafíos de desactivar las expectativas de una crisis en lo inmediato, abordar los desequilibrios latentes (escasez de reservas, elevada inflación, déficit fiscal, brecha cambiaria) y estabilizar la situación más allá del corto plazo, a lo que se sumará la administración de un delicado equilibrio económico-político-social.
En función de las medidas que se vayan anunciando, podremos no sólo evaluar si alcanzan para mitigar los riesgos inmediatos, sino también para dimensionar si las mismas son suficientes para alterar las complejas perspectivas que se configuraron previo al actual giro pragmático del Gobierno.
