El sindicalismo endurece su estrategia
Impulsa una consulta popular por la desregulación de obras sociales y la reforma previsional. Además, insistirá en medidas de fuerza contra el Gobierno.
La dirigencia sindical argentina parece haber endurecido la estrategia de acción que teje en su enfrentamiento con el Gobierno; por un lado, profundizará las protestas y medidas de fuerza pero , además, recurrirá al mecanismo constitucional parlamentario de la iniciativa popular para intentar derogar los polémicos decretos que dictó el Ejecutivo sobre los temas que cuestionan con virulencia.
Desde que se realizó la denominada Marcha Grande en julio último, la CTA inició una campaña para juntar firmas con el fin de forzar a los legisladores a analizar un seguro de empleo de $ 380 para jefes y jefas de familia desocupados y de $ 60 de asignación por hijo para todos los trabajadores.
La Central de Trabajadores Argentinos , que lidera el dirigente estatal Víctor De Gennaro, superó la cantidad de firmas necesarias ( 1,5 % del padrón electoral de 24.110.196 habitantes, según lo establece la reglamentación de la iniciativa popular) para que el proyecto sea obligatoriamente tratado por el Congreso durante el año en curso.
Ahora intentan ir más allá reclamando ,a la Cámara de Senadores, que se reglamente la consulta popular (que debe ser convocada por el Congreso), aprobada también en la Constitución reformada de 1994.
Si ello ocurriese, y una vez establecido el procedimiento, se puede someter la aprobación de un proyecto a la opinión de la ciudadanía; en caso de que la consulta sea vinculante y reciba el voto afirmativo de la gente, se convertirá en ley y su promulgación será inmediata.
Por su parte, la CGT disidente del dirigente camionero Hugo Moyano también orientó su búsqueda hacia este mecanismo.
El 29 de diciembre último presentó un proyecto propio de reforma laboral con el aval de un millón de firmas (más de las necesarias), que también deberá ser tratado por el Poder legislativo durante este año.
Entre tanto, la CGT oficial planifica la medida de fuerza que anunciara para comienzos de marzo; sus dirigentes quieren llegar movilizados desde el interior el primer día del paro para entregar en el Congreso otra iniciativa popular.
Pretenden que se convierta en ley un subsidio de $ 500 para los desocupados y la misma cifra para el salario mínimo, vital y móvil.
También, aspiran a que se deroguen los decretos de desregulación de las obras sociales, de reforma previsional y el que establece el descuento salarial a los empleados públicos.
La dirigencia sindical argentina parece haber endurecido la estrategia de acción que teje en su enfrentamiento con el Gobierno; por un lado, profundizará las protestas y medidas de fuerza pero , además, recurrirá al mecanismo constitucional parlamentario de la iniciativa popular para intentar derogar los polémicos decretos que dictó el Ejecutivo sobre los temas que cuestionan con virulencia.
Desde que se realizó la denominada Marcha Grande en julio último, la CTA inició una campaña para juntar firmas con el fin de forzar a los legisladores a analizar un seguro de empleo de $ 380 para jefes y jefas de familia desocupados y de $ 60 de asignación por hijo para todos los trabajadores.
La Central de Trabajadores Argentinos , que lidera el dirigente estatal Víctor De Gennaro, superó la cantidad de firmas necesarias ( 1,5 % del padrón electoral de 24.110.196 habitantes, según lo establece la reglamentación de la iniciativa popular) para que el proyecto sea obligatoriamente tratado por el Congreso durante el año en curso.
Ahora intentan ir más allá reclamando ,a la Cámara de Senadores, que se reglamente la consulta popular (que debe ser convocada por el Congreso), aprobada también en la Constitución reformada de 1994.
Si ello ocurriese, y una vez establecido el procedimiento, se puede someter la aprobación de un proyecto a la opinión de la ciudadanía; en caso de que la consulta sea vinculante y reciba el voto afirmativo de la gente, se convertirá en ley y su promulgación será inmediata.
Por su parte, la CGT disidente del dirigente camionero Hugo Moyano también orientó su búsqueda hacia este mecanismo.
El 29 de diciembre último presentó un proyecto propio de reforma laboral con el aval de un millón de firmas (más de las necesarias), que también deberá ser tratado por el Poder legislativo durante este año.
Entre tanto, la CGT oficial planifica la medida de fuerza que anunciara para comienzos de marzo; sus dirigentes quieren llegar movilizados desde el interior el primer día del paro para entregar en el Congreso otra iniciativa popular.
Pretenden que se convierta en ley un subsidio de $ 500 para los desocupados y la misma cifra para el salario mínimo, vital y móvil.
También, aspiran a que se deroguen los decretos de desregulación de las obras sociales, de reforma previsional y el que establece el descuento salarial a los empleados públicos.
