El senado se suma a la ofensiva demócrata por Irak y los fiscales
Un grupo de senadores se une a representantes y ordena comparecer a altos funcionarios. Deberán declarar bajo juramento en el caso de los ocho fiscales despedidos en 2006. Mientras, la cámara baja aprueba un cronograma de retirada en Irak.
Una subcomisión judicial del senado secunda a su equivalente en diputados. Ambas autorizan citaciones compulsivas a Karl Rove -máximo asesor de George W.Bush- y otros implicados. La medida se les aplicará sólo si, obedeciendo instrucciones presidenciales, se niegan a deponer voluntariamente bajo juramento.
Dos días antes, Bush aseguró que se opondría a las citaciones. Ofreció permitir que sus asesores respondiesen preguntas de investigadores, aunque sólo a puertas cerradas y de ninguna manera bajo juramento. Tampoco aceptaba toma taquigráficas de las conversaciones. Los demócratas calificaron de inadmisible la propuesta formulada por Bush e ideada por el vicepresidente Richard Cheney.
John Conyers (demócrata por Michigan), presidente de la comisión judicial plena, llamó a que la Casa Blanca y el congreso limen asperezas. Pero Bush se mostró de cualquier modo menos contemporizador: rechazó compromisos de plano y aseguró que prohibirá a sus asesore presentarse, con lo cual se pondrían en rebeldía ante el poder legislativo.
Bush sostiene que “se busca montar un juicio espectacular en el Capitolio”. Pero la cuestión es institucionalmente grave. Recientes revelaciones sobre
el defenestramiento de ocho fiscales “molestos para la Casa Blanca” han creado un escándalo. Medios y dirigentes vienen pidiendo la dimisión del secretario de justicia y fiscal general, Alberto González, un ultraconservador vinculado a George W., su hermano Jeb, Cheney y Rove.
El presidente reiteró por enésima vez su respaldo a González, cuya renuncia no obstante se da ya por presentada. En lo tocante a Rove, desde el viernes también pide la dimisión del predicador fundamentalista que ya ha sobrevivido varias situaciones comprometidas.
Un nuevo paquete de e-mails, entregado por el ejecutivo al legislativo, demuestra que Rove participó en reuniones sobre el asunto, junto con altos funcionarios, a poco de ser reelegido Bush (2005).González, Cheney, Rove y Harriet Miers –fallida candidata a la Corte Suprema- analizaron posibilidades de echar no a ocho sino a los 93 fiscales del fuero en todo el país. Algunos relacionan esa propuesta extrema con el “lobby”de estudios contables opuesto a la ley Sarbanes-Oxley, que Bush luego empezaría a criticar.
Aunque los presidentes tienen facultades para despedir fiscales, en este caso había un ingrediente político: investigaciones sobre fraudes electorales que afectaban a diversos dirigentes republicanos. En particular una investigación iniciada en 2001 por manipuleo de urnas en Florida, atribuido al gobernador Jeb Bush y un grupo de cubanos allegado a González. Posteriormente, éste fue consejero en la Casa Blanca y juez federal en Tejas.
Sin embargo, los correos electrónicos ahora difundidos perjudican mayormente a Rove. Uno de ellos explica que éste “preguntó cómo se planeaba proceder con los fiscales. O sea, si se le pedía la renuncia a todos para luego aceptársela a los más molestos”. Eso presentaba un riesgo: si un solo fiscal se negase a dimitir, habría un conflicto entre los poderes judicial y ejecutivo, aun con una corte sesgada a favor de los republicanos.
Entretanto, la cámara baja aumentaba presiones sobre la Casa Blanca, al aprobar el jueves un cronograma para la evacuación de Irak. Desdeñando una amenaza presidencial –el veto-, los diputados recordaron que pueden condicionar fondos por más de US$ 100.000 millones pedidos para esa guerra. El calendario, a la sazón, tiene hasta el momento dos plazos finales tentativos: 31 de marzo o 31 de julio de 2006.
Una subcomisión judicial del senado secunda a su equivalente en diputados. Ambas autorizan citaciones compulsivas a Karl Rove -máximo asesor de George W.Bush- y otros implicados. La medida se les aplicará sólo si, obedeciendo instrucciones presidenciales, se niegan a deponer voluntariamente bajo juramento.
Dos días antes, Bush aseguró que se opondría a las citaciones. Ofreció permitir que sus asesores respondiesen preguntas de investigadores, aunque sólo a puertas cerradas y de ninguna manera bajo juramento. Tampoco aceptaba toma taquigráficas de las conversaciones. Los demócratas calificaron de inadmisible la propuesta formulada por Bush e ideada por el vicepresidente Richard Cheney.
John Conyers (demócrata por Michigan), presidente de la comisión judicial plena, llamó a que la Casa Blanca y el congreso limen asperezas. Pero Bush se mostró de cualquier modo menos contemporizador: rechazó compromisos de plano y aseguró que prohibirá a sus asesore presentarse, con lo cual se pondrían en rebeldía ante el poder legislativo.
Bush sostiene que “se busca montar un juicio espectacular en el Capitolio”. Pero la cuestión es institucionalmente grave. Recientes revelaciones sobre
el defenestramiento de ocho fiscales “molestos para la Casa Blanca” han creado un escándalo. Medios y dirigentes vienen pidiendo la dimisión del secretario de justicia y fiscal general, Alberto González, un ultraconservador vinculado a George W., su hermano Jeb, Cheney y Rove.
El presidente reiteró por enésima vez su respaldo a González, cuya renuncia no obstante se da ya por presentada. En lo tocante a Rove, desde el viernes también pide la dimisión del predicador fundamentalista que ya ha sobrevivido varias situaciones comprometidas.
Un nuevo paquete de e-mails, entregado por el ejecutivo al legislativo, demuestra que Rove participó en reuniones sobre el asunto, junto con altos funcionarios, a poco de ser reelegido Bush (2005).González, Cheney, Rove y Harriet Miers –fallida candidata a la Corte Suprema- analizaron posibilidades de echar no a ocho sino a los 93 fiscales del fuero en todo el país. Algunos relacionan esa propuesta extrema con el “lobby”de estudios contables opuesto a la ley Sarbanes-Oxley, que Bush luego empezaría a criticar.
Aunque los presidentes tienen facultades para despedir fiscales, en este caso había un ingrediente político: investigaciones sobre fraudes electorales que afectaban a diversos dirigentes republicanos. En particular una investigación iniciada en 2001 por manipuleo de urnas en Florida, atribuido al gobernador Jeb Bush y un grupo de cubanos allegado a González. Posteriormente, éste fue consejero en la Casa Blanca y juez federal en Tejas.
Sin embargo, los correos electrónicos ahora difundidos perjudican mayormente a Rove. Uno de ellos explica que éste “preguntó cómo se planeaba proceder con los fiscales. O sea, si se le pedía la renuncia a todos para luego aceptársela a los más molestos”. Eso presentaba un riesgo: si un solo fiscal se negase a dimitir, habría un conflicto entre los poderes judicial y ejecutivo, aun con una corte sesgada a favor de los republicanos.
Entretanto, la cámara baja aumentaba presiones sobre la Casa Blanca, al aprobar el jueves un cronograma para la evacuación de Irak. Desdeñando una amenaza presidencial –el veto-, los diputados recordaron que pueden condicionar fondos por más de US$ 100.000 millones pedidos para esa guerra. El calendario, a la sazón, tiene hasta el momento dos plazos finales tentativos: 31 de marzo o 31 de julio de 2006.
