En las últimas semanas surgió una discusión en torno de la evolución del ingreso real en la Argentina, que en buena medida estuvo enmarcado por las cifras de ingresos e inflación proporcionadas por INDEC en lo que va del año, señala la consultora Ecolatina en su último informe.
Según el IPCNu, los precios acumularon a agosto un alza del orden del 18%, por debajo del aumento salarial de dicho lapso de tiempo (+26%) y de otros ingresos de las familias como la AUH y las jubilaciones.
Pese a las mejoras iniciales del IPCNu a la hora de reflejar la inflación, la mayoría de los agentes siguen desconfiando en las cifras oficiales.
De hecho, los recientes pedidos sindicales por un plus de fin de año dan cuenta de una evolución del salario real más cercana a la reflejada por las estadísticas provinciales o cifras privadas de inflación.
Lo que resulta más interesante discutir es cuáles fueron los sectores que más sufrieron la aceleración de la inflación y los crecientes problemas del mercado laboral.
Está claro que cuando un proceso inflacionario se acelera (especialmente tras una devaluación) los agentes tratan de ajustar al alza su ingreso nominal pero no todos tienen el poder de negociación suficiente para compensar la escalada de precios.
Además, en la medida que se producen cambios en los precios relativos, la inflación difiere según la canasta de consumo de los distintos sectores sociales.
A partir del IPC Ecolatina y las canastas de consumo de cada estrato social (por caso, la proporción del gasto en alimentos y bebidas decrece en los hogares de mayores ingresos), podemos inferir la inflación sufrida por cada segmento de la población.
Si cruzamos esta información con la evolución del ingreso per cápita familiar que refleja la Encuesta Permanente de Hogares suministrada por el INDEC, podremos darnos una idea de donde impactó más el proceso inflacionario y que pasó con los ingresos nominales de cada segmento.
Los resultados son claros: el deterioro del mercado laboral y la imposibilidad de recomponer el ingreso nominal afectó en mayor medida a los sectores de menores ingresos en el primer semestre del año.
Además, los hogares de escasos recursos enfrentaron en dicho período una inflación más elevada producto de la fuerte suba de alimentos y bebidas que pesa más en su canasta de consumo.
Carrera contra los precios
De los múltiples episodios de tensiones cambiarias que atravesó el país se desprenden importantes enseñanzas: la primera nos marca que siempre que el tipo de cambio oficial mostró un salto abrupto, la inflación se aceleró minando el poder de compra de los ingresos nominales de los trabajadores. En este sentido, la devaluación de enero no fue la excepción.
Si bien no hay dudas respecto a la caída en el ingreso real de los hogares, poco se ha dicho acerca de quiénes fueron los más perjudicados. Buscando dilucidar esta cuestión tomaremos la evolución del ingreso familiar suministrada por INDEC y separaremos a los hogares en tres grupos sociales, agrupando el 40% más pobre de las familias en la clase baja, el 20% más rico en la clase alta y los restante deciles (del 5 al 8) en la clase media.
Por otro lado, tomaremos el IPC Ecolatina por deciles (el cual considera las distintas canastas de consumo) y lo agruparemos de la misma manera.
Al cruzar la información de la evolución de los ingresos nominales y de la inflación de cada segmento de la sociedad podemos darnos una idea de la magnitud de la caída en el poder de compra de las familias según su ingreso.
Como se observa en el gráfico, en el primer semestre cayó el ingreso real en los tres tipos de hogares, pero preocupa que los que más perdieron hayan sido los que menos tienen.
Las diferencias son significativas: en la primera mitad del año las familias de bajos ingresos sufrieron una inflación más elevada y sus ingresos nominales fueron los que menos treparon.
Por ambos factores, cayó 10% el ingreso real de los hogares de escasos recursos, mientras que en los de mayor poder adquisitivo la merma fue más acotada (-7% i.a.).
Algunas consideraciones al respecto. En primer lugar es importante resaltar que tomamos el ingreso per cápita familiar, y no el individual. Si tomáramos ingresos de la ocupación principal, la caída del poder de compra se reduciría, pero estaríamos dejando de lado a la población que no forma parte de la oferta laboral (amas de casa, jubilados y niños) o está desempleada.
El hecho de que el ingreso individual muestre disminuciones menores a las del ingreso familiar per cápita se debe principalmente a que, al problema de la disminución del poder adquisitivo del salario, se le suma la destrucción de puestos/horas de trabajo de algún miembro del hogar.
Los datos correspondientes al mercado laboral del segundo trimestre marcan una destrucción de empleos cercana a 300 mil, concentrados en su mayoría en el sector no registrado (con el que conviven especialmente los sectores más vulnerables), lo que se traduce en menores fuentes de ingresos a repartir entre el grupo familiar.
En lo que respecta a la inflación sufrida por cada decil, el diferencial existente entre los aumentos de precios de los distintos hogares responde a las diferentes estructuras de consumo.
Es lógico que un proceso inflacionario traccionado por el precio de los alimentos afecte en mayor medida a las familias que mayor proporción de su ingreso dedican al consumo de alimentos (clase baja). De la misma manera, es natural que luego de una devaluación sean los servicios no transables privados los que menores aumentos muestren, los cuales, a su vez, son consumidos en mayor proporción por sectores de clase alta.
El principal factor explicativo de los ingresos son los salarios y, si bien es cierto que existen diferencias metodológicas entre la estimación de unos y otros por parte del INDEC, lo cierto es que su variación explica en buena medida la variación de los ingresos.
El primer semestre se observó una clara contracción del salario registrado: el sector privado formal mostró una caída del salario real de 5,6% i.a., y en el sector público la merma se acotó a 3,5%.
Se desprende de aquí que si los trabajadores amparados por negociaciones paritarias (con mayor poder de negociación en un contexto recesivo) no pudieron sostener su salario real, por ende, lo más probable es que el poder adquisitivo de los salarios no registrados haya caída en mayor medida (más allá de las cifras del salario informal reportadas por el INDEC).
Pero, cuando hablamos de ingresos no sólo tenemos en cuenta el salario sino también transferencias directas del sector público a los hogares. Entre ellas se destacan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones.
Los perceptores de la AUH no cuentan con un sistema de actualización automático y dependen de los aumentos discrecionales que el Gobierno decida.
En un año caracterizado por la profundización de desequilibrios fiscales, el Ejecutivo decidió dejar caer el valor real de la AUH, y el resultado fue una disminución del poder de compra de la percepción de 5,6% i.a. en el primer semestre del año.
El caso de los jubilados es el más preocupante. Si bien el sector sí cuenta con un mecanismo formal de actualización, la movilidad previsional no logra cubrirlos plenamente frente a la aceleración de la inflación.
Deflactando su ingreso nuevamente por un índice de precios acorde a su estructura de consumo encontraremos que en los primeros seis meses del año su haber mostró una disminución de 7% i.a. en términos reales.
Plan antiinflacionario explícito y más inversión
La primera lección que nos deja la historia de las devaluaciones en Argentina es algo que podemos constatar en la actualidad: tras un salto del tipo de cambio los ingresos reales caen (impacto contractivo). Y, más importante aún, los hogares de menores recursos son los que más sufren (shock regresivo).
Pero esta no es la única lección de nuestra historia económica: cuando no hay un plan antiinflacionario integral, la primera devaluación no es la última. Por ende, se vuelve imperativo ordenar las variables macroeconómicas de forma tal que se generen incentivos consecuentes con la estabilidad nominal. No atender esta necesidad es aceptar inequidades sociales crecientes.
En suma, en este momento, no hay mejor política redistributiva que disminuir la inflación a valores que permitan el sano funcionamiento económico y social, y fomentar la inversión para dinamizar nuevamente la actividad y el mercado laboral.
