El Gobierno quiere controlar los planes sociales
Economía giró a los gobernadores un convenio para ejecutar programas transitorios de empleo y alimentación. Las provincias aún no respondieron si adherirán.Se trata de $225 millones anuales.
El Gobierno decidió poner en marcha un estricto mecanismo de control del uso y el destino de los $ 225 millones anuales que se transferirán a las administraciones provinciales para sustentar programas de asistencia social.
Con ese objeto, el Ministerio de Economía hizo llegar a todos los mandatarios provinciales el borrador de un convenio “para la ejecución de programas transitorios de empleo y alimentación”; este documento será la ampliación del Compromiso Federal por el crecimiento y la disciplina fiscal que la Nación y las provincias firmaron en noviembre último.
El artículo decimosexto de aquel acuerdo nacional estipuló que los $ 225 millones destinados a programas sociales serían administrados “exclusivamente” por las provincias; esto aseguraba a los gobernadores un manejo autónomo de los programas sociales.
El borrador que, en las últimas horas les hizo llegar Economía, contempla ciertas restricciones para el uso de ese dinero por parte de las administraciones del interior.
Según confirmaron a la prensa el secretario de Hacienda, Mario Vicens, y el subsecretario de Relación con las Provincias del Ministerio de Economía, Oscar Cetrángolo, el convenio fue enviado esta semana a las provincias y el Poder Ejecutivo espera acordarlo con los gobernadores “en lo inmediato”.
Esto significa antes de que finalice el mes actual, que es cuando se materializará el segundo giro de dinero del fondo de ayuda social de la Nación a las administraciones del interior.
Entre los artículos que impondrían cierto control de la Nación a las provincias para la ejecución de programas sociales figuran los siguientes puntos:
· Los programas de empleo transitorio serán destinados a trabajadores desocupados con número de CUIL otorgado por la Anses, deberán ser mayores de 18 años y preferentemente jefes de hogar. El Gobierno sostiene, a la vez, que estos prestatarios no podrán estar percibiendo un seguro de desempleo o previsional en forma paralela. Tampoco se entregarían programas de empleo transitorio a quienes cuenten con otros programas de trabajo o de capacitación a nivel nacional, provincial o municipal.
· Aquellos beneficiarios de planes de empleo que cuenten con una dedicación completa no podrán exceder el promedio de 132 horas mensuales y el monto de ayuda económica individual y mensual no podrá ser mayor a los $ 200 . A la vez, se establece que el período de ejecución de cada programa no podrá ser superior a los 6 meses ni inferior a los tres meses.
· Se obliga a las provincias a remitir, antes del 28 del actual, un padrón único de los beneficiarios de todos los programas sociales provinciales. Con ello se busca crear una base única de datos de beneficiarios para evitar así superposición de programas.
· Se establecen ,también, limitaciones a las provincias en lo que hace a la compra y entrega de los planes alimentarios. Sobre ello, el Gobierno instruirá a los gobernadores para que los aportes en cajas de alimentos garanticen un mínimo de 60.000 calorías por entrega.
· El Poder Ejecutivo se arrogaría la facultad de suspender la remisión de fondos en el caso de que haya incumplimiento de algunos puntos por establecerse en el convenio.
· Los criterios de asignación de los programas de asistencia social se instrumentarán de acuerdo con el índice de población con necesidades básicas insatisfechas, la situación de pobreza y el nivel de desempleo de cada región; 80 % de los $225 millones será destinado a planes de empleo y el resto a planes alimentarios.
Por el momento, los gobernadores no han emitido respuesta alguna al Poder Ejecutivo en lo que hace al borrador del convenio; según los politólogos los mandatarios provinciales del peronismo y de la Alianza, plantearán sus reparos.
El Gobierno decidió poner en marcha un estricto mecanismo de control del uso y el destino de los $ 225 millones anuales que se transferirán a las administraciones provinciales para sustentar programas de asistencia social.
Con ese objeto, el Ministerio de Economía hizo llegar a todos los mandatarios provinciales el borrador de un convenio “para la ejecución de programas transitorios de empleo y alimentación”; este documento será la ampliación del Compromiso Federal por el crecimiento y la disciplina fiscal que la Nación y las provincias firmaron en noviembre último.
El artículo decimosexto de aquel acuerdo nacional estipuló que los $ 225 millones destinados a programas sociales serían administrados “exclusivamente” por las provincias; esto aseguraba a los gobernadores un manejo autónomo de los programas sociales.
El borrador que, en las últimas horas les hizo llegar Economía, contempla ciertas restricciones para el uso de ese dinero por parte de las administraciones del interior.
Según confirmaron a la prensa el secretario de Hacienda, Mario Vicens, y el subsecretario de Relación con las Provincias del Ministerio de Economía, Oscar Cetrángolo, el convenio fue enviado esta semana a las provincias y el Poder Ejecutivo espera acordarlo con los gobernadores “en lo inmediato”.
Esto significa antes de que finalice el mes actual, que es cuando se materializará el segundo giro de dinero del fondo de ayuda social de la Nación a las administraciones del interior.
Entre los artículos que impondrían cierto control de la Nación a las provincias para la ejecución de programas sociales figuran los siguientes puntos:
· Los programas de empleo transitorio serán destinados a trabajadores desocupados con número de CUIL otorgado por la Anses, deberán ser mayores de 18 años y preferentemente jefes de hogar. El Gobierno sostiene, a la vez, que estos prestatarios no podrán estar percibiendo un seguro de desempleo o previsional en forma paralela. Tampoco se entregarían programas de empleo transitorio a quienes cuenten con otros programas de trabajo o de capacitación a nivel nacional, provincial o municipal.
· Aquellos beneficiarios de planes de empleo que cuenten con una dedicación completa no podrán exceder el promedio de 132 horas mensuales y el monto de ayuda económica individual y mensual no podrá ser mayor a los $ 200 . A la vez, se establece que el período de ejecución de cada programa no podrá ser superior a los 6 meses ni inferior a los tres meses.
· Se obliga a las provincias a remitir, antes del 28 del actual, un padrón único de los beneficiarios de todos los programas sociales provinciales. Con ello se busca crear una base única de datos de beneficiarios para evitar así superposición de programas.
· Se establecen ,también, limitaciones a las provincias en lo que hace a la compra y entrega de los planes alimentarios. Sobre ello, el Gobierno instruirá a los gobernadores para que los aportes en cajas de alimentos garanticen un mínimo de 60.000 calorías por entrega.
· El Poder Ejecutivo se arrogaría la facultad de suspender la remisión de fondos en el caso de que haya incumplimiento de algunos puntos por establecerse en el convenio.
· Los criterios de asignación de los programas de asistencia social se instrumentarán de acuerdo con el índice de población con necesidades básicas insatisfechas, la situación de pobreza y el nivel de desempleo de cada región; 80 % de los $225 millones será destinado a planes de empleo y el resto a planes alimentarios.
Por el momento, los gobernadores no han emitido respuesta alguna al Poder Ejecutivo en lo que hace al borrador del convenio; según los politólogos los mandatarios provinciales del peronismo y de la Alianza, plantearán sus reparos.
