El gobierno pidió “flexibilidad” a las privatizadas
Así lo solicitó el secretario de la Unidad de Renegociación de los Contratos de Servicios Públicos, Gustavo Simeonoff, quien aseguró que el ajuste tarifario debe ser compatible "con la realidad económica y social" del país.
“La actual realidad argentina difiere de la situación que
existía al momento de efectuarse las privatizaciones, lo cual
exige necesariamente grados de flexibilidad para alcanzar
cualquier tipo de acuerdo”, señaló el funcionario en el seminario
“La seguridad jurídica y las inversiones extranjeras en América
Latina” que se realiza en Madrid.
Según Simenoff, “los contratos estuvieron bien hechos para la
época en que fueron hechos, pero ahora Argentina es otro país”.
Sostuvo además que en las negociaciones no habrá, desde el
Gobierno, “ningún tipo de discriminaciones ni privilegios para
ninguna empresa”, al tiempo que se expresó a favor de restablecer
“las condiciones que posibiliten asegurar las inversiones
necesarias y garantizar la continuidad y seguridad de las
prestaciones y de los derechos de las partes”.
Para ajustar las tarifas, el funcionario destacó que es
imprescindible concretar una revisión “del grado de cumplimiento
de los contratos, como única forma de tener información calificada
sobre la situación de cada empresa respecto a los compromisos que
asumiera oportunamente”.
En este sentido, advirtió sobre la “falta de información y de
confiabilidad en la información presentada” por los órganos de
control de las privatizadas.
Para Simeonoff, el objetivo de la renegociación de los
contratos es “readecuar los institutos y mecanismos de regulación
contractual a efectos de posibilitar su compatibilidad respecto a
la evolución de la economía y la situación social de nuestro
país”.
Y recordó que los contratos preveían que “la determinación de las
tarifas de los servicios públicos debían satisfacer los costos
operativos aplicables al servicio, impuestos y amortizaciones y
tasa de retorno razonable”.
En consecuencia, sostuvo que es necesario encontrar “un nivel
tarifario que resulte compatible tanto con las condiciones del
servicio efectivamente brindado, como con la evolución económica y
social de nuestro país”.
También dijo que en las negociaciones se tendrán en cuenta las
“cuestiones vinculadas a la accesibilidad de los servicios a los
sectores de menores recursos, como también la tarifa social”.
“Argentina sólo podrá salir de su situación actual con un
crecimiento económico sostenido y sustentable desde el punto de
vista social y político”, que a su vez es “una condición básica
para la necesaria mejora de los servicios públicos”, resaltó el
funcionario.
“La actual realidad argentina difiere de la situación que
existía al momento de efectuarse las privatizaciones, lo cual
exige necesariamente grados de flexibilidad para alcanzar
cualquier tipo de acuerdo”, señaló el funcionario en el seminario
“La seguridad jurídica y las inversiones extranjeras en América
Latina” que se realiza en Madrid.
Según Simenoff, “los contratos estuvieron bien hechos para la
época en que fueron hechos, pero ahora Argentina es otro país”.
Sostuvo además que en las negociaciones no habrá, desde el
Gobierno, “ningún tipo de discriminaciones ni privilegios para
ninguna empresa”, al tiempo que se expresó a favor de restablecer
“las condiciones que posibiliten asegurar las inversiones
necesarias y garantizar la continuidad y seguridad de las
prestaciones y de los derechos de las partes”.
Para ajustar las tarifas, el funcionario destacó que es
imprescindible concretar una revisión “del grado de cumplimiento
de los contratos, como única forma de tener información calificada
sobre la situación de cada empresa respecto a los compromisos que
asumiera oportunamente”.
En este sentido, advirtió sobre la “falta de información y de
confiabilidad en la información presentada” por los órganos de
control de las privatizadas.
Para Simeonoff, el objetivo de la renegociación de los
contratos es “readecuar los institutos y mecanismos de regulación
contractual a efectos de posibilitar su compatibilidad respecto a
la evolución de la economía y la situación social de nuestro
país”.
Y recordó que los contratos preveían que “la determinación de las
tarifas de los servicios públicos debían satisfacer los costos
operativos aplicables al servicio, impuestos y amortizaciones y
tasa de retorno razonable”.
En consecuencia, sostuvo que es necesario encontrar “un nivel
tarifario que resulte compatible tanto con las condiciones del
servicio efectivamente brindado, como con la evolución económica y
social de nuestro país”.
También dijo que en las negociaciones se tendrán en cuenta las
“cuestiones vinculadas a la accesibilidad de los servicios a los
sectores de menores recursos, como también la tarifa social”.
“Argentina sólo podrá salir de su situación actual con un
crecimiento económico sostenido y sustentable desde el punto de
vista social y político”, que a su vez es “una condición básica
para la necesaria mejora de los servicios públicos”, resaltó el
funcionario.
