El Gobierno pidió a la Corte que frene los amparos

El Gobierno reclamó a la Corte Suprema que detenga, a través de un “per saltum”, la salida de fondos del corralito por amparos y, a su vez, extendió por 30 días el canje de plazos fijos por bonos Boden para que, en caso de que el Tribunal haga lugar a la medida, los ahorristas que iniciaron acciones judiciales puedan optar por estos títulos públicos.

El titular del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna, reveló que el Gobierno introdujo un recurso extraordinario y pedido de intervención “per saltum” para que el máximo tribunal ponga fin al constante “goteo” de fondos por amparos, una de las medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional. El “per saltum” es un mecanismo que se utiliza en forma excepcional por parte de la Corte y le permite tomar intervención en un determinado expediente, sin que se cumplan las tres instancias judiciales. Al fundamentar el reclamo del Gobierno, Lavagna aseguró que el permanente retiro de fondos por amparos “conspira contra el bienestar general”.

Conjuntamente con el pedido de intervención a la Corte, Lavagna anunció que se extenderá por 30 días hábiles el Canje II de depósitos reprogramados por Bonos del Estado Nacional 2013 en
dólares, que vencía ayer.
La medida fue establecida a través de la resolución 558 del
Ministerio de Economía y fija una prórroga de 30 días hábiles bancarios.

El ministro puntualizó que de los fondos atrapados en el corralito, el 40 por ciento de los ahorristas de los bancos privados nucleados en ABA tienen ámparos judiciales y algo menos de ese nivel en los públicos y cooperativos de ABAPPRA. El escrito judicial para que la Corte intervenga “per saltum” fue presentado en conjunto por los ministerios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y de Economía y por el Procurador del Tesoro.

En rigor, el eje central del pedido formulado por el Gobierno apunta a que las entidades financieras mantengan los depósitos, más allá de que la Justicia haga lugar a un recurso de amparo, ya que para entregar el dinero debería esperarse una sentencia definitiva.
“El dinero entregado a los ahorristas en el marco de una medida cautelar difícilmente podrá recuperarse de ser desestimada su
pretensión en la sentencia definitiva, lo que torna en definitiva
la resolución recaída en la cautelar”, se sostuvo en el escrito.

Por eso, le reclamó a la Corte que tome una resolución por la cual recién podrá retirarse el dinero del banco cuando exista una sentencia que ponga fin a la cuestión judicial.

El Gobierno reclamó a la Corte Suprema que detenga, a través de un “per saltum”, la salida de fondos del corralito por amparos y, a su vez, extendió por 30 días el canje de plazos fijos por bonos Boden para que, en caso de que el Tribunal haga lugar a la medida, los ahorristas que iniciaron acciones judiciales puedan optar por estos títulos públicos.

El titular del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna, reveló que el Gobierno introdujo un recurso extraordinario y pedido de intervención “per saltum” para que el máximo tribunal ponga fin al constante “goteo” de fondos por amparos, una de las medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional. El “per saltum” es un mecanismo que se utiliza en forma excepcional por parte de la Corte y le permite tomar intervención en un determinado expediente, sin que se cumplan las tres instancias judiciales. Al fundamentar el reclamo del Gobierno, Lavagna aseguró que el permanente retiro de fondos por amparos “conspira contra el bienestar general”.

Conjuntamente con el pedido de intervención a la Corte, Lavagna anunció que se extenderá por 30 días hábiles el Canje II de depósitos reprogramados por Bonos del Estado Nacional 2013 en
dólares, que vencía ayer.
La medida fue establecida a través de la resolución 558 del
Ministerio de Economía y fija una prórroga de 30 días hábiles bancarios.

El ministro puntualizó que de los fondos atrapados en el corralito, el 40 por ciento de los ahorristas de los bancos privados nucleados en ABA tienen ámparos judiciales y algo menos de ese nivel en los públicos y cooperativos de ABAPPRA. El escrito judicial para que la Corte intervenga “per saltum” fue presentado en conjunto por los ministerios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y de Economía y por el Procurador del Tesoro.

En rigor, el eje central del pedido formulado por el Gobierno apunta a que las entidades financieras mantengan los depósitos, más allá de que la Justicia haga lugar a un recurso de amparo, ya que para entregar el dinero debería esperarse una sentencia definitiva.
“El dinero entregado a los ahorristas en el marco de una medida cautelar difícilmente podrá recuperarse de ser desestimada su
pretensión en la sentencia definitiva, lo que torna en definitiva
la resolución recaída en la cautelar”, se sostuvo en el escrito.

Por eso, le reclamó a la Corte que tome una resolución por la cual recién podrá retirarse el dinero del banco cuando exista una sentencia que ponga fin a la cuestión judicial.