El Gobierno enfrenta la huelga más dura de la última década
Se espera un alto acatamiento no sólo por lo homogéneo de la convocatoria, sino porque casi no habrá transportes ni nafta y porque ya se produjeron varios atentados con fines intimidatorios.
Más de 200 bloqueos en carreteras y calles, cacerolazos y actos frente a edificios públicos son las protestas anunciadas por las centrales obreras para acompañar la huelga general de 36 horas que comenzará mañana (jueves 23) a mediodía, contra la política social y económica del presidente Fernando de la Rúa.
El paro fue convocado por dos de las tres centrales sindicales que existen en la Argentina: la CGT disidente y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La restante, la CGT oficial, anunció su adhesión, aunque sólo durante el viernes.
El vocero presidencial, Ricardo Ostuni, dijo a la agencia noticiosa DYN que el Gobierno estima en US$ 800 millones las pérdidas que provocará la medida.
La huelga se vislumbra como la más dura de la última década, no sólo por el origen de su convocatoria sino también porque han comprometido su adhesión casi todos los sindicatos del transporte de pasajeros.
Además de todo ello, ya desde anteayer vienen repitiéndose actos intimidatorios y amenazas públicas, especialmente en los sectores del transporte.
Tras una actitud vacilante, que incluyó una declaración del presidente Fernando de la Rúa opuesta a la decisión que finalmente se adoptó, el Gobierno resolvió finalmente no declarar ilegal la medida de fuerza.
Se presume que será muy difícil desplazarse no sólo por la adhesión de los diversos gremios transportistas, sino también porque las estaciones de servicio decidieron no vender combustibles entre las 22 de mañana y las 6 del sábado, lo que complicará la situación de los vehículos particulares.
Además del incendio de un coche y la rotura de los vidrios de otros cuatro de una empresa de taxis del barrio de Paternal, anteayer, ayer hubo atentados contra al menos 15 ómnibus. En el más grave de ellos se incendió un colectivo de la línea 12, en el barrio de Palermo.
También se denunciaron agresiones a taxistas que no se adhirieron a protestas anteriores.
Días atrás, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato de los choferes de colectivos y subtes, anunció que se adherirá a la huelga pero que lo hará algunas horas más tarde del mediodía, para permitir que quienes vayan a trabajar por la mañana puedan regresar a sus hogares.
También comprometieron su adhesión el sindicato de los peones de taxis y La Fraternidad, el gremio de los maquinistas de trenes, cuyo titular, Omar Maturano, dijo que no estarán garantizados los servicios mínimos durante el paro nacional.
Voceros de La Fraternidad advirtieron que si los trenes fueran conducidos por supervisores, sus activistas bloquearán las vías y los maquinistas declararán una huelga por tiempo indeterminado.
El Gobierno anunció que garantiza la libertad de trabajo y ordenó que se asegure el cumplimiento de los servicios mínimos en materia de seguridad y transporte. Esto último, dado el panorama descripto, no parece sencillo.
Ostuni dijo que aquellos sindicatos que no garanticen la prestación mínima de los servicios indispensables podrían perder la personería gremial.
Por otra parte, el secretario de Trabajo, Anselmo Riva, advirtió que el límite del respeto al derecho de huelga “es el delito”.
Más de 200 bloqueos en carreteras y calles, cacerolazos y actos frente a edificios públicos son las protestas anunciadas por las centrales obreras para acompañar la huelga general de 36 horas que comenzará mañana (jueves 23) a mediodía, contra la política social y económica del presidente Fernando de la Rúa.
El paro fue convocado por dos de las tres centrales sindicales que existen en la Argentina: la CGT disidente y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La restante, la CGT oficial, anunció su adhesión, aunque sólo durante el viernes.
El vocero presidencial, Ricardo Ostuni, dijo a la agencia noticiosa DYN que el Gobierno estima en US$ 800 millones las pérdidas que provocará la medida.
La huelga se vislumbra como la más dura de la última década, no sólo por el origen de su convocatoria sino también porque han comprometido su adhesión casi todos los sindicatos del transporte de pasajeros.
Además de todo ello, ya desde anteayer vienen repitiéndose actos intimidatorios y amenazas públicas, especialmente en los sectores del transporte.
Tras una actitud vacilante, que incluyó una declaración del presidente Fernando de la Rúa opuesta a la decisión que finalmente se adoptó, el Gobierno resolvió finalmente no declarar ilegal la medida de fuerza.
Se presume que será muy difícil desplazarse no sólo por la adhesión de los diversos gremios transportistas, sino también porque las estaciones de servicio decidieron no vender combustibles entre las 22 de mañana y las 6 del sábado, lo que complicará la situación de los vehículos particulares.
Además del incendio de un coche y la rotura de los vidrios de otros cuatro de una empresa de taxis del barrio de Paternal, anteayer, ayer hubo atentados contra al menos 15 ómnibus. En el más grave de ellos se incendió un colectivo de la línea 12, en el barrio de Palermo.
También se denunciaron agresiones a taxistas que no se adhirieron a protestas anteriores.
Días atrás, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato de los choferes de colectivos y subtes, anunció que se adherirá a la huelga pero que lo hará algunas horas más tarde del mediodía, para permitir que quienes vayan a trabajar por la mañana puedan regresar a sus hogares.
También comprometieron su adhesión el sindicato de los peones de taxis y La Fraternidad, el gremio de los maquinistas de trenes, cuyo titular, Omar Maturano, dijo que no estarán garantizados los servicios mínimos durante el paro nacional.
Voceros de La Fraternidad advirtieron que si los trenes fueran conducidos por supervisores, sus activistas bloquearán las vías y los maquinistas declararán una huelga por tiempo indeterminado.
El Gobierno anunció que garantiza la libertad de trabajo y ordenó que se asegure el cumplimiento de los servicios mínimos en materia de seguridad y transporte. Esto último, dado el panorama descripto, no parece sencillo.
Ostuni dijo que aquellos sindicatos que no garanticen la prestación mínima de los servicios indispensables podrían perder la personería gremial.
Por otra parte, el secretario de Trabajo, Anselmo Riva, advirtió que el límite del respeto al derecho de huelga “es el delito”.
