Esta semana las cotizaciones paralelas del dólar aumentaron más del 10% en promedio, llevando la brecha cambiaria a la zona del 150%, superando los niveles de octubre 2020. A su vez, el riesgo país se ubicó cerca de los 3.000 puntos básicos, en medio de un desplome generalizado del precio de los bonos, que actualmente cotizan en su mayoría a una paridad por debajo de los 20 centavos por dólar.
El análisis de la actual situación y, especialmente, el qué esperar en relación al desenvolvimiento de los acontecimientos hacia adelante, demanda tener en cuenta tres elementos centrales que están intrínsecamente relacionados, adviere la consultora Ecolatina:
En primer lugar, que los niveles de brecha cambiaria no son consistentes con un escenario de relativa estabilidad en el cual el Gobierno puede sostener un crawling peg en el tiempo en un marco en el cual la inflación se va moderando gradualmente. En caso de persistir, o incluso agudizarse este escenario, la capacidad de defensa del tipo de cambio oficial tiene serios riesgos de debilitarse.
En segundo lugar, que una corrección del tipo de cambio oficial en la situación actual (sin levantar el cepo cambiario) conlleva riesgos. El salto cambiario no sólo exacerbaría una nominalidad ya de por sí elevada, sino, más importante aún, podría no ser percibida como sostenible, sin conseguir moderar las presiones en el frente cambiario. Esto responde a que el movimiento requeriría ser complementado por medidas de origen fiscal y monetario para las cuales el Gobierno ya ha mostrado dificultades para su rápida instrumentación.
En este sentido, a las significativas diferencias respecto de episodios recientes (2014 o 2018) en materia de disponibilidad de reservas, niveles de inflación y situación social se le añaden conflictos al interior de la coalición gobernante que dificultan aún más la velocidad de reacción de la política económica y la coordinación de expectativas.
Y en tercer lugar, ligado al punto anterior, que si bien es cierto que las principales acciones del Gobierno estuvieron apuntadas a reencauzar la situación (desdoblamiento para turismo receptivo, limitación de CEDEARs, flexibilización para importaciones estratégicas), parecería todavía existir un “gap” entre la magnitud y la velocidad que tomó la dinámica financiera y la energía de las respuestas, así como entre anuncios de mayor disciplina fiscal cuyo resultados que demorarán en visualizarse.
Resulta claro que los actuales niveles de percepción de riesgo demandan de respuestas contundentes e integrales desde la política y desde la economía, y la sucesión secuencial de anuncios puntuales (a través de comunicados) por el momento careció de la fortaleza necesaria para torcer las expectativas. Esto se ve agudizado por una crisis de desconfianza en el Gobierno que contribuye a retroalimentar los riesgos.
Considerando estos tres elementos, queda claro que:
- el Gobierno entiende que evitar una devaluación del tipo de cambio oficial es el principal objetivo en el muy corto plazo;
- ii) sin una respuesta más contundente este objetivo se vuelve más lejano; y
- que la velocidad que tomó la crisis en la última semana, indicativa de la fragilidad subyacente, muestra que hacia adelante el escenario se torna más inestable, aun cuando se logren aplacar las presiones financieras y pueda reencauzarse el programa económico.
Respecto al punto i), cabe señalar que, si un salto devaluatorio tuviera lugar, lo más probable es que sea desordenado o forzado por el mercado, lo cual empeoraría la situación aún más.
En este sentido, el análisis acerca de qué esperar debe ser dividido entre lo inmediato y lo mediato, instancias que estarán fuertemente unidas por la “sábana corta” en materia de instrumentos, la fragilidad de las condiciones subyacentes y la falta de credibilidad en el manejo de la política económica.
En lo inmediato, seguramente veremos en los próximos días medidas adicionales apuntadas a descomprimir las tensiones cambiarias y aplacar las cotizaciones alternativas del dólar, idealmente acompañadas de un mayor grado de cohesión política.
La apuesta del Gobierno es que estas medidas contribuyan a trazar un puente de cara a los próximos meses cuando comiencen a moderarse las importaciones energéticas, en un contexto en que cuenta a su favor con un stock no menor de oferta de agrodivisas por liquidarse (fundamentalmente soja).
No quedan muchos meses de importaciones fuertes de energía (aumentaron 190% i.a. en el primer semestre) y los actuales niveles alternativos del dólar se sitúan en precios muy elevados (las veces que alcanzó niveles similares pudo “desinflarse” alineando expectativas).
Obviamente, estas ventajas estarán contrapesadas por la gravedad en la dinámica de la situación y la falta de contundencia de las respuestas. El margen para lograr una descompresión se angostará a medida que pasen los días sin resultados tangibles.
Pero aún si lo logra, los meses sucesivos serán desafiantes: por el lado cambiario, las importaciones no energéticas no pueden permanecer reprimidas indefinidamente sin un traslado a precios y perjudicando la actividad, al tiempo que las perspectivas de la cosecha fina no lucen alentadoras.
También estamos en presencia de un escenario de mayor austeridad fiscal hacia adelante: sin un margen relevante para financiarse con Adelantos Transitorios (inclusive incumpliendo las metas con el FMI), el programa financiero seguirá descansando fuertemente sobre las licitaciones de deuda.
Por esta razón, normalizar lo antes posible el frente financiero se torna todavía más importante, y seguramente veamos aumentos en las tasas de interés, los cuales se han venido postergando.
Finalmente, incluso si se reencauza el programa económico (el BCRA vuelve a acumular reservas y se desactivan las expectativas de devaluación) el segundo semestre será de mayor inflación, menor actividad y con límites fiscales más rígidos que el primero, indicando que el equilibrio financiero/político/social continuará siendo inestable.
Con poco tiempo para realizar correcciones de fondo que arrojen resultados positivos, pero con todavía mucho tiempo como para reprimir costos, la actual crisis financiera está forzando al Gobierno a dejar de priorizar la maximización de beneficios para focalizarse en la minimización de costos. Y evitar una devaluación del dólar oficial figurará en los próximos días al tope de la lista de prioridades.
