Con la decisión de aceptar que funcionen 32 empresas privadas tras medio siglo de prohibición, Cuba comienza a dejar en el pasado las históricas palabras de Fidel Castro pronunciadas en las escalinatas de la Universidad de La Havana: “No tendrán porvenir en este país ni el comercio ni el trabajo por cuenta propia ni la industria privada ni nada. Porque el que trabaje por cuenta propia que pague entonces el hospital, la escuela, lo pague todo, y bien caro”.
El gobierno acaba de aprobar las primeras 35 mipymes (micro, pequeña y mediana empresa privada) en una reforma que seguramente cambiará la economía centralizada de la isla. En su mayoría son empresas dedicadas a la producción de alimentos, manufactura, reciclaje, tecnología y desarrollo local. Los nuevos actores provienen de 11 de las 15 provincias del país. Trece de ellos se dedican a la producción de alimentos. Desde 2018 el desabastecimiento de productos básicos tiene a los cubanos en un estado de furia latente. La pandemia empeoró el panorama, que explotó en julio con las protestas masivas en toda la isla contra las políticas del gobierno. Si bien la respuesta oficial del gobierno fue culpar al bloqueo que mantiene Estados Unidos sobre la economía cubana, esta decisión de permitir la actividad comercial privada es una demostración del impacto que tuvo el movimiento social.
Las nuevas empresas pueden tener hasta 100 empleados, deberán incorporarse como sociedades de responsabilidad limitada (SRL) y podrán acceder a crédito y fuentes de financiamiento. Sin embargo, sus actividades de importación y exportación debrán realizarse con intermediación de una compañía estatal.
