Excluyendo a la gente que desearía trabajar más horas y no consigue donde hacerlo, y también teniendo en cuenta que una de las divergencias más notables se da en los niveles de exigencias mucho más laxos que prevalecen en el Estado respecto a las que se aplican en la mayor parte del trabajo en el sector privado, se observa, según los datos del INDEC, que:
· Entre los ocupados plenos que no manifiestan querer trabajar más tiempo se estima que durante la semana trabajan en promedio 42 horas.
· En el sector privado el tiempo promedio trabajado durante la semana fue de 43 horas.
· En el sector público, en cambio, la dedicación media ronda las 36 horas por semana.
La información oficial muestra con claridad que, en promedio, en el Estado se trabaja 7 horas menos por semana que en el sector privado.
Planteado de manera simplificada, esto implica que los empleados públicos trabajan un día menos a la semana.
A esto habría que agregarle que, en general, en el sector público los controles y las reglas sobre horarios y ausentismo son más laxos, las licencias más prolongadas y las exigencias de esfuerzo y productividad más endebles. La divergencia se potencia con el hecho de que el Estado paga, en la mayoría de los casos, remuneraciones más altas.
Como todo promedio, estos indicadores esconden que tanto en el sector público como privado hay gente muy trabajadora y otra con poca dedicación.
En particular, es indudable que muchos empleados públicos desarrollan sus tareas con esfuerzo, capacidad y responsabilidad. La prueba más contundente es que, gracias a ellos, el Estado cumple con funciones esenciales para la sociedad, como los vinculados a la seguridad, las emergencias y otros servicios públicos básicos.
Lo que los datos del INDEC sugieren no es una particular propensión a la vagancia sino una asimetría en el nivel de esfuerzo y productividad como consecuencia de reglas y criterios de gestión muy diferentes.
En el sector privado, el empleador abona los salarios y exige como contrapartida esfuerzos y resultados simétricos por parte de sus trabajadores. Más claro aún en este aspecto son los incentivos que enfrentan los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos dependen de manera directa de su dedicación y el resultado.
En el sector público, en cambio, el “empleador†que fija y aplica las reglas laborales son los mismos empleados públicos y los salarios se pagan con el esfuerzo de todos los ciudadanos.
La ausencia de control directo del que paga los salarios facilita el uso del empleo público para captar beneficios políticos y personales e induce al oportunismo de optar por la laxitud en las reglas de organización y gestión del trabajo estatal.
Construir un mejor Estado es una necesidad indiscutible y una aspiración compartida por gran parte de la sociedad, señala el informe de IDESA.
Para ello, es fundamental que el empleo público deje de ser campo propicio para la demagogia y vía para distribuir favores políticos y personales.
No se trata de “nivelar para abajo†sino de avanzar en un principio básico de equidad donde los empleados públicos tengan similares condiciones laborales a los ciudadanos que hacen el esfuerzo de sostener el Estado pagando los impuestos, concluye.
El análisis de IDESA vino a colación de las fuertes controversias que generó el presidente Mujica al opinar que los uruguayos son pocos proclives al trabajo.
Y a que, según la información oficial de ambos países, estas polémicas declaraciones bien podrían ser aplicables a los argentinos, que no trabajan más que los uruguayos. En ese sentido, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del Uruguay señalan que la cantidad promedio de horas trabajadas a la semana por el total de ocupados de ese país fue de 39,3 horas en el año 2011 (último disponible), mientras que la encuesta de hogares del INDEC muestra que el promedio de horas trabajadas a la semana por el total de ocupados de los grandes aglomerados urbanos fue de 38,3 horas en el cuarto trimestre del 2012.
