La Nación y las provincias – además de la distribución de fondos- deben consensuar estrategias para reducir la brecha y mejorar las políticas públicas.
Solamente faltaba este informe para confirmar que una de las herencias más pesadas que dejó el anterior gobierno es el descalabro de las cuentas públicas. Aunque con bastante demora, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas finalmente publicó los datos del resultado financiero del sector público nacional correspondientes al total del año 2015 y enero de 2016. Según opina IDESA, se avizora que a partir de ahora se seguirá la buena práctica de difundir los datos fiscales según el calendario oficial.
Dada las estrategias usadas en los últimos años para cubrir los desequilibrios fiscales, resulta pertinente observar no solo el resultado financiero sino también cómo actúan las transferencias desde el Banco Central, la ANSES y otros organismos estatales no incorporados al presupuesto al Tesoro Nacional. Esta desagregación permite una mejor evaluación de la sustentabilidad de las cuentas públicas.
De la información oficial surge que:
- En el año 2001, el sector público nacional había alcanzado un pico de desequilibrio fiscal que llegó a 2,7% del PBI.
- En el año 2015, el déficit fiscal del sector público nacional fue de 4,1% del PBI.
- Si se excluyen las transferencias al Tesoro Nacional desde el Banco Central, ANSES y otros organismos públicos extra-presupuestarios, el déficit fiscal en el año 2015 asciende a 6,7% del PBI.
El desequilibrio fiscal del año pasado es récord en las últimas décadas. Incluso es muy alto con relación a otros países que están en crisis fiscal como, por ejemplo, Grecia (3,7%), España (3,4%) o Italia (3,7%). Excluyendo los ingresos extraordinarios, el desequilibrio más que duplica el déficit de la crisis del año 2001.
Es cierto que aparecen signos alentadores en el primer mes del año. Prueba de ello es que se reduce el déficit primario, que es el que se computa antes del pago de intereses de deuda, y además, después de mucho tiempo, no fue necesario apelar a la emisión desde el Banco Central para cubrir el desequilibrio. De todas formas, la situación sigue siendo muy crítica, especialmente cuando se considera que esa fragilidad se reproduce, sólo con diferencias de matices e intensidad, en la mayoría de las provincias y municipios.
El diálogo entablado entre las autoridades nacionales y los gobernadores es una muestra de madurez democrática y esperanza de que se comiencen a encontrar soluciones. Pero es necesario que ese diálogo no se limite a buscar equilibrios entre las diferentes jurisdicciones por una mayor apropiación de los recursos públicos. Muy por el contrario, el desafío más importante es consensuar medidas concretas para dar racionalidad y equidad al sistema tributario y acciones que ayuden a la Nación y a las provincias a sanear sus finanzas. En este plano, un tema ineludible es actualizar la organización de los sistemas previsionales ya que tanto para la Nación como para las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales es el principal factor de desestabilización fiscal.
Lo prioritario es tomar medidas que lleven a la construcción de un Estado financieramente sustentable y altamente profesionalizado. No se trata sólo de que los ingresos sean suficientes para cubrir los egresos sino que los impuestos sean menos regresivos y discriminadores contra la producción y que se mejore la calidad del gasto. Sólo de esta manera el Estado dejará de ser una carga y pasará a ser el centro de una estrategia de crecimiento con inclusión social como ocurre en las sociedades más avanzadas.
