El déficit fiscal argentino duplica al griego

La acumulación de desequilibrios fiscales, atraso cambiario y distorsiones que erosionan la productividad en la Argentina de hoy son problemas similares a los que generaron la crisis griega, sostiene el informe número 607 del Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa).

Grecia suspendió el pago de su deuda pública debido a que su déficit fiscal le imposibilitó pagar los intereses que vencieron en junio. Este incumplimiento, más el elevado nivel de endeudamiento, le impiden el acceso a nuevos créditos.

Por ello, debe recurrir al salvataje. Quien debe decidir por la asistencia es una terna conformada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (la troica).

A cambio del auxilio, la troica exige la elevación de los impuestos y la reducción del gasto público básicamente mediante aumento de la edad jubilatoria, recortes en los haberes más altos y privatizaciones.      

Recomponer la situación es inevitable. Se lo puede hacer de manera explícita como plantea la troica o salir del Euro devaluando la moneda nacional como hizo la Argentina en el 2002.

En ambos casos, el resultado es una reducción de salarios y jubilaciones en términos reales a un nivel que permita equilibrar las cuentas públicas y recuperar la competitividad externa.

Aunque los paralelismos con la crisis argentina del año 2001 son pertinentes, para los argentinos resulta más relevante la comparación con la situación actual.

Por ejemplo, según datos oficiales, se observa que:

• El déficit fiscal en Grecia es equivalente al 3,5% del PBI.
• En Argentina, el déficit fiscal también es de 3,5% del PBI.
• Si en la Argentina se excluyen las asistencias del Banco Central, ANSES y otros organismos públicos al Tesoro nacional, el déficit fiscal asciende a 6,3% del PBI.

Estos datos muestran que el déficit fiscal en Argentina tiene aproximadamente el mismo nivel que en Grecia.

Pero si se excluyen de los ingresos las transferencias al Tesoro del Banco Central, ANSES y otros organismos públicos, el desequilibrio fiscal en la Argentina casi duplica al que registra Grecia.

Es cierto que el nivel de endeudamiento público de Grecia es mucho más elevado que el de Argentina. Mientras que en Grecia la deuda pública equivale al 177% del PBI, los datos oficiales reportan que en Argentina equivale aproximadamente el 42% del PBI, de los cuales 25 puntos porcentuales corresponderían a organismos estatales.

Pero esta medición esconde pasivos no registrados en la contabilidad pública. Aquí cuentan los juicios previsionales, los juicios promovidos por los "fondos buitres", los reclamos de las provincias para que se suspenda la retención del 15% de coparticipación y las demandas de los dueños de las empresas estatizadas (CIADI).

A esto hay que agregarle los enormes compromisos futuros por haber distribuido millones de jubilaciones sin aportes a través de las moratorias y el indiscriminado ingreso de empleados públicos.

Esto alerta sobre la pertinencia de no subestimar los problemas fiscales y las distorsiones acumuladas que minan la competitividad internacional de Argentina.

En Grecia, la baja calidad institucional se hace más explícita porque al estar en la órbita del euro el gobierno no tiene posibilidad de financiar el déficit fiscal con emisión monetaria sin respaldo.

Pero si el próximo gobierno de la Argentina aspira a erradicar la inflación y crear condiciones para recuperar el crecimiento económico y el empleo, tendrá que –como le ocurre a Alexis Tsipras– resolver los daños ocasionados por varios años de irresponsable administración del Estado.

Posponer los cambios no evita los costos sociales, sólo sirve para darle espacio a una dirigencia política mediocre.

En este sentido, el plebiscito griego fue ambiguo, confuso y además tiene subyacente la incorrecta creencia de que se puede eludir las reformas saliendo del euro para apelar, como la Argentina, a la emisión monetaria inflacionaria.

En el paralelismo con Argentina, el próximo gobierno necesitará mucho liderazgo político para avanzar en la modernización del sistema tributario; eliminar gastos públicos improductivos; sincerar las estadísticas oficiales; respetar la división de poderes, el federalismo y la autonomía del Banco Central; eliminar el "cepo" cambiario; y mejorar la calidad del sistema educativo, las instituciones laborales y los programas asistenciales.