El cardenal salesiano Raffaele Farina, de 80 años, fue designado al frente de la comisión, cuyo fin último es la reforma del banco para que “los principios del Evangelio impregnen también las actividades de carácter económico y financiero”.
Fundado en 1942 por Pío XII, el IOR siempre estuvo en la mira de la cúpula vaticana, y ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI pudieron contra los poderes de la jerarquía eclesiástica que lo sustentaban.
Hasta los últimos días de Joseph Ratzinger estuvieron signados por la destitución del anterior presidente, Ettore Gotti Tedeschi, de quien se afirma que recopiló un gran dossier con toda clase de irregularidades, en la que habrían participado prelados, políticos e incluso mafiosos.
Tedeschi fue destituido y Benedicto XVI en su lugar nombró al armador alemán Ernest von Freyberg, quien ha emprendido una especie de lifting que no convenció a nadie.
El papa Francisco optó por una remodelación total, o de ser necesario el cierre para extirpar la corrupción, que traían los coletazos del Banco Ambrosiano y Roberto Calvi o la investigación sobre el maxi tangente Enimont.
Previamente, la cirugía empezó con la decisión papal casi inmediata a la asunción de desvincular las operaciones financieras del Vaticano de prácticas de lavado de dinero.
El interventor Fariña viene de ser el arquitecto jefe de las grandes restauraciones que le cambiaron la cara, las características y el estilo de la histórica Biblioteca Apostólica y el Archivo Secreto de la Santa Sede, de la que el cardenal fue prefecto y archivero designado por Benedicto XVI.
Además del octogenario purpurado, los otros cuatro miembros de la comisión son el cardenal francés Jean-Louis Tauran, la profesora estadounidense Mary Ann Glendon –mujer y laica–, el arzobispo español Juan Ignacio Arrieta–que actuará como coordinado– y monseñor Peter Bryan Wells, un teólogo estadounidense que trabaja como asesor para la Secretaría de Estado.
La comisión ha sido creada a través de un motu proprio, una ley promulgada directamente por el Papa, y tendrá libertad para recoger “documentos, datos e informaciones necesarias para el desarrollo de sus funciones”.
Según advierte el documento papal, “el secreto profesional y otras restricciones establecidas por el ordenamiento jurídico no limitarán el acceso de la comisión”.
El portavoz de prensa del Vaticano, Federico Lombardi, aclaró que el organismo estudiará la situación e informará permanentemente al Papa como parte de las reformas útiles a la Iglesia, de modo que el pontífice explore cuándo y cómo dar un nuevo rostro a la IOR.
La elección de Bergoglio recayó sobre un cardenal de larga trayectoria, estudioso, muy reservado, pero muy versado en el funcionamiento de la curia papal.
El plan de acción fijado para la Comisión, cuya homologación data del 24 de junio y lleva la firma del Papa, empieza por interiorizarse de la situación jurídica y las actividades del Instituto, a fin de permitir una mejor armonización con la misión de la Iglesia universal y la sede apostólica.
El contexto está dado por las reformas que deben llevarse a cabo en las instituciones que ofrecen ayuda a la sede apostólica.
