El monto de ingresos fijos de las familias del primer semestre de este año se ubicó 7% por debajo del de igual período de 2009 y es también inferior en 18% al de 2013.
Años en los que el oficialismo nacional perdiera en elecciones legislativas. Para este indicador se computan el número de personas involucradas y los montos de sus respectivos ingresos, considerando salarios, jubilaciones y planes sociales.
Para agosto de 2021, el Índice de confianza en el consumidor (ICC) está 7,6% debajo del máximo registrado en el gobierno de Alberto Fernández, en enero de 2020. En comparación contra otros años de elecciones legislativas, el ICC está 11 puntos por debajo de 2013 y 1 punto por debajo de 2009. Respecto al índice de confianza en el gobierno (ICG), se encuentra apenas por debajo de 2013 (0,1 pp menos) y algo por arriba de 2009 (0,5 pp.).
En lo referente a la obra pública, en 2021 el gasto en inversión real directa a precios constantes muestra una recuperación versus 2020, pero se encuentra 26% por debajo de las legislativas de 2017, y es inferior en un 24% y un 17 % respecto de los guarismos de 2013 y de 2009.
La actividad económica desestacionalizada, para junio de 2021, se ubica un 24% por encima del mínimo de 2020 (abril). Sin embargo, es inferior en un 8% al promedio 2011-2019. En comparación con otras elecciones, la actividad económica está 9,1% por debajo de 2017 y también de 2013, pero 11% por encima de 2009.
Se construye un índice ad-hoc, procurando medir la evolución de seis variables relevantes de empleo y actividad, como promedio simple, y se fija la base 100 en 2005. Se tiene que en dos años en los que el índice cayó, el oficialismo perdió la elección (2015 y 2019). En otras dos ocasiones, en que el índice subió en el acumulado de dos años, pero de forma moderada, en 2013 el oficialismo perdió y en 2017 ganó.
A su vez, en las 3 ocasiones en que el índice económico aumentó más de 10 % en los dos años previos a la elección, en dos ganó el oficialismo (2007 y 2011) y en otra perdió (2009). Por supuesto, existen variables no económicas que inciden en la decisión de voto, como podría ser el caso en 2021 de los efectos de la pandemia por COVID-19, las políticas públicas desplegadas y la percepción de la situación que tengan los votantes.
Si el resultado electoral de 2021 resultara poco satisfactorio para el actual gobierno nacional, y se decidiera por una política fiscal aún más expansiva, claramente las consecuencias serán una inflación más alta (mayor emisión) o una deuda remunerada cada vez mayor del BCRA, que a mediano o largo plazo también terminaría en mayor inflación.
En cambio, si el resultado electoral en 2021 deja entrever una probabilidad alta o media de permanencia en el poder en 2023, en el oficialismo podría existir una reacción hacia la moderación en la política económica, buscando cerrar rápido un acuerdo con el FMI, lo que implicaría una política fiscal y monetaria más parecida a la del primer semestre de 2021 que al segundo, y se buscaría corregir algunas variables desalineadas, aunque sea parcialmente, pensando en tomar aire y ganar tiempo para una nueva política expansiva apuntando a los comicios de 2023
