La comparación con países vecinos sugiere que la Argentina sufre una severa carencia de empleos. Para revertir esta situación se necesita no sólo reactivar la producción sino también replantear las políticas vigentes que desalientan la creación de empleos y promueven la inactividad laboral, señala el informe del Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa).
La tasa de desempleo según fuentes oficiales creció desde el 6,8% en el 3° trimestre del año 2013 al 7,5% en igual período del 2014. Aunque todo incremento en la tasa de desocupación es una señal negativa, no hay que perder de vista que este nivel no es muy diferente al observado entre los años 2010 y 2012 cuando la actividad económica atravesaba un dinamismo que contrasta con el estancamiento actual.
Más relevante es la caída en la tasa de participación laboral. Es decir, la proporción de gente que trabaja o que busca activamente un trabajo. En el 3° trimestre del 2014 la participación laboral cayó al 44,7% de la población total, cuando un año atrás era de 46,1%. Cabe precisar que el nivel promedio de participación laboral en la última década fue del 46% y en ningún año había caído por debajo del 45%.
Una forma de dimensionar el significado de estos indicadores laborales es contrastándolos con los registrados en los países vecinos. Según los institutos de estadísticas oficiales de cada país se observa que:
- En Argentina, el 44,7% de la población total es económicamente activa y la tasa de desempleo es el 7,5% de ella.
- En Chile, el 46,8% de la población es económicamente activa y la desocupación afecta al 6,7% de ella.
- En Uruguay, el 50,6% de la población total es económicamente activa y la tasa de desempleo es el 6,2% de ella.
Estos datos muestran que en Argentina hay una menor proporción de gente que busca empleo (menor tasa de participación) y aún así es más alta la proporción que no puede conseguirlo (mayor tasa de desempleo). Esto es una evidencia de que en Argentina hay mayores déficits de empleos. La tasa de desempleo es superior a la de Chile y Uruguay cuando el porcentaje de gente que se vuelca a participar del mercado laboral es inferior.
Los funcionarios nacionales sostienen que la caída en la tasa de participación laboral es una decisión voluntaria de gente que prefiere dejar de trabajar o buscar un empleo porque prioriza otras actividades (estudio, ocio, esparcimiento).
Es difícil pensar que esta sea la motivación justo cuando se estanca la actividad económica y los ingresos de las familias se deterioran por la aceleración de la inflación.
Más consistente parece la idea de que mucha gente dejó de buscar empleo porque percibe que son escasas las probabilidades de conseguir uno. Si se asume que la mayor parte de estos nuevos inactivos son desocupados desalentados, la tasa de desempleo no sería del 7,5% sino que se ubicaría por encima del 10%, un nivel muy superior al de hace algunos años.
Semejante deterioro en los indicadores laborales se explica por el estancamiento en la producción, pero más relevante aún son las políticas prevalecientes que castigan el empleo formal y estimulan la inactividad laboral. Tener un empleado “en blanco” implica pagar altas cargas sociales (50% por encima de la remuneración “de bolsillo” del trabajador), cumplir con regulaciones administrativas complejas y enfrentar altos niveles de conflictividad sindical y judicial. La inactividad laboral, en cambio, está subsidiada a través de una gran cantidad de programas públicos de transferencias de ingresos (Asignación Universal por Hijo, Progresar, planes alimentarios y ayudas sociales de las provincias y los municipios).
La solución genuina a los problemas sociales es el acceso a empleos de calidad. Para lograr una masiva generación de empleos es fundamental dejar de poner trabas a quienes quieren trabajar. Por eso la prioridad no debería ser la reducción del impuesto a las ganancias (como demandan los sectores de mayores ingresos) sino bajar cargas sociales, eliminar burocracia y mitigar la litigiosidad y la conflictividad. En paralelo, es imprescindible un profundo rediseño de la política asistencial para que los fondos públicos lleguen a la gente en estado de vulnerabilidad sin desalentar el trabajo, especialmente entre las mujeres.
