El presidente de la República tomó la iniciativa política, tras el intervalo impuesto por las decisivas elecciones del domingo. Dispuso constituir una mesa de diálogo, algo así como un gabinete de crisis de alto nivel, conformada por empresarios y dirigentes sindicales. El anunciado propósito es acercar posiciones para aplicar las medidas económicas que, a juicio del gobierno, aquieten las aguas de los conflictos sociales y abrir una etapa de diálogo constructivo entre los sectores de poder social.
Esta decisión deja de lado las insistentes versiones sobre la supervisión que se pensaba acordar a Alberto Flamarique, en mérito a su exitosa negociación para obtener la Ley de reforma Laboral, sobre sus colegas de Desarrollo Social, Educación y Salud.
Un análisis de costo-beneficio en el orden político habrían aconsejado cambiar el criterio original.
Fue el ministro de Trabajo quien, precisamente, marcó intenciones: “La idea es conformar con todos los sectores la mayor cantidad de participación, tanto empresaria como gremial, y desarrollar una agenda de diálogo social”. Agregó que se espera para la semana que viene la primera reunión de la mesa.
“Todos los ministros tienen mi absoluta confianza, están trabajando muy bien, haciendo un gran esfuerzo”, preciso De la Rúa, al desmentir la designación de Flamarique como primus inter pares del área social.
Los observadores advierten en la Presidencia la intención de desplegar una estrategia que permita balancear dos aspectos esenciales de sus objetivos: cumplir con las metas impuestas por el FMI y obtener algún género de consenso para disminuir la presión en los sectores que se sienten desplazados de la sociedad de consumo.
Junto a Raúl Alfonsín y sus ministros, el Presidente analizó los pasos inmediatos a dar. Fruto de ese cambio de opiniones, en el que logró la aprobación de sus allegados a sus planteos tácticos, es la reunión que mantendrá durante la jornada con un par de cientos de legisladores de la Alianza.
Se adelanta que, tras resumir el clima favorable que rodea al gobierno en este momento, pedirá los mayores esfuerzos para la sanción del proyecto de emergencia económica, que combate la evasión fiscal y de la ley de apoyo a las pequeñas y medianas industrias.
Una muestra de realismo político es la supuesta intención, transmitida por el vicepresidente Alvarez, de invitar a la mesa de diálogo al cabecilla de la oposición sindical, Hugo Moyano. Aseguran sus allegados que no negaría su participación, que le acuerda un reconocimiento a su protagonismo y consolida su pretensión de sentarse en el sillón de la CGT unificada algún día.
Tres temas preocupan a la conducción aliancista: recesión acompañada de desocupación, peligro de desborde de la violencia en los puntos del interior en que la protesta social se convierte en bloqueo de rutas vitales y la concentración que se propone organizar Moyano para movilizar a todas las fuerzas opositoras al FMI.
El presidente de la República tomó la iniciativa política, tras el intervalo impuesto por las decisivas elecciones del domingo. Dispuso constituir una mesa de diálogo, algo así como un gabinete de crisis de alto nivel, conformada por empresarios y dirigentes sindicales. El anunciado propósito es acercar posiciones para aplicar las medidas económicas que, a juicio del gobierno, aquieten las aguas de los conflictos sociales y abrir una etapa de diálogo constructivo entre los sectores de poder social.
Esta decisión deja de lado las insistentes versiones sobre la supervisión que se pensaba acordar a Alberto Flamarique, en mérito a su exitosa negociación para obtener la Ley de reforma Laboral, sobre sus colegas de Desarrollo Social, Educación y Salud.
Un análisis de costo-beneficio en el orden político habrían aconsejado cambiar el criterio original.
Fue el ministro de Trabajo quien, precisamente, marcó intenciones: “La idea es conformar con todos los sectores la mayor cantidad de participación, tanto empresaria como gremial, y desarrollar una agenda de diálogo social”. Agregó que se espera para la semana que viene la primera reunión de la mesa.
“Todos los ministros tienen mi absoluta confianza, están trabajando muy bien, haciendo un gran esfuerzo”, preciso De la Rúa, al desmentir la designación de Flamarique como primus inter pares del área social.
Los observadores advierten en la Presidencia la intención de desplegar una estrategia que permita balancear dos aspectos esenciales de sus objetivos: cumplir con las metas impuestas por el FMI y obtener algún género de consenso para disminuir la presión en los sectores que se sienten desplazados de la sociedad de consumo.
Junto a Raúl Alfonsín y sus ministros, el Presidente analizó los pasos inmediatos a dar. Fruto de ese cambio de opiniones, en el que logró la aprobación de sus allegados a sus planteos tácticos, es la reunión que mantendrá durante la jornada con un par de cientos de legisladores de la Alianza.
Se adelanta que, tras resumir el clima favorable que rodea al gobierno en este momento, pedirá los mayores esfuerzos para la sanción del proyecto de emergencia económica, que combate la evasión fiscal y de la ley de apoyo a las pequeñas y medianas industrias.
Una muestra de realismo político es la supuesta intención, transmitida por el vicepresidente Alvarez, de invitar a la mesa de diálogo al cabecilla de la oposición sindical, Hugo Moyano. Aseguran sus allegados que no negaría su participación, que le acuerda un reconocimiento a su protagonismo y consolida su pretensión de sentarse en el sillón de la CGT unificada algún día.
Tres temas preocupan a la conducción aliancista: recesión acompañada de desocupación, peligro de desborde de la violencia en los puntos del interior en que la protesta social se convierte en bloqueo de rutas vitales y la concentración que se propone organizar Moyano para movilizar a todas las fuerzas opositoras al FMI.
