Las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), previstas del 13 al 18 de abril en Washington, encuentran a la Argentina en una nueva revisión del acuerdo vigente. En ese contexto, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Recourse, el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Equipo Transiciones publicaron el documento “Argentina y el FMI: una muy inestable estabilización”, centrado en los resultados de los programas con el organismo y en la sostenibilidad del esquema actual.
El análisis encuadra la discusión en un escenario de “fragilidad macroeconómica”, “tensiones sociales crecientes” y dudas sobre la sostenibilidad de la deuda y la orientación de las recomendaciones del FMI. Entre sus conclusiones, las organizaciones sostienen que, tras ocho años de programas con el organismo (2018–2026), “el país no ha logrado estabilizar su economía ni recuperar el acceso a los mercados de capitales”.
El documento precisa que la revisión en curso corresponde al acuerdo firmado en abril de 2025 bajo el esquema de Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés). En ese marco, el país espera la evaluación técnica del organismo y se retrasa el desembolso de US$ 1.000 millones. El programa tiene una duración de 48 meses y un monto total de US$ 20.000 millones, equivalente al 479% de la cuota del país en el FMI.
En el plano social, el texto vincula la revisión con un marco de tensiones: la desocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales tras la recesión de 2024, la informalidad alcanzó el 43% del empleo y los salarios reales continúan estancados, según datos del Indec en base al informe del cuarto trimestre de 2025. En esa línea, plantea que las políticas de ajuste fiscal y laboral debilitan la capacidad estatal y profundizan la desigualdad, mientras los sectores extractivos avanzan “sin mayores encadenamientos productivos ni control ambiental”.
Julia Gerlo, miembro del equipo de investigación de FARN, advierte que “una dimensión que suele quedar invisibilizada en el debate es la presión estructural que ejerce la deuda sobre el ambiente y el clima”. En ese marco, señala que las políticas aplicadas bajo el acuerdo consolidan un patrón de crecimiento dependiente de sectores extractivos —energía, minería y agroindustria—, con bajo impacto en el empleo y costos sociales y ambientales.
El texto incorpora también una dimensión normativa. Alejandro Manzo, miembro del ETFE, afirma: “el acuerdo de 2018 y 2025 con el FMI fue aprobado sin pasar por el Congreso, en contradicción con la Ley 27.612, y varias de sus reformas enfrentan cuestionamientos judiciales”. Además, se sostiene que el ajuste fiscal redujo el presupuesto ambiental a 0,033% del gasto total, con impacto en la capacidad estatal para prevenir incendios, proteger bosques o responder a emergencias climáticas.
A la vez, se mencionan reformas como la modificación de la Ley de Glaciares y proyectos bajo el RIGI vinculados a hidrocarburos y minería, con riesgos sobre reservas de agua y ecosistemas. Federico Sibaja, especialista en el FMI en Recourse, resume el diagnóstico en una frase: “la deuda no es sostenible, no hay acceso a los mercados y las debilidades institucionales son evidentes”.
