Camesi respalda la desregulación inmobiliaria y discute la matrícula obligatoria de corredores

El Gobierno nacional anunció el envío al Congreso, en junio próximo, de un proyecto de ley para avanzar en una desregulación del mercado inmobiliario y transformar el corretaje en un servicio comercial competitivo. La iniciativa, impulsada por la gestión del presidente Javier Milei y con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como principal motor, propone modificar reglas de acceso y funcionamiento de la actividad.

El plan oficial contempla eliminar la obligatoriedad de la matrícula y del título universitario para ejercer, terminar con el monopolio de los colegios profesionales, liberalizar los honorarios y permitir la operación interjurisdiccional sin trabas geográficas. Frente a ese esquema, los colegios profesionales mencionaron supuestos riesgos para la seguridad jurídica y un eventual aumento de la informalidad.

En ese debate, la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), a través de su presidente Mariano García Malbrán, respaldó la desregulación y planteó que el foco debe correrse de la estructura colegiada hacia mecanismos vinculados con competencia y protección al consumidor. “Es fundamental separar la protección del consumidor de la protección del privilegio corporativo”, dijo García Malbrán, presidente de Camesi.

Uno de los ejes de discusión es la exigencia de matrícula obligatoria. Los colegios tradicionales sostienen que su eliminación sería innecesaria porque contratar a un corredor es opcional. El directivo calificó esa postura como una “falacia de libertad de elección” y sostuvo que, si bien cada persona puede contratar o no a un profesional, la ley actual prohíbe elegir prestadores por fuera del gremio colegiado, incluso cuando ofrezcan mejores costos, herramientas tecnológicas o servicios más eficientes.

En esa línea, el presidente de la entidad planteó que un particular puede vender, comprar y alquilar su inmueble sin ser martillero, y cuestionó por qué una persona formada comercialmente no podría ejercer sin ser corredor. Para CAMESI, la matrícula opera como una “barrera artificial de entrada” que limita la oferta y mantiene los precios altos.

Para discutir el argumento sobre profesionalismo, García Malbrán citó “mercados maduros y dinámicos” como Estados Unidos —con licencias estatales y competencia de modelos *flat-fee*— y Reino Unido —sin título universitario específico, pero con estándares de protección al consumidor—. También afirmó que el profesionalismo “no se adquiere en la universidad, sino en la formación de cada día”, asociada a habilidades en marketing, uso de CRM y trabajo en red.

Respecto de la seguridad jurídica, sostuvo que la transparencia “no la garantiza un sello, sino la reputación y la tecnología”. En la era del Big Data, mencionó sistemas de puntuación de usuarios y portales inmobiliarios modernos, y planteó que el mercado se autorregula de forma más efectiva que un tribunal de ética colegiado, que en la práctica puede sancionar, pero no resarcir.

Sobre honorarios y comisiones, rechazó que la desregulación implique mayores costos y afirmó: “Los costos ocultos no existen, está todo normado y fijado por el estado en materia de tasas”, dijo García Malbrán, presidente de Camesi. En paralelo, sostuvo que las tarifas reguladas suelen funcionar como un piso y no como un techo, por lo que en un mercado abierto la competencia presiona las comisiones a la baja, y citó el caso de Estados Unidos tras fallos judiciales contra la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).

Como alternativa a la tutela colegiada, la entidad propuso implementar seguros de responsabilidad civil obligatorios para corredores, con el argumento de que “garantiza un resarcimiento económico real” ante mala praxis. Además, planteó que la justicia ordinaria no es la única vía y mencionó sistemas de arbitraje de consumo más ágiles. En el plano constitucional, el directivo citó el Art. 14 para cuestionar regulaciones provinciales que, a su criterio, anulen la libertad comercial o creen monopolios que afecten el comercio interjurisdiccional.