Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires facturarán a sus industrias la captura federal de renta agraria.

Aunque alineado disciplinadamente con el matrimonio presidencial, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, reingresará a la legislatura el proyecto fiscal con el que pretende recaudar $ 5.000 millones para cubrir el déficit. 
Un paquete impositivo que generaliza ingresos brutos y, a partir del 3 % para las industrias, va agregando a todas las escalas de la comercialización, además de aumentar la alícuota de renta inmobiliaria a las propiedades que tributan bienes personales, impulsará finalmente la gobernación bonaerense en la Legislatura, pese a no haber pasado del tratamiento en comisión durante el primer y fallido intento.
La controvertida medida apunta a dos frentes: equilibrar las finanzas provinciales que venían arrastrando un rojo de $ 5.500 millones y dar cabida a un incremento salarial para el sector público, que se viene negociando desde antes de desatarse el conflicto con el campo.
La acumulación de ingresos brutos en productos industriales que hasta ahora estaban exentos, que cada etapa, desde la fábrica al distribuidor, deberán cargar incidirá en un 9 % en el precio final, ya que, aunque como funciona igual que un tributo a las ventas, a diferencia del IVA no es pasible de descargarse en las sucesivas instancias de la cadena comercial. 
Nada más que con la incorporación de este impuesto y la recomposición de los porcentajes, la administración de Scioli calcula reunir la casi totalidad del déficit presupuestado, y dejar lo que se obtenga por renta inmobiliaria a las recategorizaciones salariales comprometidas con los gremios.
La jugada fiscal en ciernes deteriora aún más la imagen del gobernador de la provincia, más que resentida por su opaca actuación en el enfrentamiento con el campo, que lleva cuatro meses y sigue in crescendo. 
La sensación de inseguridad que asuela el territorio bonaerense y los irresueltos conflictos sociales que estallan a diario, pese a las estadísticas optimistas que manejan en la gobernación, afectan en gran parte la expectativa favorable con que asumiera el mandatario, sobre todo en sectores no clientelizados.

La inyección salarial que se propone y la urbanización a bajo costo de algunas villas en el conurbano (viviendas económicas, cloacas, agua y asfalto) constituyen por ahora el caballito de batalla electoral que ofrece con vistas al 2009. Tanto la generalización de ingresos brutos como el aumento de rentas suponen una fuente de juicios y reclamos, en virtud de que viola expresas prohibiciones constitucionales de cobrar impuestos sobre impuestos (anatosismo, según el argot jurídico) y representa una doble tributación respecto de bienes personales en el caso de la renta inmobiliaria.Córdoba, como Buenos AiresEl oficialismo a ultranza de Scioli contrastó con el rol opositor de Juan Schiaretti, en Córdoba, y de Hermes Binner, en Santa Fe, quienes aunque también tuvieron que embarcarse en un incremento de la presión impositiva dentro de sus respectivas jurisdicciones, cargaron la responsabilidad política a restricciones centrales atribuidas a que ambos no se sumaron a la cruzada kirchnerista para imponerles las retenciones móviles a los productores. La Voz del Interior anticipó que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunciará, al igual que su colega bonaerense, un ajuste fiscal que implica gravar con el impuesto a los ingresos brutos a la actividad industrial y a la construcción, sectores que hasta ahora estaban exentos. La medida, que tendrá como objetivo cubrir la falta de fondos y las urgencias financieras, incluye a la industria en el esfuerzo fiscal requerido al campo, pero en la órbita local. La reforma fiscal, que será amplia, no prevé modificar el 30 % de descuento que rige para los impuestos inmobiliarios y a la propiedad automotor. Tampoco habrá cambios para las empresas que paguen los montos mínimos. La interpretación de La Voz es que la decisión se toma en momentos en que la relación de la Provincia con la Nación está más tensa que nunca, la recaudación de Ingresos Brutos cayó 8 % en junio por el conflicto con el campo y la actividad económica se resiente.

"La idea es adelantarnos a los hechos. Nos preocupa la falta del dinero del gobierno nacional y las dificultades que tienen los municipios", reveló una fuente del Ejecutivo provincial, según el matutino.Recuerda que Córdoba no está recibiendo fondos del Programa de Asistencia Financiera (PAF), para la Caja, planes asistenciales y obra pública debido al enfrentamiento del gobernador con la política nacional en el tema del campo. Lo único que llega a tiempo es la coparticipación, que se distribuye en forma automática, aunque con el descuento unilateral de la deuda. Los aumentos previstos de recaudación (que se estiman entre $ 500 y 600 millones anuales) se van a coparticipar a los municipios. (…) En línea con sus vecinos cordobeses y bonaerenses, el gobierno de Santa Fe preparó asimismo un paquete fiscal con el que pretende contrarrestar la mella en los recursos que provocó la crisis del campo.Aún así, Binner ha decidido limitar sus expresiones de oposición a las retenciones móviles per se a lo estrictamente necesario para no exacerbar a la Casa Rosada. Lo ratificó en el Día de la Independencia.“La cuestión de fondo -expresó el gobernador sobre el tema de las retenciones- está en convocar al Consejo Agropecuario Ampliado con la participación de todos los sectores que tienen algo que ver con el campo”. Binner sostuvo que "si nosotros no tenemos una política de fondo estamos siempre haciendo una política a medio plazo" y en consecuencia generamos "una economía mucho más laxa". De esa manera "espantamos a los inversores, y por lo tanto no es bueno para el crecimiento del país". En ese marco, Binner había precisado que en la propuesta de Santa Fe para una Política de Desarrollo Agropecuario "están contemplados todos los aspectos fundamentales que hacen ver que la Argentina es un país fundamentalmente agrícola ganadero" y que "Santa Fe, particularmente, es una provincia agroindustrial. Creo que por allí pasan todos los puntos esenciales para salir de esta crisis". UrgenciasPero la prioridad reside en compensar el pobre movimiento económico que diezmó las finanzas provinciales. El enfriamiento, que comenzó en la maquinaria agrícola, se trasladó luego a bienes de consumo durables (automotores, motos, electrodomésticos) que tienen que ver con las expectativas de ingresos futuros, lo mismo que algunos servicios (turismo, restaurantes). La cadena de pagos rota afecta desde los productores, a los molineros, empresas constructoras, alimenticias, lácteas, aceiteras y generadoras eléctricas, las que a su vez se atrasan en los pagos al Estado, lo mismo que éste en el cumplimiento de los contratos. Todo ello en un contexto de fuerte incremento de las tasas de interés.Por ejemplo, firmas aceiteras y exportadores de granos como Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General Deheza, Nidera y Molinos Río de la Plata, entre otras, se vieron obligadas a asumir el costo económico de un esquema de compensación entre privados, sin participación estatal.

El sistema de compensaciones que se implementó luego de las retenciones móviles no funciona en los plazos fijados originariamente, ya que ONCCA no liquida a los 15 días, como se había establecido, ni antes del mes y medio. De este modo, aún hay órdenes de marzo que no se efectivizaron. Ahí surgió la idea privada de cubrir esas devoluciones.
Según la oferta oficial, se aseguraría a los pequeños productores un techo del 30% o del 35% en el descuento, porque a los treinta días le pagarían la diferencia. ONCAA no cumplió esos plazos. 
Tampoco se respetó el espíritu de la resolución 21/08, según la cual las retenciones se calculan en el precio FAS -que es el que cobra el productor luego de aplicadas las retenciones- y no el valor FOB, que es el precio internacional. 
Por ejemplo: si la soja se cotizase en 600 dólares y la retención fuera del 50%, el productor cobraría por la venta US$ 300. A la hora de cobrar los reintegros, la diferencia a su favor sería del 20 %, es decir, US$ 120. Ricardo Echegaray dispuso pagar el 20 % de US$ 300, es decir, US$ 60.