Congreso: ¿más proteccionista, pero menos afín al sector privado?
El parlamento que asumirá el 20 de enero tal vez sea más duro en materia comercial, especialmente ante China y Latinoamérica. Pero no será tan pro negocios ni globalización de mercados como el actual.
El control demócrata sobre ambas cámaras, tras seis años de predominio republicano, puede ser mala noticia para acuerdos bilaterales (tipo “fast track”) con países chicos. En particular el patio trasero –Centroamérica, Caribe-, Perú, Colombia o Uruguay.
Pero el peor revés pueden sufrirlo los estamentos más ricos de Estados Unidos, sus dividendos bursátiles y muchas empresas grandes, con las petroleras al frente. Existe una alianza de facto entre liberales –en el sentido anglosajón del término- demócratas y republicanos contra el triple paquete de rebajas tributarias (US$ 2,45 billones entre 2001 y 2012). Este grupo se divide en intransigentes, que quieren dejar sin efecto todas esas prebendas, y moderados, que abogan por dejarlas caer al vencer cada paquete en 2010, 2011 y 2012.
Por supuesto, los demócratas están ya elaborando un programa mínimo: aumentar el salario mínimo, restringir remuneraciones a ejecutivos, elevar impuestos y eliminar incentivos a grandes sociedades –empezando por la explotación de hidrocarburos en el golfo de Méjico-, frenar el abuso de despidos como método para restructurar empresas y buscar formas de impedir que Detroit termine de desplomarse.
Nancy Pelosi, la mujer más poderosa de Estados Unidos desde enero, presidirá la cámara de representantes y quedará bajo el vicepresidente Richard Cheney (cuya estrella se apaga) en la sucesión o el reemplazo constitucional de George W.Bush. Incidentalmente, Cheney operaba por cuenta de Halliburton y el “lobby” petrolero en Washington.
Pelosi ya le ha planteado a Bush que, entre sus prioridades ajenas a Irak, figura ”acabar con los regalos tributarios” a petroleras y otras firmas, negociar los precios de farmoquímicos (su meta es acercarse al ejemplo canadiense) y “limitar remuneraciones a ejecutivos mientras sus empresas despiden gente y cierran fábricas en EE.UU.” Esta dirigente también crítica el avance de Toyota y otras automotrices orientales en estados donde no se pagan buenos salarios.
El libre comercio ha sido blanco en muchas campañas de legisladores demócratas (y republicanos). En estrecha conexión, también se ha atacado la tercerización de mano obra industrail y de servicios (informática, centros de llamadas), que favorece a India, China, Europa oriental y Latinoamérica. En lo tocante al intercambio, la facultad presidencial de pasar acuerdos sin enmiendas (“fast track”) expira en julio próximo y no se le ven posibilidades de renovarla, como quería Bush.
Un frente complicado es la ley Sarbanes-Oxley, sancionada en 2002 para impedir abusos y fraudes contables. En principio, un cabildeo de contadores y abogados ha conseguido que la Securities & exchange commision (comisión de valores) revisar en diciembre algunos aspectos instrumentales. Pero no de fondo.
Finalmente, está el asunto de los combustibles alternativos, en particular el etanol, ligado al mercado del maíz en EE.UU. Por una parte, los democratas quieren una legislación más claramente favorable a esos combustibles y a formas no convencionales de energía. Sus opositores combinan al decadente “lobby” de Detroit con los usuarios industriales de maíz como insumo en alimentos humanos y animales.
El control demócrata sobre ambas cámaras, tras seis años de predominio republicano, puede ser mala noticia para acuerdos bilaterales (tipo “fast track”) con países chicos. En particular el patio trasero –Centroamérica, Caribe-, Perú, Colombia o Uruguay.
Pero el peor revés pueden sufrirlo los estamentos más ricos de Estados Unidos, sus dividendos bursátiles y muchas empresas grandes, con las petroleras al frente. Existe una alianza de facto entre liberales –en el sentido anglosajón del término- demócratas y republicanos contra el triple paquete de rebajas tributarias (US$ 2,45 billones entre 2001 y 2012). Este grupo se divide en intransigentes, que quieren dejar sin efecto todas esas prebendas, y moderados, que abogan por dejarlas caer al vencer cada paquete en 2010, 2011 y 2012.
Por supuesto, los demócratas están ya elaborando un programa mínimo: aumentar el salario mínimo, restringir remuneraciones a ejecutivos, elevar impuestos y eliminar incentivos a grandes sociedades –empezando por la explotación de hidrocarburos en el golfo de Méjico-, frenar el abuso de despidos como método para restructurar empresas y buscar formas de impedir que Detroit termine de desplomarse.
Nancy Pelosi, la mujer más poderosa de Estados Unidos desde enero, presidirá la cámara de representantes y quedará bajo el vicepresidente Richard Cheney (cuya estrella se apaga) en la sucesión o el reemplazo constitucional de George W.Bush. Incidentalmente, Cheney operaba por cuenta de Halliburton y el “lobby” petrolero en Washington.
Pelosi ya le ha planteado a Bush que, entre sus prioridades ajenas a Irak, figura ”acabar con los regalos tributarios” a petroleras y otras firmas, negociar los precios de farmoquímicos (su meta es acercarse al ejemplo canadiense) y “limitar remuneraciones a ejecutivos mientras sus empresas despiden gente y cierran fábricas en EE.UU.” Esta dirigente también crítica el avance de Toyota y otras automotrices orientales en estados donde no se pagan buenos salarios.
El libre comercio ha sido blanco en muchas campañas de legisladores demócratas (y republicanos). En estrecha conexión, también se ha atacado la tercerización de mano obra industrail y de servicios (informática, centros de llamadas), que favorece a India, China, Europa oriental y Latinoamérica. En lo tocante al intercambio, la facultad presidencial de pasar acuerdos sin enmiendas (“fast track”) expira en julio próximo y no se le ven posibilidades de renovarla, como quería Bush.
Un frente complicado es la ley Sarbanes-Oxley, sancionada en 2002 para impedir abusos y fraudes contables. En principio, un cabildeo de contadores y abogados ha conseguido que la Securities & exchange commision (comisión de valores) revisar en diciembre algunos aspectos instrumentales. Pero no de fondo.
Finalmente, está el asunto de los combustibles alternativos, en particular el etanol, ligado al mercado del maíz en EE.UU. Por una parte, los democratas quieren una legislación más claramente favorable a esos combustibles y a formas no convencionales de energía. Sus opositores combinan al decadente “lobby” de Detroit con los usuarios industriales de maíz como insumo en alimentos humanos y animales.
