Confusa actitud del Gobierno frente al paro
De la Rúa afirmó que la huelga "sin duda tiene una clara ilegalidad", mientras Colombo descartó que el Gabinete evalúe declararla inconstitucional. La CTA garantizó los servicios mínimos.
Las declaraciones efectuadas hoy (martes 21) desde el Gobierno, con respecto de la legalidad del paro nacional por 36 horas convocado para el próximo jueves, fueron poco claras y hasta contradictorias, al tiempo que el sindicalismo salió a defender su posición y a ratificar la medida.
El jefe del Gabinete, Chrystian Colombo respondió que “no se habló de esa posibilidad”, cuando se le preguntó si el Ejecutivo podría declarar ilegal la medida de fuerza, mientras el mismo presidente Fernando de la Rúa había afirmado que esa opción la estaba “considerando el gabinete”, según información suministrada por la agencia DYN.
Además el Presidente aseguró que el paro “sin duda tiene una clara ilegalidad, porque la causa por la que se lo convocó ha desaparecido”, y consideró como “un contrasentido” la huelga que, dijo, responde a “intereses de la dirigencia sindical”.
Asimismo, a primera hora de la mañana el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, no había descartado que la opción de considerar la huelga como ilegal fuera considerara, basándose en que fue convocada “para protestar por la presencia en el país de representantes de organismos financieros internacionales, pero al no haberse producido”, ese argumento quedó, a su entender, “viciado”.
Colombo advirtió también que las “amenazas de cortes de ruta o de piquetes” sí están fuera del marco de la ley.
“Una cosa es el derecho de huelga y otra cosa es el derecho a producir cortes de ruta, a generar grupos de piqueteros o disturbios. El derecho de huelga es un derecho que constitucionalmente tenemos todos, lo que no tenemos derecho es a los desmanes, eso es lo que es ilegal”, afirmó.
Al término de la reunión que mantuvieron lo ministros, que se realizó en la sede de la ex Somisa, el jefe del Gabinete sostuvo, además, que durante el encuentro se analizaron las medidas que tomará el Gobierno para garantizar las prestaciones mínimas de servicios, “para la gente que quiera trabajar” y no adhiere a la huelga.
El viernes último, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, dictó una resolución por la cual notificó a gremios y empresarios que deben brindar servicios mínimos durante la medida de fuerza, y que en caso contrario será esa cartera la que dispondrá el cumplimiento de los mismos.
Mientras tanto, La CTA había calificado de “inconstitucional” y “represivo” tal resolución, aunque ese gremio aseguró que “garantizará” el funcionamiento de los servicios mínimos.
La central encabezada por Víctor de Gennaro, en un comunicado, aseveró que “el Gobierno desconoce la jurisprudencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) –tal como lo indica el decreto 843– que niega la facultad del Estado para extender a esas actividades el concepto de servicio esencial”.
El titular de la CGT oficial, Rodolfo Daer, quien había condicionado el levantamiento del paro por 24 horas del viernes a que se retire la reforma jubilatoria, sostuvo que, si bien “siguen existiendo conversaciones” entre los gremios y el Gobierno, el diálogo “no apunta ya a esta altura a tratar de que el paro no exista, sino simplemente a las emergencias en los distintos sectores del sector publico”.
Por su parte, el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, Héctor Tilve, afirmó que el próximo viernes los colectivos “saldrán a trabajar con el personal que se presente”, aunque no garantiza la prestación del “servicio mínimo”, debido a que “ya ha habido agresiones a diversas unidades”, que provocaron el temor en los propietarios de unidades y sus empleados, a pesar de las medidas de seguridad prometidas por el Gobierno a través de su ministerio del Interior.
Las declaraciones efectuadas hoy (martes 21) desde el Gobierno, con respecto de la legalidad del paro nacional por 36 horas convocado para el próximo jueves, fueron poco claras y hasta contradictorias, al tiempo que el sindicalismo salió a defender su posición y a ratificar la medida.
El jefe del Gabinete, Chrystian Colombo respondió que “no se habló de esa posibilidad”, cuando se le preguntó si el Ejecutivo podría declarar ilegal la medida de fuerza, mientras el mismo presidente Fernando de la Rúa había afirmado que esa opción la estaba “considerando el gabinete”, según información suministrada por la agencia DYN.
Además el Presidente aseguró que el paro “sin duda tiene una clara ilegalidad, porque la causa por la que se lo convocó ha desaparecido”, y consideró como “un contrasentido” la huelga que, dijo, responde a “intereses de la dirigencia sindical”.
Asimismo, a primera hora de la mañana el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, no había descartado que la opción de considerar la huelga como ilegal fuera considerara, basándose en que fue convocada “para protestar por la presencia en el país de representantes de organismos financieros internacionales, pero al no haberse producido”, ese argumento quedó, a su entender, “viciado”.
Colombo advirtió también que las “amenazas de cortes de ruta o de piquetes” sí están fuera del marco de la ley.
“Una cosa es el derecho de huelga y otra cosa es el derecho a producir cortes de ruta, a generar grupos de piqueteros o disturbios. El derecho de huelga es un derecho que constitucionalmente tenemos todos, lo que no tenemos derecho es a los desmanes, eso es lo que es ilegal”, afirmó.
Al término de la reunión que mantuvieron lo ministros, que se realizó en la sede de la ex Somisa, el jefe del Gabinete sostuvo, además, que durante el encuentro se analizaron las medidas que tomará el Gobierno para garantizar las prestaciones mínimas de servicios, “para la gente que quiera trabajar” y no adhiere a la huelga.
El viernes último, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, dictó una resolución por la cual notificó a gremios y empresarios que deben brindar servicios mínimos durante la medida de fuerza, y que en caso contrario será esa cartera la que dispondrá el cumplimiento de los mismos.
Mientras tanto, La CTA había calificado de “inconstitucional” y “represivo” tal resolución, aunque ese gremio aseguró que “garantizará” el funcionamiento de los servicios mínimos.
La central encabezada por Víctor de Gennaro, en un comunicado, aseveró que “el Gobierno desconoce la jurisprudencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) –tal como lo indica el decreto 843– que niega la facultad del Estado para extender a esas actividades el concepto de servicio esencial”.
El titular de la CGT oficial, Rodolfo Daer, quien había condicionado el levantamiento del paro por 24 horas del viernes a que se retire la reforma jubilatoria, sostuvo que, si bien “siguen existiendo conversaciones” entre los gremios y el Gobierno, el diálogo “no apunta ya a esta altura a tratar de que el paro no exista, sino simplemente a las emergencias en los distintos sectores del sector publico”.
Por su parte, el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, Héctor Tilve, afirmó que el próximo viernes los colectivos “saldrán a trabajar con el personal que se presente”, aunque no garantiza la prestación del “servicio mínimo”, debido a que “ya ha habido agresiones a diversas unidades”, que provocaron el temor en los propietarios de unidades y sus empleados, a pesar de las medidas de seguridad prometidas por el Gobierno a través de su ministerio del Interior.
