La experiencia de congelamientos similares, como los de la electricidad en el AMBA, demuestra que esto lleva fatalmente al deterioro en la calidad del servicio y a subsidios financiados con emisión que traen más inflación, advierte el último informe de la consultora IDESA.
Con un Decreto de Necesidad de Urgencia, titulado “Argentina Digital”, el gobierno nacional estableció que las conexiones de Internet y la telefonía móvil son servicios públicos esenciales. Con este encuadre legal, el Estado regulará una prestación básica universal y obligatoria y controlará los precios. En simultáneo, se estableció un congelamiento de tarifas de estos servicios más los de televisión por cable hasta diciembre.
Dada la importancia cada vez más estratégica de la conectividad digital es pertinente categorizarla como un servicio esencial para aumentar la calidad y la accesibilidad. Para lograr este objetivo es fundamental tener mucho cuidado en el diseño de las regulaciones y el profesionalismo y transparencia en su aplicación.
Distinto es el caso cuando las intervenciones buscan usar las tarifas con fines antiinflacionarios. Un caso paradigmático es la manipulación de las tarifas eléctricas para contener la inflación y aparentar benevolencia con los presupuestos familiares.
Las intervenciones del Estado nacional sobre el servicio de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el período 2003 – 2015 son muy aleccionadoras. Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se observa que:
- Las tarifas residenciales se ajustaron, en este período, en un 36% lo que implicó una licuación del 86% en términos reales por efecto de la inflación.
- Los subsidios del Estado nacional a las empresas eléctricas para compensar por este atraso tarifario pasaron de cero a $511 mil millones por año a precios actuales.
- Los reclamos de los usuarios pasaron de 56 a 1.889 por día.
Estos datos muestran que el atraso tarifario conlleva al deterioro en la calidad de los servicios y a la utilización de fondos públicos para subsidiarlos. La razón es que cuando el Estado impone una tarifa artificialmente baja, las empresas naturalmente tienden a compensar recortando el plan de inversiones lo que deteriora la calidad del servicio aumentando los reclamos y las presiones por subsidios. Los subsidios no resuelven el problema porque las empresas prestatarias pasan a poner más energía en congraciarse con el burócrata que los reparte que en darle buenos servicios a sus clientes.
La política de subsidios a los servicios de electricidad ofrece varias enseñanzas. La primera es que manipular tarifas es un pésimo instrumento para controlar la inflación. Puede moderar transitoriamente el aumento en el nivel general de los precios, pero en algún momento llega el sinceramiento. Esto resulta traumático porque trae aumentos atrasados acumulados y porque los usuarios se acostumbran y se organizan en función de las tarifas artificialmente bajas.
Pero, además, como la falta de inversiones pone en riesgo la continuidad de los servicios, el Estado termina otorgando subsidios que se financian con más emisión monetaria lo que, tarde o temprano, se traduce en más inflación.
Pero además de su efecto inflacionario, la manipulación de las tarifas deteriora la calidad de los servicios. El explosivo aumento en los reclamos de los usuarios con los controles sobre las tarifas de electricidad en el período 2003 – 2015 es muy contundente. La experiencia también señala que el sinceramiento tarifario resulta políticamente muy costoso y no restituye de manera inmediata la calidad del servicio. En el 2018 hubo menos reclamos por cortes de electricidad, pero seguían siendo altos en el orden de los 1.503 diarios.
Resulta muy pertinente plantear una “Argentina Digital” como se denomina el decreto. Pero, como lo demuestra la experiencia en el sector eléctrico, manipulando tarifas los resultados serán los contrarios. En lugar de desalentar las inversiones es fundamental promoverlas para que, por ejemplo, la mitad de los hogares pobres que no tiene conexión a Internet la tengan (https://idesa.org/mitad-de-los-estudiantes-pobres-no-tiene-computadora-en-su-casa/) o las empresas que exportan servicios digitales amplíen su capacidad para generar divisas.
Esto se logra con regulaciones que aumenten la competencia, la transparencia en el mercado y la protección al consumidor. Si hay subsidios, usarlos para dar conectividad a las familias pobres en lugar de congelar tarifas para que los porteños tengan Internet y servicio de celular más baratos, como ocurre con la luz, el gas y el transporte urbano.
