La Nación interviene decisivamente en la negociación de los salarios docentes pero aporta una porción marginal y cada vez más pequeña de las remuneraciones. Este esquema potencia la conflictividad, llegando a la irracionalidad de que en las provincias donde se acordaron aumentos con los sindicatos tampoco se iniciaron las clases, concluye el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa), en su boletín 538.
La paritaria docente nacional que lleva adelante el Estado nacional y los cinco sindicatos nacionales nuevamente fracasó. Se repite una constante de los últimos años que es la disrupción del inicio de clases en la educación pública.
En esta ocasión se dio la paradoja de que las huelgas se extendieron a jurisdicciones donde ya se habían acordado con las entidades sindicales los incrementos de remuneraciones para el año 2014.
La paritaria nacional fue impuesta por la Ley de Financiamiento Educativo del año 2006.
Antes, cada provincia manejaba su propia negociación salarial en congruencia con el hecho de que la educación básica es su responsabilidad.
El objetivo de la paritaria nacional es fijar un piso salarial financiado con el aporte de fondos nacionales a través de la Compensación Salarial Docente a favor de las provincias con remuneraciones más bajas.
Estas transferencias se suman al aporte que la Nación ya viene efectuando a las provincias desde el año 1998 a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Dada esta lógica de la ley, resulta pertinente evaluar entonces la magnitud del aporte que hace la Nación.
Según datos del Ministerio de Educación referidos al cargo de maestro de primaria con dedicación simple y 10 años de antigüedad se observa que:
- En 17 provincias, el Estado nacional paga sólo el FONID, que actualmente asciende a $255 por docente, lo que representa, en promedio, un 4,5% del salario docente.
- En las 7 provincias restantes, paga adicionalmente la Compensación Salarial Docente elevando el aporte a $871 por docente lo que representa 17,5% del salario docente.
- De esta forma, la Nación paga en promedio apenas un 7% del salario docente.
Estos datos muestran que la Nación se hace cargo de una porción marginal del salario docente.
Por ello, es un contrasentido que asuma un rol protagónico en la paritaria. Más aun cuando el aporte que hace la Nación es cada vez más reducido.
En 2006, con fondos nacionales se cubría aproximadamente 13% del salario docente. O sea, desde que se creó la paritaria nacional, el financiamiento de la Nación se redujo a casi la mitad.
El esquema de negociación salarial adoptado en el año 2006 tiene bajo sustento técnico y alto contenido demagógico.
En la práctica, no garantiza un piso salarial aceptado y contribuye a exacerbar la conflictividad potenciando la degradación del sistema educativo.
La prueba más evidente es que, desde el año 2012, las negociaciones fracasan y el Poder Ejecutivo Nacional termina imponiendo el salario piso con el rechazo de los sindicatos docentes nacionales.
Tampoco resulta útil este esquema para avanzar en otros temas importantes para la gestión educativa como el ausentismo docente o los docentes “taxi”.
El artículo 5° de la Constitución Nacional es extremadamente claro al fijar el mandato de que las provincias son las responsables de la educación básica.
Por respeto a la legalidad y al sentido común es altamente recomendable entonces desarticular la paritaria nacional. Se debe volver al esquema federal donde cada provincia negocia las remuneraciones y demás condiciones laborales de sus docentes.
El fracaso de la paritaria nacional no implica que la Nación se tenga que desentender de la educación básica. Por el contrario, puede buscar mecanismos de intervención alternativos.
En lugar de potenciar la conflictividad, los paros y la degradación, la Nación podría apoyar y acompañar financieramente a las provincias que tomen medidas eficaces en reducción de deserción escolar, repitencia y baja calidad de la enseñanza.
De esta manera haría una contribución a la educación sin violentar la Constitución Nacional.
Un ejemplo concreto de lo inútil y pernicioso que resulta la paritaria nacional fue la intención (fracasada) de combatir el flagelo del alto ausentismo docente. Discutir el pago por presentismo en la paritaria nacional fue inconducente y exacerbó la conflictividad.
Una estrategia alternativa podría haber sido utilizar los recursos nacionales para financiar a las provincias que efectivamente reduzcan el ausentismo docente.
De esta forma, la Nación induciría a las provincias –responsables constitucionales de la educación primaria y secundaria– a adoptar las acciones que mejoran la gestión de la educación.
