Colombia, las multinacionales y los derechos civiles
Una demanda colectiva contra la minera Drummond ha sido radicada ante el tribunal federal de Alabama. Atañe a presuntas transgresiones en Colombia, o sea fuera de Estados Unidos, algo que se dirime por vez primera en el fuero.
La causa involucra a esa compañía y su cooperación con los paramilitares derechistas colombianos en 2001. El objeto era liquidar tres gremialistas en la mina de La loma, molestos para la firma, según reveló nadie menos que el “Wall Street journal” en 2003.
Este asunto encabeza una lista de casos contra multinacionales, basados en una ley -¡de 1789!-, conocida como de agravios en el extranjero (“alien tort claims act”, ATCA). El mismo año de la revolución francesa, legisladores norteamericanos se proponían realmente luchar contra la piratería, pero el instrumento creado se anticipaba a problemas y abusos de dos siglos después.
En la actualidad, permite a ciudadanos nacionales o extranjeros demandar en tribunales estadounidenses a empresas que violen tratados o el propio derecho internacional. Desde hace algún tiempo, pues, grupos de derechos civiles y otros activistas han comenzado a esgrimir esa ley para querellar a gigantes como Exxon Mobil (contaminación marina), Bridgestone (minería).
Naturalmente, entidades empresarias y sus “lobbies” en EE.UU. sostienen que ese tipo de demandas no debiera plantearse en el país. Máxime si implican a estados, como Colombia, incondicionales de Washington. A su vez, los paramilitares cuentan con apoyos en Bogotá (abierto) y el Pentágono (discreto).
Por cierto, el gobierno de George W.Bush ha intervenido algunas veces para neutralizar querellas tipo ATCA, con dos argumentos pragmáticos: perturban la política exterior y hacen a hechos ocurridos muy lejos de EE.UU. Pero Colombia está bastante más cerca que Irak, Afganistán, Darfur o Somalía y, además, existen precedentes. En 2004, la petrolera UnoCal llegó a acuerdo extrajudicial en un caso que afectada el tendido de un gasoducto en Birmania (claro, un estado mal visto por Washington).
La demanda contra Drummond fue interpuesta en 2002 –antes de que lo revelara el WSJ- por un gremio norteamericano y familias de los gremialistas asesinados. La litis es llevada por abogados del fondo internacional de derechos laborales, el sindicato de trabajadores minerometalúrgicos estadounidenses y otros. Por supuestos, el gobierno colombiano no forma parte de esa coalición.
La causa involucra a esa compañía y su cooperación con los paramilitares derechistas colombianos en 2001. El objeto era liquidar tres gremialistas en la mina de La loma, molestos para la firma, según reveló nadie menos que el “Wall Street journal” en 2003.
Este asunto encabeza una lista de casos contra multinacionales, basados en una ley -¡de 1789!-, conocida como de agravios en el extranjero (“alien tort claims act”, ATCA). El mismo año de la revolución francesa, legisladores norteamericanos se proponían realmente luchar contra la piratería, pero el instrumento creado se anticipaba a problemas y abusos de dos siglos después.
En la actualidad, permite a ciudadanos nacionales o extranjeros demandar en tribunales estadounidenses a empresas que violen tratados o el propio derecho internacional. Desde hace algún tiempo, pues, grupos de derechos civiles y otros activistas han comenzado a esgrimir esa ley para querellar a gigantes como Exxon Mobil (contaminación marina), Bridgestone (minería).
Naturalmente, entidades empresarias y sus “lobbies” en EE.UU. sostienen que ese tipo de demandas no debiera plantearse en el país. Máxime si implican a estados, como Colombia, incondicionales de Washington. A su vez, los paramilitares cuentan con apoyos en Bogotá (abierto) y el Pentágono (discreto).
Por cierto, el gobierno de George W.Bush ha intervenido algunas veces para neutralizar querellas tipo ATCA, con dos argumentos pragmáticos: perturban la política exterior y hacen a hechos ocurridos muy lejos de EE.UU. Pero Colombia está bastante más cerca que Irak, Afganistán, Darfur o Somalía y, además, existen precedentes. En 2004, la petrolera UnoCal llegó a acuerdo extrajudicial en un caso que afectada el tendido de un gasoducto en Birmania (claro, un estado mal visto por Washington).
La demanda contra Drummond fue interpuesta en 2002 –antes de que lo revelara el WSJ- por un gremio norteamericano y familias de los gremialistas asesinados. La litis es llevada por abogados del fondo internacional de derechos laborales, el sindicato de trabajadores minerometalúrgicos estadounidenses y otros. Por supuestos, el gobierno colombiano no forma parte de esa coalición.
