Tras las declaraciones, publicadas el martes por La Nación, del senador justicialista que reconoció haber recibido coimas para la aprobación de la reforma laboral, y que hoy (jueves 31) el mismo diario identificó como Emilio Cantarero, un nuevo capítulo se inauguró en el Congreso.
Mientras Cantarero, senador justicialista por Salta, pedía hoy, a través de su esposa y mediante una un breve escrito, “comprensión” a los periodistas por su decisión de mantenerse recluido en su domicilio y entendimiento por no enfrentarlos, el presidente del bloque, Augusto Alasino, informaba sobre una denuncia que se elevará a la justicia raíz de la acusación de La Nación.
El legislador precisó que la demanda será contra la periodista que habría tenido el diálogo con Cantarero y no pudo indicar si incluirá al diario que publicó la nota, porque cree que “no corresponde porque los periodistas que firman son los responsables” de sus artículos.
A su vez, el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Fernando de Santibañes, intimó a Cantarero a que “en el plazo de 24 horas” aclare si lo involucró en el supuesto pago de coimas.
En una carta, distribuida en Casa de Gobierno, el jefe de la Side reclamó al senador que “especifique” si “afirma o afirmó la existencia de alguna intervención y/o participación del suscripto en tales hipotéticos sucesos” y le advirtió que podría iniciarle “las acciones civiles y penales que correspondieran”.
Por su parte, la CGT de Hugo Moyano solicitó a un grupo de senadores disidentes del bloque del PJ, entre los se encuentra Hector Maya, la suspensión de la reforma laboral hasta tanto la justicia se expida sobre el caso.
La investigación por sospechas de soborno en el Senado es una posibilidad para “sanear definitivamente la política” en la Argentina, señaló el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno.
“Yo tengo confianza en que el juez (federal Carlos) Liporaci investigue esto como corresponde y tengo mucha confianza en el periodismo investigativo, que está cumpliendo un rol cada vez más importante”, agregó el funcionario.
Refiriéndose también a la investigación, el senador justicialista Jorge Yoma volvió a hacer hincapié sobre las cuentas del Estado, para determinar si existieron desvíos de fondos públicos.
Así, el senador riojano volvió a poner el acento en la responsabilidad del gobierno en las sospechas por el supuesto pago de coimas a senadores, y pidió que “veamos los libramientos que hizo en esos días la Tesorería General de la Nación, la transferencia de partidas”, como así también “aquellas cuentas reservadas de la Side y de varios ministerios”.
“Ahí vamos a comenzar un trabajo serio de investigación”, manifestó el senador en declaraciones a radio América.
Tras las declaraciones, publicadas el martes por La Nación, del senador justicialista que reconoció haber recibido coimas para la aprobación de la reforma laboral, y que hoy (jueves 31) el mismo diario identificó como Emilio Cantarero, un nuevo capítulo se inauguró en el Congreso.
Mientras Cantarero, senador justicialista por Salta, pedía hoy, a través de su esposa y mediante una un breve escrito, “comprensión” a los periodistas por su decisión de mantenerse recluido en su domicilio y entendimiento por no enfrentarlos, el presidente del bloque, Augusto Alasino, informaba sobre una denuncia que se elevará a la justicia raíz de la acusación de La Nación.
El legislador precisó que la demanda será contra la periodista que habría tenido el diálogo con Cantarero y no pudo indicar si incluirá al diario que publicó la nota, porque cree que “no corresponde porque los periodistas que firman son los responsables” de sus artículos.
A su vez, el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Fernando de Santibañes, intimó a Cantarero a que “en el plazo de 24 horas” aclare si lo involucró en el supuesto pago de coimas.
En una carta, distribuida en Casa de Gobierno, el jefe de la Side reclamó al senador que “especifique” si “afirma o afirmó la existencia de alguna intervención y/o participación del suscripto en tales hipotéticos sucesos” y le advirtió que podría iniciarle “las acciones civiles y penales que correspondieran”.
Por su parte, la CGT de Hugo Moyano solicitó a un grupo de senadores disidentes del bloque del PJ, entre los se encuentra Hector Maya, la suspensión de la reforma laboral hasta tanto la justicia se expida sobre el caso.
La investigación por sospechas de soborno en el Senado es una posibilidad para “sanear definitivamente la política” en la Argentina, señaló el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno.
“Yo tengo confianza en que el juez (federal Carlos) Liporaci investigue esto como corresponde y tengo mucha confianza en el periodismo investigativo, que está cumpliendo un rol cada vez más importante”, agregó el funcionario.
Refiriéndose también a la investigación, el senador justicialista Jorge Yoma volvió a hacer hincapié sobre las cuentas del Estado, para determinar si existieron desvíos de fondos públicos.
Así, el senador riojano volvió a poner el acento en la responsabilidad del gobierno en las sospechas por el supuesto pago de coimas a senadores, y pidió que “veamos los libramientos que hizo en esos días la Tesorería General de la Nación, la transferencia de partidas”, como así también “aquellas cuentas reservadas de la Side y de varios ministerios”.
“Ahí vamos a comenzar un trabajo serio de investigación”, manifestó el senador en declaraciones a radio América.
