Los más perjudicados por esta problemática son aquellas variables asociadas a un valor nominal que no prevén ningún tipo de ajuste frente a la inflación. Es el caso de la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares contributivas, así como los impuestos que se calculan sobre montos fijos (Impuesto a las Ganancias, Monotributo, Bienes Personales, etc.), señala en el ISE 966 Ecolatina.
En el actual contexto de nominalidad creciente es deseable encontrar mecanismos automáticos (no discrecionales) que mitiguen los rezagos de ciertas variables nominales, en pos de reducir inequidades y evitar atrasos mayores. Pero esto es sólo un paliativo: la única solución de fondo es un plan explícito y consistente para bajar la inflación.
La incompatibilidad de ingresos fijos
En los últimos siete años, la inflación superó el dígito promediando 23% anual durante 2007-2013[1], convirtiéndose en uno de los principales escollos de la economía. Ésta redujo el grado de previsibilidad de los agentes, desincentivó la inversión y, al utilizarse como ancla nominal el tipo de cambio y las tarifas, generó un marcado desequilibrio de precios relativos.
Sin embargo, la verdadera problemática de este proceso es que en un esquema de inflación elevada no todas las variables nominales suben al mismo ritmo.
Los distintos sectores se valen de herramientas disímiles que, según su capacidad de ajuste, los deja más o menos expuestos a los incrementos de los precios, generando distorsiones e inequidades.
El impacto negativo de la inflación estuvo agravado por la sistemática subestimación del problema por parte del gobierno, que informó una inflación claramente por debajo de la real (de acuerdo al INDEC entre 2007-2013 la inflación promedió 9,4% anual). Esto no ayudó a su correcto diagnóstico y, por lo tanto a un tratamiento adecuado de la misma.
Además, incrementó la incertidumbre y sumó un factor de propagación producto de la descoordinación de las expectativas: sin un termómetro creíble de la inflación se destruyó la principal referencia objetiva que las distintas variables nominales toman de referencia.
La situación actual corre con la ventaja de que el INDEC parecería estar sincerando las estadísticas públicas, o al menos realizando un reconocimiento parcial de la misma.
Más allá de que todavía subsisten dudas acerca de las cifras de inflación del IPCNu (la información sigue siendo incompleta e imprecisa), ello resulta un avance sobre el proceso de formación de precios y el ajuste del resto de las variables nominales.
Sin embargo, la aceleración de la inflación en el arranque del año (en el primer trimestre acumuló 13%) dejó muy expuesta la divergencia entre las distintas variables nominales, con preocupantes casos como la AUH y las jubilaciones.
Con más o menos herramientas de indexación
En numerosas oportunidades hicimos referencia al problema de la nominalidad ascendente, es decir al riesgo de que se acelere la carrera entre el tipo de cambio, precios y salarios a niveles preocupantes (ver ISE N° 955). En el marco de esta carrera nominal, es posible que muchas variables queden rezagadas, en tanto no existe en nuestra economía un esquema pleno y automático de indexación de las mismas.
El caso más representativo de esta problemática son los beneficios sociales que otorgan un monto nominal fijo que no prevé ningún tipo de ajuste ante variaciones de precios.
El caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es un muy buen ejemplo: en junio del año pasado el Ejecutivo decretó un aumento de 35,3% de la AUH (a $ 460) que significó una ganancia de 31,5% en términos reales (tomando los precios de nuestra Canasta Básica Alimenticia como referencia). Sin embargo, la no actualización del monto nominal junto con la aceleración de la inflación en los últimos nueve meses evaporó la recomposición lograda.
De manera análoga sucede con las asignaciones familiares contributivas: con topes sobre los salarios fijados nominalmente, la aceleración de la inflación va deteriorando dichos montos, excluyendo cada vez más familias de la prestación.
La mayor parte de las prestaciones que ofrece el Estado dirigidas a los sectores más relegados están carentes de algún esquema de ajuste nominal automático. Precisamente, en una economía como la nuestra que convive desde hace varios años con elevados niveles de inflación (y en aceleración), fijar valores nominales implica licuar gastos en términos reales.
La discrecionalidad del Ejecutivo en la que quedan sumidas las erogaciones afecta también a los agentes por el lado de los impuestos y tarifas. Una parte de los tributos que recauda el Sector Público Nacional se calculan en base a montos nominales que si en un contexto inflacionario no se modifican, implican elevar la presión fiscal.
Los casos actuales son el Impuesto a las Ganancias (su alcance a los trabajadores en relación de dependencia llegó a niveles elevados en 2013, tras dos años sin ajuste) y el Impuesto Interno a los automóviles (inicialmente buscaba gravar automóviles de alta gama a partir de un precio de fábrica superior a los $ 170.000, pero la devaluación elevó los costos ampliando los modelos involucrados). Pero existen tributos análogos que generan similares distorsiones (Bienes Personales, Monotributo, etc.).
La consecuencia más grave de ello es el aumento de la presión tributaria, que no sólo socava el poder adquisitivo de los trabajadores sino también la rentabilidad real de las firmas. Con una inflación mayor al 30%, las ganancias empresariales deben superar dicho guarismo para percibir una mejora real y lidiar a su vez con el crecimiento de los costos impositivos.
Con respecto a los servicios públicos, desde la Ley de Emergencia Económica (2002) el Ejecutivo congeló las tarifas, lo que hizo crecer exponencialmente a los subsidios para compensar las pérdidas de las compañías cuyos costos de producción subían por la inflación.
En una situación menos endeble están aquellos sectores que gozan de ciertas herramientas para ajustar sus ingresos ante la suba generalizada de los precios, aunque la cobertura sea imperfecta.
Tal es el caso del haber jubilatorio (depende de la evolución de los salarios registrados y la recaudación de la ANSES). Sin embargo, la aceleración de la inflación en los últimos meses puso en evidencia las limitaciones de este esquema: para marzo se anunció un aumento de 11,3% del haber, cuando la inflación del trimestre alcanzó 13% y el próximo ajuste llegará en septiembre (salvo que el Ejecutivo aplique el aumento extra demandado).
Algo similar ocurre con las paritarias. En este ámbito los acuerdos salariales quedan relegados al poder de negociación de cada gremio y al nivel de empleo (la preocupación en torno a la conservación de los puestos de trabajo puede moderar los reclamos salariales).
De todas formas, ni siquiera los ingresos de los trabajadores formales tienen garantizado un incremento por encima de la inflación: el año pasado sólo algunos gremios pudieron aumentar el poder adquisitivo de sus asalariados. Lo más probable para este año es que la aceleración de la inflación y la caída de la actividad económica induzcan una pérdida del poder adquisitivo, que puede acotarse si el Mínimo No Imponible sube significativamente.
Por último el panorama es más desalentador para los trabajadores informales (representan un tercio de la fuerza laboral). Sin el paraguas sindical quedan excluidos de las negociaciones salariales y su capacidad de ajustar al alza sus ingresos es acotada en un contexto recesivo[2].
Plan antiinflacionario
La inflación afecta al conjunto de las variables nominales, pero no tiene un impacto homogéneo sobre ellas. Esta problemática toma una mayor relevancia en el actual contexto de aceleración de los precios internos: en una economía con alta inflación, el ajuste desparejo del resto de las variables nominales genera distorsiones e inequidades sociales.
Está claro que un esquema en donde todas las variables se indexen a la inflación pasada puede acotar estas distorsiones, pero se ingresaría en una dinámica o inercia difícil de desactivar, como hemos visto en la década de los ´80.
No atender este problema generará distorsiones e inequidades significativas y explicó el atraso cambiario y tarifario acumulado a fines de 2013. Peor aún, se corre el riesgo de caer en una indexación “de facto”, donde los sectores con mayor poder relativo saquen ventajas de estas distorsiones en desmedro de los más vulnerables.
En tanto persista el actual contexto de nominalidad creciente, sería deseable encontrar mecanismos automáticos (no discrecionales) que mitiguen los rezagos de ciertas variables nominales, en pos de reducir inequidades y evitar atrasos mayores.
Pero esto es sólo un paliativo: la solución de fondo es un plan explícito y consistente para bajar la inflación.
[1]Según el IPC Ecolatina (no difiere sustancialmente del IPC Congreso).
[2]Salvo para el INDEC que en plena crisis de 2008-09 mostró un alza informal muy superior al sector formal.
