Tal es el caso de Potenciar Trabajo, con incentivos para la incorporación de sus beneficiarios al mercado laboral, o directamente para que el programa sea administrado por provincias y municipios, en lugar de organizaciones sociales, como detalla el informe del IERAL de la Fundación Mediterránea.
Se trata de cerca de 1,3 millones de planes Potenciar Trabajo, por los cuales sus beneficiarios reciben un monto mensual de $22.770, equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil, y suelen realizar una contraprestación de 4 horas diarias con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa, contraprestación que debe acreditarse ante una unidad de gestión o certificación (UG), que puede ser una cooperativa, una asociación civil o religiosa o un municipio.
Este programa nació en el año 2009, durante la primera administración de Cristina Fernández de Kirchner, con la denominación de “Argentina Trabaja”, inicialmente con 150 mil beneficiarios. Luego se reconvirtió en el programa Hacemos Futuro y Ellas hacen en 2018, y finalmente se transformó en el Potenciar Trabajo en el año 2020. Las iniciativas para reconvertir el Potenciar Trabajo en incentivos para generar trabajo genuino en general apuntan a que los potenciales empleadores de los actuales beneficiarios puedan usar el monto involucrado en los planes para cancelar las contribuciones patronales de los empleos generados por esa vía.
Existe una posibilidad preocupante en algunos de estos proyectos, en el sentido que provincias y municipios puedan convertirse en empleadores de los actuales beneficiarios, utilizando también los montos de los planes para cancelar las contribuciones patronales. Esta iniciativa podría derivar en un crecimiento alarmante en el empleo público, dado que resulta previsible que existan luego reclamos de los beneficiarios para que sean efectivizados como empleados estatales en provincias y municipios, engordando una planta de personal del estado que resulta ya, desde el inicio, desmesurada.
En los últimos días se agregó una propuesta para que los planes Potenciar Trabajo pasen a ser administrados por provincias y municipios, en lugar de las organizaciones sociales que actualmente lo hacen. En realidad, esa posibilidad no haría más que consolidar la existencia de dichos planes, cuando habría que tender a su reemplazo y posterior desaparición.
Reemplazo por incentivos para que sus beneficiarios se integren al mercado de trabajo, a través de empleos en el sector privado, así como por programas masivos de capacitación en oficios que faciliten la integración al mundo productivo, con la posibilidad de reemplazar también con Planes Alimentar durante la transición.
Pero más allá de los aspectos positivos o negativos que podría tener la administración de los planes en manos de provincias y municipios, sobre la eficiencia en la selección de los beneficiarios y la administración del programa, lo cierto es que esta decisión consolidaría una marcada disparidad regional en su asignación, beneficiando principalmente a la provincia de Buenos Aires.
En ella se hallan algo más del 50% de los titulares de los planes, cuando su participación en la población resulta del 39%. Si se analiza la asignación de los planes Potenciar Trabajo en función de la población con dificultades laborales en cada provincia (desempleados, informales y cuentapropistas de baja productividad), Buenos Aires aparece como una jurisdicción relativamente beneficiada, al contar con 14,4 beneficiarios cada 100 personas con dificultad laboral (16 en el conurbano), segunda en el ranking, luego de Jujuy (22,9). Por caso, en provincias como Santa Fe, Mendoza, La Pampa y Córdoba, existen menos de 5 beneficiarios de Potenciar Trabajo cada 100 personas con dificultades laborales. También llama la atención que provincias con altas tasas de pobreza, como Corrientes, cuente con menos de 8 beneficiarios cada 100 personas con dificultad laboral.
