Por Pascual Albanese (*)
Y en circunstancias mucho peores, cuando una debacle absolutamente previsible demostró la necesidad imperiosa de una reformulación integral del sistema de poder instaurado en la Argentina el 10 de diciembre de 2019.
El ascenso de Massa implica un cambio en el gobierno que, tarde o temprano, precede a un cambio de gobierno.
Comienza una etapa de transición que culminará con las elecciones presidenciales, cuya fecha de realización tendrá que adecuarse al incierto curso de los acontecimientos.
La inusitada velocidad de los sucesos de las tres semanas previas indicaba ya una tendencia irreversible: la Argentina se acercaba al estallido de una crisis de gobernabilidad de características diferentes pero de dimensiones semejantes a las experimentadas en junio de 1989 con la salida anticipada de Raúl Alfonsín y en diciembre de 2001 con la caída de Fernando De la Rúa. Era evidente que los plazos constitucionales no se compadecían con la creciente descomposición del poder político, acelerada después de la renuncia, o tal vez sería mejor decir caída, del Ministro de Economía, Martín Guzmán, y su efímero reemplazo por Silvina Batakis, que desató una tormenta económica de una dinámica imparable.
Cuando las salidas convencionales revelan su incapacidad para afrontar una crisis, la tendencia de los protagonistas es buscar primero variantes “on the box” (dentro de la caja) y, en la medida que éstas se manifiestan inviables, o no funcionan, explorar alternativas “off the box” (fuera de la caja). Esto último es hoy un imperativo obligatorio para todos los actores políticos y sociales, desde el oficialismo hasta la oposición, incluyendo naturalmente a los sectores empresarios, el sindicalismo, los movimientos sociales y la totalidad de los factores de poder que forman parte del mítico “círculo rojo”.
Ingresar en ese terreno desconocido implica una mayor dificultad para deslindar la viabilidad de las alternativas. La política se transforma entonces en un juego de “ensayo y error” y la salida del laberinto suele emerger recién
después del resultado de previos experimentos fracasados. Con el ascenso de Massa y el virtual confinamiento de Alberto Fernández al papel protocolar de un “presidente a la europea”, la creatividad política dio un
salto cualitativo. Este cambio abre camino hacia una reformulación integral del sistema de poder que involucre una ampliación de su base de sustentación, una perspectiva favorecida en principio en este caso por los estrechos vínculos que desde hace muchos años mantiene Massa con dirigentes de la oposición como el presidente del Comité Nacional del radicalismo, Gerardo Morales, y el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
El ocaso del ciclo histórico del “kirchnerismo”, entendido no como corriente política sino como alternativa de poder, exhibido en la pérdida de centralidad política de Cristina Kirchner, que la llevó a aceptar la asunción de Massa, supone, como una inevitable contrapartida, una crisis del “anti-kirchnerismo”.
No solamente el peronismo sino también Juntos por el Cambio están forzados a replantear su identidad para adecuarse a una nueva era del “post- kirchnerismo” que empieza a divisarse en el horizonte. Quedaron por ahora en suspenso la posibilidad de una renuncia abrupta de Fernández, que en teoría dejaría transitoriamente la conducción del Estado en manos de la vicepresidenta, y/o del adelantamiento de las elecciones presidenciales, dos variantes que pasaron de ser un mero juego de fantasías tremendistas propias de mentes calenturientas para erigirse en hipótesis verosímiles unidas por un común denominador: la convicción generalizada, aún dentro del oficialismo, de que Fernández no está en aptitud de cumplir su mandato constitucional.
En cualquier circunstancia, el 2023 dejó de ser el horizonte obligado de la política argentina. El largo plazo no va hoy más allá de diciembre de 2022. La direccionalidad, y sobre todo los tiempos, de este proceso en marcha
estarán determinados por las definiciones de los liderazgos territoriales del peronismo, en especial de los gobernadores y los intendentes del conurbano bonaerense. Su anterior pasividad, derivada de la confusión reinante y trasuntada en la intención generalizada de separar las elecciones provinciales de la contienda presidencial, resultó insuficiente para garantizar la gobernabilidad de sus respectivos distritos ante el riesgo cierto de un estallido económico-social. Los clásicos encuentros en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) aumentaron en frecuencia y en densidad política. Su resultado fue un ultimátum a Fernández cuyas consecuencias están a la vista.
En ese conflictivo escenario cobraron relevancia las declaraciones del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien salió a defender al sector agropecuario de las acusaciones presidenciales. Esa actitud de Perotti contrasta con los dirigentes “kirchneristas” que, ante la imposibilidad para brindar una respuesta efectiva a la situación, insisten en asumir una estrategia de confrontación dialéctica contra un imaginario frente “golpista” integrado
por los productores agropecuarios que se niegan a vender sus cosechas, un sector de Juntos por el Cambio y los grandes medios de comunicación social.
Esa presunta coalición desestabilizadora incluye también a la propia Corte Suprema de Justicia, cuya actual integración, según aseveró Cristina Kirchner, torna imposible una mejora en el nivel de vida de los argentinos. Esa afirmación temeraria revela, por omisión, la magnitud de la impotencia política de la vicepresidenta, puesto que cualquier modificación de la presente composición del máximo tribunal requiere la aprobación de los dos tercios del Senado, un requisito absolutamente quimérico en estas circunstancias. El sentido de esas críticas de Perotti coincide con la postura del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti: los tres diputados nacionales cordobeses del Interbloque Federal emitieron un enérgico comunicado de repudio a esos ataques oficiales al sector agropecuario, que llevaban a considerar como enemigo al principal aliado para afrontar el estrangulamiento externo.
La posible recreación de un polo aglutinante del peronismo de la Región Centro como base de una nueva alternativa nacional política está relacionada con una situación económica que colocó al gobierno frente a la encrucijada de confrontar con el sector agropecuario, como plantea el “kirchnerismo”, o abrir una vía de negociación, como intenta Massa.
Este reacomodamiento de fuerzas genera nuevas condiciones para la negociación de un acuerdo político, gestado institucionalmente en la Cámara de Diputados e implementado a través de un conjunto de leyes aprobadas en el Congreso Nacional, para garantizar la etapa de transición hasta las elecciones. La “hoja de ruta” para ese entendimiento pasa por el cumplimiento de las metas fijadas en el acuerdo celebrado entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, que fue aprobado con el respaldo de las bancadas opositoras por una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional, pese a la cerrada oposición del ”kirchnerismo”, fundamentada por Máximo Kirchner. Precisamente esa divisoria de aguas conceptual marcará la
diferencia entre el “adentro” y el “afuera” en la configuración del sistema de poder real en la etapa que se inicia.
Pero la reformulación del actual sistema de poder no es una simple fórmula algebraica que pueda reducirse a una redistribución de la cuotificación de las responsabilidades gubernamentales. Requiere un sentido estratégico, un contenido específico y una misión definida. Demanda, en primer lugar, un acuerdo nacional alrededor de una política de mediano y largo plazo, orientada a resolver el problema de la pobreza y la marginalidad social que constituye el mayor desafío que tiene por delante la Argentina.
Existe un consenso que incluye a la propia dirigencia de los movimientos sociales, sobre el agotamiento del modelo asistencialista, surgido como una respuesta transitoria a la hecatombe social derivada de la crisis de diciembre de 2001 y convertido luego en una política permanente por los sucesivos gobiernos. Ese agotamiento, patentizado en las urnas en noviembre de 2021, quedó evidenciado en 2020, cuando la irrupción de la pandemia catapultó una nueva oleada de movilidad social descendente, con epicentro en el conurbano bonaerense, que disparó los índices de pobreza y quitó a las prácticas asistencialistas sus últimos atisbos de sustentabilidad económica.
Pero la implementación de ese consenso sobre la necesidad de sustituir los actuales planes sociales por trabajo genuino en el sector privado requiere una transformación estructural orientada a multiplicar las exportaciones e impulsar la inserción de la economía argentina en el nuevo escenario mundial.
En el cortísimo plazo, el actual estado de emergencia exige la inmediata puesta en marcha de un programa de estabilización económica que permita avanzar rápidamente en la reducción de la inflación, que constituye hoy la principal y acuciante preocupación de la opinión pública, y el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Esta prioridad implica la necesidad de un fuerte ajuste fiscal, mediante un
drástico recorte del gasto público, anunciado por el propio Massa con el delicado eufemismo de un “ordenamiento de las cuentas públicas”, y la búsqueda de canales alternativos de financiación externa en condiciones de excepción, una tarea que requiere un fortalecimiento de los vínculos políticos
con Estados Unidos. Pero ningún plan de estabilización resulta viable sin un horizonte que explique y justifique un sacrificio colectivo que conlleva necesariamente una alta dosis de conflictividad. El trazado de ese horizonte exige la formulación de un proyecto de desarrollo. El motor central de esa estrategia es el aprovechamiento integral de los inmensos recursos naturales diseminados en el territorio nacional, incluida la plataforma submarina, con énfasis en el fortalecimiento y la expansión de toda la amplia gama de actividades derivadas de la agroindustria, acompañada por una aplicación intensiva de la economía del conocimiento al sistema productivo para garantizar niveles crecientes de productividad.
En esa dirección, las cuatro actividades prioritarias, que en esta emergencia representan además una “fábrica de dólares” capaz de proveer las divisas indispensables para evitar el colapso financiero, son la agroindustria, la energía (en especial la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta), los minerales (en particular el litio) y la industria del conocimiento.
Toda estrategia económica exige una sólida base de sustentación política y social. Esta condición implica hoy una convergencia entre los sectores populares, históricamente representados por el peronismo y expresados a través de las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, con los sectores productivos tecnológicamente más avanzados e internacionalmente más competitivos de la economía, cuya principal manifestación, aunque por supuesto no la única, es el complejo agroindustrial argentino, uno de los tres más importantes a nivel mundial. Pablo Gerchunoff, un lúcido economista del radicalismo, bautizó esa confluencia con el ilustrativo nombre de “coalición popular exportadora”.
Lo cierto es que la crisis política y la reformulación en ciernes del sistema de poder coinciden con una oportunidad histórica para la Argentina, abierta por un nuevo escenario global signado por el incremento de la demanda mundial de alimentos y el aumento del precio de la energía.
Sólo un consenso nacional alrededor de un proyecto compartido puede recrear la confianza colectiva indispensable para convertir esa oportunidad en una realidad tangible. La definición de ese nuevo consenso supone, ante todo, enterrar el pasado como un asunto de discusión política.
(*) Es vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y cofundador del centro de reflexión para la acción política Segundo Centenario.
