Este tipo de actos, sostiene la jueza Anna Digg Taylor, viola derechos civiles. Ello porque no requiere órdenes judiciales ni autorización para interceptar correspondencia, teléfonos, correos electrónicos y otros vehículos de comunicación entre personas.
Se trata, naturalmente, del “programa de seguimiento de terroristas” lanzado por el general (r) Michael Hayden, actual jefe de la CIA, cuando era director de la NSA. Pero sus cerebros eran realmente el vicepresidente Richard Cheney y Donald Rumsfeld, secretario de Defensa.
De acuerdo con el dictamen, ese programa “viola el derecho a la libertad de expresión y opinión, ignora la protección ante requisas abusivas y transgrede los límites constitucionales a la autoridad presidencial”. Esto última toca a Bush, que queda en mala posición.
Por supuesto, el veredicto es otro revés para políticas, actos y hábitos del actual gobierno, a pocos meses de los comicios legislativos. La demanda había sido presentada por la American civil liberties union (Unión norteamericana por las libertades civiles, la legendaria ACLU). Los abogados de la Casa Blanca habían solicitado desechar la presentación, porque hacerlo comprometería secretos “mientras continúa la guerra mundial contra el terrorismo”.
Este tipo de actos, sostiene la jueza Anna Digg Taylor, viola derechos civiles. Ello porque no requiere órdenes judiciales ni autorización para interceptar correspondencia, teléfonos, correos electrónicos y otros vehículos de comunicación entre personas.
Se trata, naturalmente, del “programa de seguimiento de terroristas” lanzado por el general (r) Michael Hayden, actual jefe de la CIA, cuando era director de la NSA. Pero sus cerebros eran realmente el vicepresidente Richard Cheney y Donald Rumsfeld, secretario de Defensa.
De acuerdo con el dictamen, ese programa “viola el derecho a la libertad de expresión y opinión, ignora la protección ante requisas abusivas y transgrede los límites constitucionales a la autoridad presidencial”. Esto última toca a Bush, que queda en mala posición.
Por supuesto, el veredicto es otro revés para políticas, actos y hábitos del actual gobierno, a pocos meses de los comicios legislativos. La demanda había sido presentada por la American civil liberties union (Unión norteamericana por las libertades civiles, la legendaria ACLU). Los abogados de la Casa Blanca habían solicitado desechar la presentación, porque hacerlo comprometería secretos “mientras continúa la guerra mundial contra el terrorismo”.
