El gerente de Desarrollo de Negocios de abeceb.com, Juan Pablo Ronderos, lo hace explícito con otros interrogantes: ¿cuáles pueden ser los incentivos para blanquear dinero por parte de aquellos que lo obtuvieron legalmente? ¿Qué es lo que cambió realmente para que aquellas personas que prefirieron invertir sus ahorros en dólares y que no los tienen declarados ahora sí decidan transformarlos masivamente a un activo en esa divisa con bajo rendimiento o en inversiones inmobiliarias?
Con estas preguntas en mente, lo que surge es que los que tendrán fuertes incentivos a blanquear los fondos podrían ser aquellos que tienen grandes problemas legales. Lo que dista mucho de ser una meta ideal para cualquier Gobierno, pero en especial para uno que se identifica como progresista.
Y es justamente este punto el que dispara la tercera reflexión. ¿Vale este pequeño beneficio (ni siquiera realizado) pagar un costo alto en materia política, como es resignar al menos parcialmente el discurso progresista que es bandera de esta gestión?
La medida es a toda vista regresiva, ya que beneficia a aquellos con capacidad para dolarizarse que no es justamente el trabajador asalariado medio.
E incluso genera dudas morales y éticas, también dentro del discurso del Gobierno durante todos estos años. No deja de llamar la atención este punto. Tanto como el hecho de la falta de timing para el anuncio, en un marco donde las denuncias sobre corrupción han sido la norma desde comienzos de año.
El economista hace un primer resumen de las consecuencias e impacto de la decisión a partir de las primeras reacciones públicas generadas por el anuncio del Gobierno de elevar al Congreso una ley de blanqueo de capitales, que incluye los argumentos oficiales en defensa del proyecto y también las voces en contra.
Pese a que todavía quedan por conocerse detalles de la medida, cuestión no menor porque muchas veces es justamente la letra chica la clave para entender fehacientemente el verdadero alcance de este tipo de proyectos, advierte, el primer tema que salta a la vista es el virtual reconocimiento implícito (aunque en realidad bastante explícito) de que la búsqueda de la pesificación de la economía lamentablemente ha muerto.
Recuerda que un tiempo atrás el Gobierno había decidido avanzar en una cruzada desdolarizadora, basada en una estrategia que apuntó a forzar el proceso, pero cometió un error clave: debería haber tentado a los ahorristas para pensar en pesos y nunca en todo este tiempo hubo en el mercado un instrumento en moneda local que fuera una alternativa válida para el sector privado.
Para colmo, ninguna opción de ahorro en pesos disponible pudo competir con la tasa de devaluación esperada ni con la inflación, por lo que la desdolarización forzada estaba destinada al fracaso desde su mismo momento de concepción al no haber alternativa viable para la pesificación.
Destaca que el problema central de la economía argentina pasa por una política económica que no tiene credibilidad y que no coordina expectativas (o que lo hace pero de manera negativa, que es aún peor), por lo que sin señales de cambio que actúen sobre ambas cuestiones no parece inteligente esperar un cambio de comportamiento del público.
Reconocido el problema de la falta de dólares (implícita o explícitamente, reconocimiento al fin), con las dudas acerca de su efectividad y con los costos que pareciera implicar, tampoco este blanqueo luce como la mejor estrategia dentro del amplio set de alternativas disponibles.
Si el objetivo es aliviar las restricciones externa y fiscal, ¿por qué no avanzar en cuestiones como la inflación –su medición y su reducción-, Club de París, subsidios, etc.?
Si bien tendrían también un costo político, un programa integral bien diseñado y mejor comunicado, con acento en el sostenimiento de los avances sociales alcanzados, no tendría que ser necesariamente mayor al que se podría pagar con la medida elegida. Y seguramente redundaría en una mejora de la situación económica, con soluciones en ambos frentes (fiscal y externo).
