Berlusconi: los fiscales le piden cinco años de cárcel

La procuración milanesa cerró una causa iniciada en 1995 y demorada por tramoyas estilo Carlos Ménem. Así, mientras fue primer ministro, Silvio Berlusconi gozaba de intangibilidad. La condena es por corromper a jueces.

27 marzo, 2007

Todo gira alrededor de una privatización (SME) y las acciones empiezan tras revelar Stefania Ariosto –hace doce años- una lista de “magistrados a sueldo del empresario Berluscoini” (todavía no era “premier”). A la cabeza figuraba el juez romano Renato Squillante y quien manejaba los sobornos era Cesare Previti -abogado personal del magnate-, hoy entre rejas.

El esquema incluía cuentas anónimas afuera. La primera se conocía desde 1991 bajo el código “Ferrido”, se había abierto en Crédit Suisse (sucursal Chiasso, Suiza italiana) y su testaferro era Giuseppe Scabini. Éste actuaba en Fininvest, más tarde conocido por Mediaset, grupo mediático cuyo poder explica la tolerancia ante el personaje y sus veleidades políticas. De hecho, sigue controlando la poderosa coalición neofascista.

En marzo de aquel año, aparecieron las conexiones de Previti y la transferencia de US$ 434.400 de “Ferrido” a “Mercier”, para pagarle al juez Squillante. Pero éste recién recibió la coima vía una tercera cuenta, “Rowena” , también vinculada a Fininvest.

El fiscal subrogante Pietro de Petris señaló, de paso, que otro magistrado recibió dinero para bloquear la privatización de SME. En cuanto al acusado, la ley que le había dado inmunidad fue declarada anticonstitucional en febrero último, por lo cual quedó abierto el camino a esta condena. Ahora, la decisión del tribunal se espera para fines de abril. Mientras, sólo juristas allegados a la coalición neofascista creen que Berlusconi pueda aspirar a cargos electivos. Al menos mientras dure la posterior apelación.

Todo gira alrededor de una privatización (SME) y las acciones empiezan tras revelar Stefania Ariosto –hace doce años- una lista de “magistrados a sueldo del empresario Berluscoini” (todavía no era “premier”). A la cabeza figuraba el juez romano Renato Squillante y quien manejaba los sobornos era Cesare Previti -abogado personal del magnate-, hoy entre rejas.

El esquema incluía cuentas anónimas afuera. La primera se conocía desde 1991 bajo el código “Ferrido”, se había abierto en Crédit Suisse (sucursal Chiasso, Suiza italiana) y su testaferro era Giuseppe Scabini. Éste actuaba en Fininvest, más tarde conocido por Mediaset, grupo mediático cuyo poder explica la tolerancia ante el personaje y sus veleidades políticas. De hecho, sigue controlando la poderosa coalición neofascista.

En marzo de aquel año, aparecieron las conexiones de Previti y la transferencia de US$ 434.400 de “Ferrido” a “Mercier”, para pagarle al juez Squillante. Pero éste recién recibió la coima vía una tercera cuenta, “Rowena” , también vinculada a Fininvest.

El fiscal subrogante Pietro de Petris señaló, de paso, que otro magistrado recibió dinero para bloquear la privatización de SME. En cuanto al acusado, la ley que le había dado inmunidad fue declarada anticonstitucional en febrero último, por lo cual quedó abierto el camino a esta condena. Ahora, la decisión del tribunal se espera para fines de abril. Mientras, sólo juristas allegados a la coalición neofascista creen que Berlusconi pueda aspirar a cargos electivos. Al menos mientras dure la posterior apelación.

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