Los jueces conservadores cuestionan la autoridad del presidente para tomar medidas ejecutivas y evitar la deportación de inmigrantes ilegales. . Los jueces John Roberts y Samuel Alito se mostraron especialmente preocupados por el lenguaje usado por el proyecto de la Administración, que dice que los receptores del programa tendrían “presencia legal”, lo cual sugiere una contradicción con la ley actual de inmigración. No es posible estar en el país en forma ilegal y trabajar legalmente”, dijo Alito. Tal como están las cosas, parecería que la corte se inclina a tachar “presencia legal” del plan.
En cambio, los liberales de la Corte parecen mirar con simpatía los argumentos del gobierno. La jueza Ruth Bader Ginberg dijo en un momento que hay 11,3 millones de extranjeros indocumentados en el país y el Congreso ha dado fondos para deportar a 4 millones. “De modo que, inevitablemente, vamos a tener que fijar prioridades”.
Obama anunció su plan en 2014 como respuesta a la inacción del Congreso a la reforma inmigratoria. Pero una corte federal lo bloqueó cuando Texas y otros 25 estados dijeron que el Presidente estaba dando estatus ilegal de residencia a gente que podría después obtener licencias de conducir y beneficios que están a disposición solamente de los inmigrantes legales.
Siguen las deliberaciones en la corte y la última sesión terminó 4 a 4 dejando para una Quinta Corte de Apelaciones la decisión de mantener intacta la orden de un juez federal contra la política de inmigración. Si eso ocurre, el plan del presidente seguramente quedará bloqueado en la corte hasta después de que se acabe su mandato, cuando un nuevo líder decida si seguir el caso o dar marcha atrás.
En recientes entrevistas televisivas Obama tranquilizó a los inmigrantes diciendo que confía que la nueva administración dará suficiente apoyo a sus políticas se lleven acabo y evite así las deportaciones masivas.
