Armas: hasta Cheek resultó implicado

Cuando aún no había cesado la sorpresa por la detención de Emir Yoma, trascendió que el ex embajador estadounidense James Cheek también fue mencionado por el ex director de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga como partícipe en el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, que se produjo entre 1991 y 1995, durante la presidencia de Carlos Menem.

Por ese escándalo, que investiga el juez federal Jorge Urso, están acusados de asociación ilícita Guido Di Tella, Antonio Erman González y Oscar Camilión.

Di Tella, como canciller, y González y Camilión, sucesivamente como ministros de Defensa, rubricaron los decretos secretos que firmó Menem autorizando las exportaciones de armamento.

Los decretos también fueron rubricados por Domingo Cavallo, que entonces, como hoy, era ministro de Economía.

Sin embargo, ni Menem ni Cavallo han sido acusados hasta ahora en la causa.

Los decretos en cuestión autorizaban exportaciones de armamento nuevo a Venezuela y Panamá, entre otros destinos.

Como quedó fehacientemente demostrado hace al menos cinco años, en lugar de ello se envió armamento usado, que procedía del Ejército, a Croacia y Ecuador.

No sólo por sus obvias características legales, sino, además, por su connotación política –la Argentina participa de las fuerzas de paz que las Naciones Unidas establecieron en Croacia y es garante del tratado de paz entre Ecuador y Perú, países que estaban en guerra cuando se desviaron allí las armas–, el caso representa uno de los escándalos más graves registrados durante la década del gobierno de Menem.

Hace dos años, Sarlenga se convirtió en el primero de los funcionarios de Menem que cayó preso.

Se debió a una causa vinculada con la del escándalo de las armas, pero que investiga exclusivamente los delitos de orden económico.

Tras pasar dos años en prisión, Sarlenga iba a salir en libertad bajo caución (de $ 150.000) el viernes, cuando Urso lo hizo detener, acusándolo de ser uno de los organizadores de la asociación ilícita que desvió las armas.

Al declarar, el mismo viernes, Sarlenga acusó de lo mismo que es acusado por el juez a Yoma, lo que provocó la inmediata detención de éste.

Yoma, además de hermano de Zulema, la ex esposa de Menem, es uno de los más antiguos y fieles amigos del ex presidente.

Fue asesor presidencial hasta que en 1991 fue involucrado por el entonces embajador estadounidense, Terence Todman, en el escándalo conocido como Swiftgate.

Desde entonces se mudó a una oficina privada pero siguió estrechamente vinculado con Menem.

Durante el gobierno de Menem crecieron exponencialmente las ganancias y los pasivos de las curtiembres de la familia Yoma, que hoy mantienen deudas por más de US$ 120 millones con la banca oficial.

Yoma quedó detenido en la madrugada del sábado, alojado en dependencias de Gendarmería Nacional, y ayer (domingo 8) debió recibir atención médica debido a un pico de presión arterial.

Comparte con Menem el asesoramiento legal del mediático abogado Mariano Cúneo Libarona, quien anticipó públicamente que intentará cuestionar la calificación del delito (jefe de asociación ilícita) para lograr la excarcelación de su cliente.

Tras la sorpresa causada por la inesperada detención de Yoma, ayer trascendió que en su declaración Sarlenga también involucró a Di Tella, Camilión, Cheek y otros tres entonces funcionarios: el jefe del Ejército, general Martín Balza; el secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa, Guillermo Etchechoury, y el subsecretario de la misma área, José Torcillo.

A Cheek lo acusó de haber hecho gestiones para permitir el aterrizaje en el aeropuerto internacional de Ezeiza del avión que desvió 5.000 fusiles y 75 toneladas de municiones a Ecuador.

Cheek, quien dijo al diario Clarín que lo que dijo Sarlenga “es absolutamente falso”, fue un embajador muy singular: no sólo por el período inusualmente prolongado que duró su gestión, sino por su altísimo perfil, que incluyó su reiterada aparición pública como simpatizante del club San Lorenzo de Almagro.

La detención de Yoma y el giro que tomó la causa en las últimas semanas, luego de que la Cámara Federal ordenara al juez Urso que profundizara la investigación, generaron honda preocupación en el menemismo.

Aunque sus principales figuras se esmeraron en demostrar lo contrario, los diarios de ayer y de hoy reflejaron esa inquietud, al describir con lujo de detalles los tonos y las actitudes con que dirigentes como Alberto Kohan, Eduardo Bauzá y Carlos Corach, entre otros, declinaron pronunciarse sobre el caso.

El único vocero del sector fue precisamente Menem, quien exhibió, además de una aparente tranquilidad, una prudencia que no tuvo cuando fueron acusados de diferentes delitos otros miembros de su administración, como Víctor Alderete (que, incluso, está preso) o María Julia Alsogaray.

Ver más información en “Armas: sugieren participación de Menem”,
en esta misma sección.

Cuando aún no había cesado la sorpresa por la detención de Emir Yoma, trascendió que el ex embajador estadounidense James Cheek también fue mencionado por el ex director de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga como partícipe en el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, que se produjo entre 1991 y 1995, durante la presidencia de Carlos Menem.

Por ese escándalo, que investiga el juez federal Jorge Urso, están acusados de asociación ilícita Guido Di Tella, Antonio Erman González y Oscar Camilión.

Di Tella, como canciller, y González y Camilión, sucesivamente como ministros de Defensa, rubricaron los decretos secretos que firmó Menem autorizando las exportaciones de armamento.

Los decretos también fueron rubricados por Domingo Cavallo, que entonces, como hoy, era ministro de Economía.

Sin embargo, ni Menem ni Cavallo han sido acusados hasta ahora en la causa.

Los decretos en cuestión autorizaban exportaciones de armamento nuevo a Venezuela y Panamá, entre otros destinos.

Como quedó fehacientemente demostrado hace al menos cinco años, en lugar de ello se envió armamento usado, que procedía del Ejército, a Croacia y Ecuador.

No sólo por sus obvias características legales, sino, además, por su connotación política –la Argentina participa de las fuerzas de paz que las Naciones Unidas establecieron en Croacia y es garante del tratado de paz entre Ecuador y Perú, países que estaban en guerra cuando se desviaron allí las armas–, el caso representa uno de los escándalos más graves registrados durante la década del gobierno de Menem.

Hace dos años, Sarlenga se convirtió en el primero de los funcionarios de Menem que cayó preso.

Se debió a una causa vinculada con la del escándalo de las armas, pero que investiga exclusivamente los delitos de orden económico.

Tras pasar dos años en prisión, Sarlenga iba a salir en libertad bajo caución (de $ 150.000) el viernes, cuando Urso lo hizo detener, acusándolo de ser uno de los organizadores de la asociación ilícita que desvió las armas.

Al declarar, el mismo viernes, Sarlenga acusó de lo mismo que es acusado por el juez a Yoma, lo que provocó la inmediata detención de éste.

Yoma, además de hermano de Zulema, la ex esposa de Menem, es uno de los más antiguos y fieles amigos del ex presidente.

Fue asesor presidencial hasta que en 1991 fue involucrado por el entonces embajador estadounidense, Terence Todman, en el escándalo conocido como Swiftgate.

Desde entonces se mudó a una oficina privada pero siguió estrechamente vinculado con Menem.

Durante el gobierno de Menem crecieron exponencialmente las ganancias y los pasivos de las curtiembres de la familia Yoma, que hoy mantienen deudas por más de US$ 120 millones con la banca oficial.

Yoma quedó detenido en la madrugada del sábado, alojado en dependencias de Gendarmería Nacional, y ayer (domingo 8) debió recibir atención médica debido a un pico de presión arterial.

Comparte con Menem el asesoramiento legal del mediático abogado Mariano Cúneo Libarona, quien anticipó públicamente que intentará cuestionar la calificación del delito (jefe de asociación ilícita) para lograr la excarcelación de su cliente.

Tras la sorpresa causada por la inesperada detención de Yoma, ayer trascendió que en su declaración Sarlenga también involucró a Di Tella, Camilión, Cheek y otros tres entonces funcionarios: el jefe del Ejército, general Martín Balza; el secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa, Guillermo Etchechoury, y el subsecretario de la misma área, José Torcillo.

A Cheek lo acusó de haber hecho gestiones para permitir el aterrizaje en el aeropuerto internacional de Ezeiza del avión que desvió 5.000 fusiles y 75 toneladas de municiones a Ecuador.

Cheek, quien dijo al diario Clarín que lo que dijo Sarlenga “es absolutamente falso”, fue un embajador muy singular: no sólo por el período inusualmente prolongado que duró su gestión, sino por su altísimo perfil, que incluyó su reiterada aparición pública como simpatizante del club San Lorenzo de Almagro.

La detención de Yoma y el giro que tomó la causa en las últimas semanas, luego de que la Cámara Federal ordenara al juez Urso que profundizara la investigación, generaron honda preocupación en el menemismo.

Aunque sus principales figuras se esmeraron en demostrar lo contrario, los diarios de ayer y de hoy reflejaron esa inquietud, al describir con lujo de detalles los tonos y las actitudes con que dirigentes como Alberto Kohan, Eduardo Bauzá y Carlos Corach, entre otros, declinaron pronunciarse sobre el caso.

El único vocero del sector fue precisamente Menem, quien exhibió, además de una aparente tranquilidad, una prudencia que no tuvo cuando fueron acusados de diferentes delitos otros miembros de su administración, como Víctor Alderete (que, incluso, está preso) o María Julia Alsogaray.

Ver más información en “Armas: sugieren participación de Menem”,
en esta misma sección.