Argentina lanza una original ofensiva judicial contra el FMI
El gobierno de Buenos Aires pidió al juez Thomas Griesa (Nueva York) definir los alcances de una cláusula que excluye acreedores privilegiados. Un fallo favorable permitiría no pagarle al Fondo Monetario Internacional.
Un primer efecto de la presentación es involucrar al FMI en un litigio donde se acude al auxilio de las leyes estadounidenses. En segundo término, convertiría a la errática entidad –que vive una crisis interna desde 2001- en escudo ante acreedores privados intransigentes.
Griesa está a cargo de varios juicios originados en el cese de pagos por unos US$ 58.000 millones, dispuesto -en un arranque demagógico- por el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá al terminar 2001. En cuanto a la deuda con organismos multilaterales, totaliza cerca de US$ 30.000 millones y el Fondo muestra una pertinacia recaudadora que no ha ejercido, por ejemplo, contra Turquía.
Técnicamente, Buenos Aires solicita al tribunal dictaminar sobre la cláusula de “pari passu”. Ésta excluye acreedores privilegiados y ha sido usada en casos como WorldCom (hoy MCI), Global Crossing, Enron, etc. Si el fallo apoyase la postura argentina –incluir al FMI en la cláusula-, daría amparo legal al gobierno para no pagarle a Fondo.
Si, a la inversa, el magistrado resuelve que el “pari passu” excluye al FMI (pero discrimina entre acreedores que arreglan y quienes no lo hacen), también respaldaría la postura argentina. ¿Por qué? Porque desalentaría los demandantes, pues no podrían embargas pagos al otro grupo.
La jugada es fuerte y original. Tanto que, en las primeras horas, los habituales voceros de los acreedores –en particular, medios, espacios y bajalíneas locales- no atinaban a reaccionar. Políticamente, se acentúa la confrontación con la alta burocracia del FMI y sus aliados (Banco Mundial, BID).
Pero la verdadera clave es a largo plazo: el fallo puede afectar al propio negocio financiero global. Primero, porque definirá “velis nolis” el papel de la justicia norteamericana como instancia en materia de deudas soberanas. Dicho de otro modo, se internacionalizaría la ley federal para quiebras y concursos, cuyo objeto supremo es velar por los intereses del deudor en bancarrota contra abusos de los acreedores.
En segundo término, la interpretación de la cláusula de “pari passu” “legalizaría” el cese de pagos argentino y afectaría a Estados Unidos, como accionista principal del FMI. Pero hay un tercer factor, mucho más trascendente: los argumentos argentinos y el eventual dictamen cambiarán el marco jurídico básico, en vísperas de una importante quita “ejecutiva” en la deuda externa iraquí.
Un primer efecto de la presentación es involucrar al FMI en un litigio donde se acude al auxilio de las leyes estadounidenses. En segundo término, convertiría a la errática entidad –que vive una crisis interna desde 2001- en escudo ante acreedores privados intransigentes.
Griesa está a cargo de varios juicios originados en el cese de pagos por unos US$ 58.000 millones, dispuesto -en un arranque demagógico- por el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá al terminar 2001. En cuanto a la deuda con organismos multilaterales, totaliza cerca de US$ 30.000 millones y el Fondo muestra una pertinacia recaudadora que no ha ejercido, por ejemplo, contra Turquía.
Técnicamente, Buenos Aires solicita al tribunal dictaminar sobre la cláusula de “pari passu”. Ésta excluye acreedores privilegiados y ha sido usada en casos como WorldCom (hoy MCI), Global Crossing, Enron, etc. Si el fallo apoyase la postura argentina –incluir al FMI en la cláusula-, daría amparo legal al gobierno para no pagarle a Fondo.
Si, a la inversa, el magistrado resuelve que el “pari passu” excluye al FMI (pero discrimina entre acreedores que arreglan y quienes no lo hacen), también respaldaría la postura argentina. ¿Por qué? Porque desalentaría los demandantes, pues no podrían embargas pagos al otro grupo.
La jugada es fuerte y original. Tanto que, en las primeras horas, los habituales voceros de los acreedores –en particular, medios, espacios y bajalíneas locales- no atinaban a reaccionar. Políticamente, se acentúa la confrontación con la alta burocracia del FMI y sus aliados (Banco Mundial, BID).
Pero la verdadera clave es a largo plazo: el fallo puede afectar al propio negocio financiero global. Primero, porque definirá “velis nolis” el papel de la justicia norteamericana como instancia en materia de deudas soberanas. Dicho de otro modo, se internacionalizaría la ley federal para quiebras y concursos, cuyo objeto supremo es velar por los intereses del deudor en bancarrota contra abusos de los acreedores.
En segundo término, la interpretación de la cláusula de “pari passu” “legalizaría” el cese de pagos argentino y afectaría a Estados Unidos, como accionista principal del FMI. Pero hay un tercer factor, mucho más trascendente: los argumentos argentinos y el eventual dictamen cambiarán el marco jurídico básico, en vísperas de una importante quita “ejecutiva” en la deuda externa iraquí.
