Aprueban la coparticipación del impuesto al cheque
Diputados dio media sanción a la norma, uno de los pilares en los que se basa el Gobierno para sostener la política de déficit cero. Ahora deberá decidir el Senado, pero el Ejecutivo amenaza con la veto.
(NA). – La Cámara de Diputados dio media sanción a la norma que convierte en coparticipable la recaudación del gravamen a las Transferencias Financieras, conocido como “impuesto al cheque”, en un duro revés para el Gobierno, que defendió la posición de mantener la recaudación completa para el Tesoro Nacional.
El gesto político es de peso si se tiene en cuenta que lo recaudado por ese impuesto es uno de los pilares en los que se basa el Gobierno para sostener la política de déficit cero.
Más aún, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, pretende utilizar el producido por el gravamen como garantía ante los bancos para lograr una rebaja en la tasa de interés de los
próximos vencimientos de la deuda pública.
Por eso, el Gobierno reaccionó en forma crítica ante la media sanción de la Ley –que debe ir en revisión al Senado– y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, recordó que el presidente Fernando de la Rúa conserva la última palabra con la posibilidad de veto.
“El Poder Ejecutivo siempre tiene poder de veto”, dijo Colombo, al declarar “incompatible” la norma aprobada por Diputados con el programa de Gobierno para refinanciar la deuda pública”.
La iniciativa fue aprobada en particular por 132 votos a favor, 44 en contra y sólo 5 abstenciones, con lo cual alcanzó media sanción y ahora quedará a consideración de la Cámara alta, que podría tratarla la semana próxima si es que no hay acuerdo entre la Nación y las provincias.
Diputados del justicialismo, del ARI, del Frepaso y de partidos provinciales aprobaron en general poco después de las 17:30 la iniciativa, en base a un proyecto redactado por Marcelo López Arias (PJ-Salta).
El mecanismo aplicado por el PJ es la derogación del artículo 3 de la ley 25.414, más conocida como de déficit cero, en la que se establece que el producido del impuesto a las transferencias financieras (ITF) no será coparticipable con las provincias.
La sanción de la iniciativa fue motivo de un acalorado debate y de intensas negociaciones del justicialismo para convencer a un grupo de diputados de partidos provinciales para que permitieran alcanzar el quórum.
Cuando se retomó el cuarto intermedio de la semana pasada, la alianza opositora al Gobierno había conseguido sentar a 127 legisladores, y los representantes de partidos provinciales se resistían a participar, razón por la cual comenzaron intensas gestiones para lograr que se sumaran para permitir la votación del proyecto.
Así fue como Eduardo Camaño (PJ-Buenos Aires) inició negociaciones en pleno recinto con el demócrata progresista de Santa Fe Alberto Natale, que estaba al frente de un grupo de cuatro legisladores provinciales.
Pero también hubo gestiones del radicalismo para impedir que esos diputados ayudasen a formar quórum, en las que participaron los radicales Fortunato Cambareri y Alejandro Nieva, con escaso éxito ya que minutos después el tablero marcaba, finalmente, el quórum de 130 diputados presentes.
Fue en ese momento que casi unos 70 diputados de la UCR bajaron presurosamente al recinto para dar el debate, que para ese momento ya estaba agotado y era inminente la votación.
Entonces el clima de la sesión comenzó a calentarse cuando el radical mendocino Raúl Baglini, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, planteó una cuestión de privilegio como excusa para impedir la aprobación del proyecto, que parecía inminente ante la mayoría que la oposición tenía en ese momento en el recinto.
Así fue que a voz en cuello, Baglini advirtió sobre el “caos económico” que generaría la sanción de la iniciativa y advirtió que “no hay que romper las vías para que el tren descarrile”.
Además, destacó que los sectores críticos al Gobierno estaban “a punto de echar a perder una negociación con los gobernadores de más de cuatro semanas” y que “sólo se logrará triplicar las tasas de interés que están por conseguir las provincias”.
Esto generó un cruce de acusaciones entre diputados tras la alocución de Baglini y de Osvaldo Valdovinos (PJ-Formosa), que también planteó una cuestión de privilegio contra “la caótica conducción de la sesión” que le endilgó al titular del cuerpo, Rafael Pascual (UCR-Capital).
Al ser aludido, Pascual se vio obligado a bajar al recinto, sentarse en una banca y responder las acusaciones de Valdovinos, a quien le recordó que había accedido a un pedido de Eduardo Camaño (PJ-Buenos Aires) para postergar el horario de votación a la
espera de alcanzar el quórum.
Pocos minutos después de alcanzado el quórum se instalaron en el palco bandeja destinado a la oposición los gobernadores justicialistas Néstor Kirchner (Santa Cruz), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Juan Carlos Romero (Salta).
Finalmente se pasó a la votación en general del proyecto, que fue aprobado por 138 votos a favor, 65 en contra, 7 abstenciones y nueves diputados que quedaron sin identificar pero cuya incidencia en el resultado de la votación fue nula sobre un total de 219 presentes.
En el debate en particular, Baglini volvió a la carga para parar la ofensiva opositora y reclamó, con argumentos que advertían sobre las consecuencias de la sanción del proyecto, la reconsideración de la votación en general.
En ese sentido, Baglini aseguró que “a partir de mañana (las provincias) van a pagar una tasa de interés que en vez del 35 va a ser del 70%” y “van a poner en riesgo al gobernabilidad del país”.
“También van a gravar la caída de la recaudación provincial, va a perjudicar la posibilidad de que el Estado nacional disponga de los recursos mencionados nominalmente en el presupuesto para adelantos del Tesoro a las provincias y el desembolso de los créditos fiscales en marcha ya no a la Nación sino a las provincias, como los tiene la provincia de Córdoba, o la de Santa Fe”, advirtió Baglini.
La respuesta llegó por parte de Oscar Lamberto (PJ-Santa Fe), vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, quien rechazó los argumentos de Baglini sobre el peligro que, para la gobernabilidad, implicaría la sanción del proyecto.
“Estamos defendiendo la continuidad del país, con un parlamento que tiene que estar abierto porque sabemos cuál es el próximo paso: que no haya más sesiones hasta el 29 de noviembre, que no haya extraordinarias hasta el 1 de marzo para, entonces sí, gobernar con una catarata de decretos de necesidad y urgencia”, denunció.
(NA). – La Cámara de Diputados dio media sanción a la norma que convierte en coparticipable la recaudación del gravamen a las Transferencias Financieras, conocido como “impuesto al cheque”, en un duro revés para el Gobierno, que defendió la posición de mantener la recaudación completa para el Tesoro Nacional.
El gesto político es de peso si se tiene en cuenta que lo recaudado por ese impuesto es uno de los pilares en los que se basa el Gobierno para sostener la política de déficit cero.
Más aún, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, pretende utilizar el producido por el gravamen como garantía ante los bancos para lograr una rebaja en la tasa de interés de los
próximos vencimientos de la deuda pública.
Por eso, el Gobierno reaccionó en forma crítica ante la media sanción de la Ley –que debe ir en revisión al Senado– y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, recordó que el presidente Fernando de la Rúa conserva la última palabra con la posibilidad de veto.
“El Poder Ejecutivo siempre tiene poder de veto”, dijo Colombo, al declarar “incompatible” la norma aprobada por Diputados con el programa de Gobierno para refinanciar la deuda pública”.
La iniciativa fue aprobada en particular por 132 votos a favor, 44 en contra y sólo 5 abstenciones, con lo cual alcanzó media sanción y ahora quedará a consideración de la Cámara alta, que podría tratarla la semana próxima si es que no hay acuerdo entre la Nación y las provincias.
Diputados del justicialismo, del ARI, del Frepaso y de partidos provinciales aprobaron en general poco después de las 17:30 la iniciativa, en base a un proyecto redactado por Marcelo López Arias (PJ-Salta).
El mecanismo aplicado por el PJ es la derogación del artículo 3 de la ley 25.414, más conocida como de déficit cero, en la que se establece que el producido del impuesto a las transferencias financieras (ITF) no será coparticipable con las provincias.
La sanción de la iniciativa fue motivo de un acalorado debate y de intensas negociaciones del justicialismo para convencer a un grupo de diputados de partidos provinciales para que permitieran alcanzar el quórum.
Cuando se retomó el cuarto intermedio de la semana pasada, la alianza opositora al Gobierno había conseguido sentar a 127 legisladores, y los representantes de partidos provinciales se resistían a participar, razón por la cual comenzaron intensas gestiones para lograr que se sumaran para permitir la votación del proyecto.
Así fue como Eduardo Camaño (PJ-Buenos Aires) inició negociaciones en pleno recinto con el demócrata progresista de Santa Fe Alberto Natale, que estaba al frente de un grupo de cuatro legisladores provinciales.
Pero también hubo gestiones del radicalismo para impedir que esos diputados ayudasen a formar quórum, en las que participaron los radicales Fortunato Cambareri y Alejandro Nieva, con escaso éxito ya que minutos después el tablero marcaba, finalmente, el quórum de 130 diputados presentes.
Fue en ese momento que casi unos 70 diputados de la UCR bajaron presurosamente al recinto para dar el debate, que para ese momento ya estaba agotado y era inminente la votación.
Entonces el clima de la sesión comenzó a calentarse cuando el radical mendocino Raúl Baglini, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, planteó una cuestión de privilegio como excusa para impedir la aprobación del proyecto, que parecía inminente ante la mayoría que la oposición tenía en ese momento en el recinto.
Así fue que a voz en cuello, Baglini advirtió sobre el “caos económico” que generaría la sanción de la iniciativa y advirtió que “no hay que romper las vías para que el tren descarrile”.
Además, destacó que los sectores críticos al Gobierno estaban “a punto de echar a perder una negociación con los gobernadores de más de cuatro semanas” y que “sólo se logrará triplicar las tasas de interés que están por conseguir las provincias”.
Esto generó un cruce de acusaciones entre diputados tras la alocución de Baglini y de Osvaldo Valdovinos (PJ-Formosa), que también planteó una cuestión de privilegio contra “la caótica conducción de la sesión” que le endilgó al titular del cuerpo, Rafael Pascual (UCR-Capital).
Al ser aludido, Pascual se vio obligado a bajar al recinto, sentarse en una banca y responder las acusaciones de Valdovinos, a quien le recordó que había accedido a un pedido de Eduardo Camaño (PJ-Buenos Aires) para postergar el horario de votación a la
espera de alcanzar el quórum.
Pocos minutos después de alcanzado el quórum se instalaron en el palco bandeja destinado a la oposición los gobernadores justicialistas Néstor Kirchner (Santa Cruz), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Juan Carlos Romero (Salta).
Finalmente se pasó a la votación en general del proyecto, que fue aprobado por 138 votos a favor, 65 en contra, 7 abstenciones y nueves diputados que quedaron sin identificar pero cuya incidencia en el resultado de la votación fue nula sobre un total de 219 presentes.
En el debate en particular, Baglini volvió a la carga para parar la ofensiva opositora y reclamó, con argumentos que advertían sobre las consecuencias de la sanción del proyecto, la reconsideración de la votación en general.
En ese sentido, Baglini aseguró que “a partir de mañana (las provincias) van a pagar una tasa de interés que en vez del 35 va a ser del 70%” y “van a poner en riesgo al gobernabilidad del país”.
“También van a gravar la caída de la recaudación provincial, va a perjudicar la posibilidad de que el Estado nacional disponga de los recursos mencionados nominalmente en el presupuesto para adelantos del Tesoro a las provincias y el desembolso de los créditos fiscales en marcha ya no a la Nación sino a las provincias, como los tiene la provincia de Córdoba, o la de Santa Fe”, advirtió Baglini.
La respuesta llegó por parte de Oscar Lamberto (PJ-Santa Fe), vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, quien rechazó los argumentos de Baglini sobre el peligro que, para la gobernabilidad, implicaría la sanción del proyecto.
“Estamos defendiendo la continuidad del país, con un parlamento que tiene que estar abierto porque sabemos cuál es el próximo paso: que no haya más sesiones hasta el 29 de noviembre, que no haya extraordinarias hasta el 1 de marzo para, entonces sí, gobernar con una catarata de decretos de necesidad y urgencia”, denunció.
