¡Abajo las armas!, o la competitividad inclusiva
Más de 140 empresas participan en la reinserción de los desmovilizados de la FARC.
Esta iniciativa se enmarca en un “proceso de paz” encabezado por el mandatario Juan Manuel Santos, tan apoyado por algunos, como cuestionado por otros. Sin duda, una sociedad que avanza marcada por el dolor.
Muchos diálogos y negociaciones tuvieron que darse entre el gobierno colombiano y la guerrilla para que Rodrigo Londoño Echeverri, máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), mejor conocido como “Timochenko”, lograra anunciar su candidatura a la presidencia de su país en noviembre de 2016.
No pocos quedaron sorprendidos. Su partido surge de la antigua guerrilla y no demoró en difundir que entraría de lleno en las elecciones del Senado y de la Cámara de Representantes de marzo de este año, y en las presidenciales en mayo en primera vuelta. El presidente Juan Manuel Santos ha ido tomando el pulso de un proceso de paz por demás delicado que atravesó diversas fases, como el compromiso del alto al fuego, el desarme de las FARC, la desmovilización de parte de sus integrantes y la firma de la paz en el año 2016.
Ahora le toca el turno al Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque en los últimos días las conversaciones se han trancado luego de que esta guerrilla reactivara sus ataques a principios de enero, horas después de que expiró un cese al fuego bilateral. En el proceso de desmovilización de las guerrillas, distintas empresas públicas y privadas de Colombia participan con programas de capacitación o inserción laboral de los llamados “reintegrados”, esto es, integrantes de los grupos armados ilegales que optan por la vida civil.
ANDI y otras empresas
La Asociación de Industriales de Colombia (ANDI) y su Fundación implementan desde hace tres años una “estrategia de competitividad inclusiva”, que consiste en incentivar a las empresas a desarrollar políticas de inclusión de grupos vulnerables en sus negocios, entre ellos, las víctimas y reintegrados de los movimientos armados ilegales.
ANDI promueve cuatro modalidades de inclusión: empleo, encadenamientos, compras y distribución. “Ayudamos a las empresas a contratar a los reintegrados, mejorando sus procesos internos y actuando de nexo. Otra de nuestras funciones es facilitarles herramientas para que efectúen compras o recurran a los servicios que ofrecen los reintegrados, muchos de los cuales son emprendedores, o para que distribuyan sus productos. También orientamos a los desmovilizados a que se conviertan en proveedores de sus materias primas”, explicó Isabella Barrios Morales, gerente de Arquitectura Social Estratégica y Directora Ejecutiva de la Fundación ANDI, desde Bogotá.
Cabe aclarar que esta asociación no tiene programas de reinserción en sí, sino que acompaña procesos y articula a las empresas, en alianza con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de Colombia. “Actualmente 140 empresas tienen proyectos de inclusión de población vulnerable en su cadena de valor, como Coltabaco, Sodexo e Hipermercados Éxito”, ejemplificó Barrios Morales. La ARN, adscrita a la Presidencia de la República de Colombia, es precisamente la entidad oficial encargada de la reinserción social y económica de las personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen de la ley.
Esta agencia contabiliza que más de 8.000 ex combatientes son actualmente parte del sector formal del trabajo en Colombia y que 2.000 de ellos han realizado prácticas y entrenamiento laboral para la reinserción en diversas compañías. Más de 60.000 colombianos dejaron sus armas en la última década y reconstruyeron sus proyectos de vida en el marco de la legalidad. En el último año, 7.000 excombatientes se reincorporaron a la vida civil. El gobierno les facilita manutención, salud, educación, asistencia psicológica y nexos para conseguir empleo.
