¡Abajo las armas!, o la competitividad inclusiva

Esta iniciativa se enmarca en un “proceso de paz” encabezado por el mandatario Juan Manuel Santos, tan apoyado por algunos, como cuestionado por otros. Sin duda, una sociedad que avanza marcada por el dolor.

Muchos diálogos y negociaciones tuvieron que darse entre el gobierno colombiano y la guerrilla para que Rodrigo Londoño Echeverri, máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), mejor conocido como “Timochenko”, lograra anunciar su candidatura a la presidencia de su país en noviembre de 2016. No pocos quedaron sorprendidos. Su partido surge de la antigua guerrilla y no demoró en difundir que entraría de lleno en las elecciones del Senado y de la Cámara de Representantes de marzo de este año, y en las presidenciales en mayo en primera vuelta.

El presidente Juan Manuel Santos ha ido tomando el pulso de un proceso de paz por demás delicado que atravesó diversas fases, como el compromiso del alto al fuego, el desarme de las FARC, la desmovilización de parte de sus integrantes y la firma de la paz en el año 2016. Ahora le toca el turno al Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque en los últimos días las conversaciones se han trancado luego de que esta guerrilla reactivara sus ataques a principios de enero, horas después de que expiró un cese al fuego bilateral. En el proceso de desmovilización de las guerrillas, distintas empresas públicas y privadas de Colombia participan con programas de capacitación o inserción laboral de los llamados “reintegrados”, esto es, integrantes de los grupos armados ilegales que optan por la vida civil.

ANDI y otras empresas

La Asociación de Industriales de Colombia (ANDI) y su Fundación implementan desde hace tres años una “estrategia de competitividad inclusiva”, que consiste en incentivar a las empresas a desarrollar políticas de inclusión de grupos vulnerables en sus negocios, entre ellos, las víctimas y reintegrados de los movimientos armados ilegales.  ANDI promueve cuatro modalidades de inclusión: empleo, encadenamientos, compras y distribución. “Ayudamos a las empresas a contratar a los reintegrados, mejorando sus procesos internos y actuando de nexo.

Otra de nuestras funciones es facilitarles herramientas para que efectúen compras o recurran a los servicios que ofrecen los reintegrados, muchos de los cuales son emprendedores, o para que distribuyan sus productos. También orientamos a los desmovilizados a que se conviertan en proveedores de sus materias primas”, explicó Isabella Barrios Morales, gerente de Arquitectura Social Estratégica y Directora Ejecutiva de la Fundación ANDI, desde Bogotá. Cabe aclarar que esta asociación no tiene programas de reinserción en sí, sino que acompaña procesos y articula a las empresas, en alianza con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de Colombia. 

“Actualmente 140 empresas tienen proyectos de inclusión de población vulnerable en su cadena de valor, como Coltabaco, Sodexo e Hipermercados Éxito”, ejemplificó Barrios Morales. La ARN, adscrita a la Presidencia de la República de Colombia, es precisamente la entidad oficial encargada de la reinserción social y económica de las personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen de la ley.  Esta agencia contabiliza que más de 8.000 ex combatientes son actualmente parte del sector formal del trabajo en Colombia y que 2.000 de ellos han realizado prácticas y entrenamiento laboral para la reinserción en diversas compañías. 

Más de 60.000 colombianos dejaron sus armas en la última década y reconstruyeron sus proyectos de vida en el marco de la legalidad. En el último año, 7.000 excombatientes se reincorporaron a la vida civil. El gobierno les facilita manutención, salud, educación, asistencia psicológica y nexos para conseguir empleo. Algunas de las organizaciones que apoyan a la ARN son: la Federación Nacional del Cacaoteros (Fedecacao), el Parque Tecnológico de Innovación en Café (Tecnicafé), la Caja de Compensación Familiar (Cofrem), Magdalena River S.A.S. (negocios inmobiliarios), Brillaseo S.A.S. (servicios de limpieza), LÓreal, Fundación Tejido Humano. 

En el marco académico, destacan la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Santander, la Universidad de Cauca y la Universidad de Tolima, entre otras. Es así como ex miembros de la guerrilla o sus familias se entrenan como cultivadores de café y baristas, trabajadores en la industria del cacao, administrativos en transacciones de inmuebles, desarrolladores de sus propias artesanías en emprendimientos propios, sastrería, enfermería u otros oficios. Entre las iniciativas empresariales, la Revista Semana lideró un programa de reconstrucción del pueblo El Salo, el cual en el año 2000 sufrió una gran matanza en el conflicto armado. Coca–Cola también ha contratado a los desmovilizados como parte de su plantilla. El “Banco del Tiempo” es un programa de voluntariado corporativo a través del cual los empleados de distintas empresas donan algunas horas para capacitar a los desmovilizados. Otro frente de apoyo son los fondos sociales: las compañías realizan aportes económicos para sostener o mejorar los programas en esta materia.

Rosa Amelia González

Operativos de desmovilización

Buena parte de los guerrilleros decidieron dejar la selva y aceptar el programa de reinserción a la vida cívica cuando el gobierno se tornó implacable con los grupos armados irregulares a fines del mandato del presidente Ãlvaro Uribe. El riesgo de morir en el conflicto fue el principal detonante que los llevó a desmovilizarse en aquel momento.  Posteriormente, en el marco del “proceso de paz”, el mandatario Juan Manuel Santos profundizó las políticas públicas de incentivos para la desmovilización que aplican a todos los grupos irregulares, como las FARC, el ELN, los paramilitares y los “bacrim” (bandas criminales que surgieron luego de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC).

La profesora Rosa Amelia González, directora del Centro de Investigaciones de Políticas Públicas de la Escuela de Gerencia IESA de Venezuela, encabezó una investigación sobre el tema en el año 2011 y sigue atenta al fenómeno desde el punto de vista académico, dado que el problema de la guerrilla colombiana se extiende a su país.  Entre los años 2003 y 2010, tuvieron lugar 53.000 desmovilizaciones en Colombia. “Suceden dos fenómenos: parte de las guerrillas se fue desmovilizando en Colombia y, a medida que se sienten arrinconados o generan nexos en la frontera, también vienen a Venezuela”, recordó González..  “Actualmente los grupos irregulares apuestan a puestos políticos protagónicos en Colombia; un tema muy sensible para una población que ha sufrido la pérdida de sus seres queridos en manos de guerrilleros que mañana podrían estar en el gobierno”, agregó.

La reinserción

Los procesos de reinserción aplican a quienes no cometieron crímenes de lesa humanidad. Se calcula que por cada guerrillero de cierto rango en la tropa, existen cuatro personas con funciones de apoyo, como cocineros, asistentes en salud y costureros de los uniformes.  La mayoría de los desmovilizados tiene entre 18 y 25 años de edad y han pasado más de diez años viviendo en condiciones precarias con los grupos irregulares.  Uno de cada tres de ellos es analfabeto, porque fueron reclutados por los guerrilleros cuando eran niños y no tienen escolaridad, ni valores de convivencia social consolidados.

Una vez desmovilizados y aceptados en el programa de reinserción, el Estado les entrega un estipendio mensual que les alcanza para alquilar vivienda y alimentarse, además de cobertura de salud, educación y asistencia psicosocial. Se les facilita la primaria, en algunos casos el bachillerato y que se capaciten en algún oficio. Si los desmovilizados son emprendedores y tienen más de un año con sus negocios, se les entrega un capital semilla que les permite consolidarse. 

“Tuve la oportunidad de conocer al sastre del Mono Jojoy, quien, de coser uniformes en la guerrilla, pasó a hacer trajes para el personal de compañías de consumo masivo. El gobierno lo apoyó en capacitación en diseño y hechuras. Ahora tiene su propio taller”, contó González. Muchas de las compañías en Colombia trabajan en estos temas o contratan a los reintegrados sin comunicarlo a la opinión pública o, al menos, protegen la identidad de los empleados, a fin de evitar que sean estigmatizados. Los colombianos están muy divididos ante la problemática de la guerrilla. Antes el tema pasaba por dejar las armas, pero ahora la pregunta es qué rol político esos grupos jugarán en el país. Buscar una paz duradera, muchas veces significa enfrentarse a los demonios. Hay heridas difíciles de sanar.

“Ciertos sectores no pueden digerir el hecho de que estos grupos se estén convirtiendo en protagonistas del proceso político nacional. Piensan que el gobierno ha hecho demasiadas concesiones”, comentó González. “Todos los países que salieron de dictaduras, como Chile y Argentina, tuvieron que tragar grueso y dejar pasar algunas cosas para seguir adelante… aunque la historia en algún momento vuelve a traerlas una y otra vez después. Es imposible salir ilesos”, comparó.

De la selva a la vida civil

A mediados de diciembre de 2017, 85 desmovilizados que pertenecían al Frente 10 de las FARC se graduaron como bachilleres en el departamento de Arauca, Colombia.  Este caso es uno de los tantos que se han ido dando en el país ya que, una vez firmados los acuerdos de paz en 2016, se inició el proyecto de validación del bachillerato con más de 400 ex combatientes en aulas improvisadas. La educación es uno de los puntos fundamentales del acuerdo de paz suscrito entre la ex guerrilla y el Gobierno. El presidente Santos siempre felicita a los guerrilleros por su convicción de dejar a un lado la guerra y las armas, apostando por la educación y a la paz.

La ambivalencia de La Paz

La Paz es una de las principales zonas de Colombia en la que se establecen los guerrilleros para el desarme.  Tierra Grata, un pueblo montañoso de esta zona, se ha convertido en uno de los asentamientos más desarrollados de ex guerrilleros, de los varios que ya existen en el país. Alberga más de 80 residentes y tiene casas prefabricadas, un centro comunitario, una tienda, una cancha de fútbol y un comedor de concreto. El perímetro está resguardado por el ejército colombiano y por un contingente de las Naciones Unidas.

En La Paz, de diez personas que participaron en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 opinando sobre el acuerdo de paz, cuatro se manifestaron en contra del mismo. Esto representa un porcentaje bastante alto de gente que no ve con buenos ojos a los ex guerrilleros que ahora visten de civil. No todos olvidan ni perdonan los delitos de guerra. Otros, en cambio, piensan que hay que aceptarlos como camino hacia la reconciliación nacional. Hoy por hoy, la convivencia es un camino cuesta arriba que deben transitar.