Como las evidencias señalan que la eficacia de establecer un salario mínimo legal es muy débil, al ser bajo el nivel de productividad de una gran cantidad de empresas y por lo tanto muy alto el incumplimiento, mucho más promisorio como herramienta de promoción social sería eximir de la aplicación de cargas sociales al salario mínimo legal, señala el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa) en el número 610 de su informe semanal cuya elaboración realiza el economista jefe Jorge Colina.
El gobierno impulsó la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil, de los $4.176 actuales a $5.588 a partir de agosto del 2015, y $6.060 a partir de enero de 2016. Todos los asalariados privados que trabajen jornada completa deberían cobrar por encima de estos valores.
El salario mínimo es una institución laboral de larga tradición y profusa aplicación en el mundo. Es contemplado en las normas laborales tanto de países emergentes como en los de alto nivel de desarrollo.
Si bien es asumida como una conquista laboral en beneficio de los trabajadores de menores salarios, las evidencias señalan que su eficacia es bastante endeble.
La Argentina no es una excepción. Si bien la norma fija que todos los trabajadores deben tener garantizados salarios por encima del mínimo legal, los datos del INDEC correspondientes a 2014 señalan que:
- El 28% de los asalariados privados gana por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- En la Ciudad de Buenos Aires, el 12% de los asalariados privados gana por debajo del salario mínimo legal.
- En el NOA el 48% de los asalariados y en el NEA el 54% de los asalariados privados tienen remuneraciones inferiores al salario mínimo legal.
Estos datos oficiales demuestran que el incumplimiento de la norma que regula el piso de las remuneraciones es masivo.
Prácticamente 1 de cada 4 asalariados gana por debajo del salario mínimo legal. Pero lo más sintomático es que esta proporción es significativamente más alta en el norte del país, donde casi la mitad de los asalariados del sector privado tiene remuneraciones por debajo de lo que manda la ley.
Resulta paradójico que en las zonas socialmente más vulnerables, menos eficaz sea la norma.
El principal motivo del incumplimiento del salario mínimo legal son los bajos niveles de productividad prevalecientes. No es casualidad que el 73% de los que ganan por debajo del mínimo legal son informales, predominando las pequeñas empresas y los trabajadores con bajos niveles de formación.
En este marco, resulta tan dañino como irritante que desde la Ciudad de Buenos Aires se pretenda imponer un mismo piso salarial para todo el país, ignorando las enormes distancias que existen entre las condiciones de productividad que imperan en la Capital respecto a las prevalecientes en el interior del país.
En los países desarrollados, el salario mínimo también genera magnetismo político y muchas dudas sobre su eficacia.
No tanto porque estimule la informalidad, como ocurre en la Argentina, sino porque reduce el nivel de empleo entre los trabajadores de menores calificaciones.
Un ejemplo reciente es la encendida polémica que despertó en Inglaterra la decisión del gobierno conservador, en el contexto de un plan de ajuste fiscal, de aumentar el salario mínimo legal con el objetivo de compensar la eliminación de las exenciones fiscales que benefician a los trabajadores de salarios más bajos.
Aunque se declaren en posiciones ideológicas opuestas, en la práctica, las estrategias de los gobiernos de la Argentina e Inglaterra son parecidas.
Aplican impuestos a los más pobres y pretenden compensar obligando a las empresas a respetar un piso salarial relativamente alto. Ya sea por destrucción de empleos o por mayor informalidad, el resultado es igualmente negativo.
Mucho más promisoria sería la estrategia de eliminar los impuestos a los salarios más bajos –estableciendo, por ejemplo, que el Salario Mínimo, Vital y Móvil sea no imponible a la seguridad social– de manera de aumentar la remuneración de bolsillo del trabajador y estimular la generación de empleos registrados.
